Si los planes del gobernador, Alfredo Cornejo, salen bien, dentro de un tiempo, los “abogados de la calle” tendrán la misma oportunidad que los “abogados académicos” a la hora de rendir para ser magistrados. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el proceso de evaluación de los aspirantes a ser jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros.
Todo estos cargos son evaluados por el Consejo de la Magistratura, un órgano constitucional que se creó hace 20 años. El proceso de selección comienza en la Comisión Asesora, la cual se encarga de tomar el examen y “poner nota” a todos los aspirantes a magistrados.
Ese resultado es examinado por los integrantes del Consejo de la Magistratura que, según la puntuación, selecciona la terna que, luego, llega al despacho del gobernador. Ante una vacante, el mandatario elige una opción de los tres propuestos, la envía a la Cámara de Senadores y, de haber acuerdo, el nominado es nombrado en el Poder Judicial.
Ahora bien, a la luz de algunos datos, el Gobierno quiere modificar las reglas del juego. Según el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, “98% de las ternas son miembros del Poder Judicial que buscan ascender”.
Es decir, el 2% restante son abogados que trabajan en la órbita privada. “Son los abogados que tienen calle, que están en la trinchera”, definieron a este sector.
“Necesitamos cambiar el perfil en la selección de los magistrados. Hoy los exámenes son muy teóricos y academicistas. Cuando los jueces tienen que resolver cosas de la vida común, se les complica”, señaló el funcionario que, además, es el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
La respuesta a por qué son los empleados del Poder Judicial los que muestran este perfil académico está en el mismo sistema. Según cuentan, los trabajadores del Estado disponen de becas para estudiar posgrados, además de contar con días de licencia por examen y disponer de las tardes libres.
"Así, tienen cierta ventaja los auxiliares, prosecretarios, secretarios o magistrados del Poder Judicial que quieren ascender", señalaron.
El proyecto responde a una situación que molesta, y mucho, en el Ejecutivo. Según afirman, este perfil que privilegia lo académico, posibilita que los magistrados posterguen audiencias por viajes a congresos, o dejen de trabajar por la tarde para ejercer como docentes universitarios. “Se les paga por su trabajo, no para que den clases”, criticaron.
El mismo procurador general, Alejandro Gullé, reconoció esa situación en una entrevista publicada el domingo pasado en este diario: “Hoy no se están haciendo audiencias a la tarde y me parece que debería haber un control un poco más severo”.
El nuevo perfil
El proyecto comenzará a ser analizado el miércoles en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado. Se trata de la modificación de un artículo y un inciso del Reglamento del Consejo de la Magistratura (ley 6.561), aunque el cambio es considerado “sustancial”.
Básicamente, se busca que las comisiones asesoras -encargadas de tomar el examen- no pongan un puntaje sino que discriminen entre aprobados y desaprobados. “Se elimina la posibilidad de que califique con puntaje a los aspirantes. La Comisión está para decir al Consejo si el postulante está capacitado técnicamente para el cargo”, explicó D'Agostino.
A su vez, se cambia la forma de calificar. Actualmente, el aspirante a magistrado rinde un examen escrito que, de ser aprobado, permite pasar al oral. Con el cambio, se pretende que los dos sistemas -oral y escrito- sean considerados como un conjunto a la hora de poner la nota. Es decir, uno no es excluyente para pasar al otro.
“El escrito ya no va a ser un filtro. Quizá, a una persona no le va bien en esta etapa pero es muy valiosa como aspirante. A su vez, no hay parámetros concretos y objetivos para evaluar esta etapa”, señaló D'Agostino y valoró el examen oral: “Hay una tendencia en aumento de la oralidad en los procesos civiles, penales, de familia y laborales”.
“Nosotros (por el Consejo) evaluamos otros aspectos. Las evaluaciones técnicas que realizan las comisiones son valiosas pero insuficientes para merituar el perfil del magistrado, por lo que no hace falta el puntaje”, señaló el funcionario, que oficia como nexo de Cornejo con la Justicia.
Es por eso que el Consejo de la Magistratura pretende, a partir de las entrevistas a cada postulante una vez que son aprobados, observar si cuenta con el perfil que buscan. En esta etapa sí habrá puntaje.
Para esto, la situación académica del aspirante, como los posgrados o las horas cátedra, ya no serán tenidas en cuenta en la tabulación de puntos. En el Ejecutivo creen que hasta ahora esa consideración ha beneficiado a quienes ya tienen cargos judiciales por contar con mayores facilidades para capacitarse.
“Si bien estos antecedentes son relevantes, no son esenciales al momento de evaluar a un postulante para acceder a la magistratura, como sí lo son los antecedentes laborales”, justifica el proyecto.
Es decir, de aprobarse esta ley, el desempeño laboral que tienen los abogados ‘con calle’ valdrá tanto o más que los estudios y la experiencia de los que trabajan en el Poder Judicial.
Más tiempo en el cargo
El proyecto con el que Cornejo pretende modificar el perfil de los magistrados, también plantea otros cambios. Uno de ellos es que la evaluación técnica de los aspirantes que aprueben tendrá una vigencia de dos y no tres años. La razón es que “pueden haber cambios legislativos” que desactualicen el examen realizado.
A su vez, se amplía de tres a cinco años la cantidad de tiempo que debe cumplir un magistrado en el ejercicio de su función para poder cambiar a otra. “Esto es para que, efectivamente, cumplan años en el fuero para el que se capacitaron”, justificó D'Agostino.
También se plantea modificar la composición de las comisiones asesoras para que haya un representante del cargo que se evalúa. Por ejemplo, si el examen es de aspirantes a fiscales, en la parte evaluadora habrá un fiscal y no un juez.
En detalle
El Consejo de la Magistratura es un órgano que se incluyó en la Constitución Provincial (artículo 150) en 1997, con el objetivo de seleccionar y proponer una terna de candidatos a magistrados. De esa manera, se le quitó una atribución que tenía antes el gobernador, que era quien elegía, directamente, quién sería su postulante a fiscal, defensor oficial, juez o camarista.
Este órgano está compuesto por:
Un representante de la Suprema Corte de Justicia, que hoy es Julio Gómez.
Un representante del Poder Ejecutivo, lugar ocupado actualmente por Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia.
Dos diputados.
Un representante del Colegio de Abogados.
Un representante de los Magistrados del Poder Judicial.
Un secretario del Consejo de la Magistratura.
