En lo que es su 24° proyecto legislativo para modificar los procesos judiciales, el gobernador Alfredo Cornejo hizo ingresar al Senado provincial la iniciativa que crea el “fuero penal colegiado”.
También conocido como proyecto de “juzgados plurales”, el texto apunta -como en casos anteriores- a agilizar la Justicia penal, ahora a través de la integración de tribunales y juzgados “colegiados”.
Eso significa que para una misma causa habrá un “colegio o ‘pool’” de jueces disponibles. Así se evitarán demoras o postergaciones por ausencia de un magistrado, porque “siempre habrá un remplazante”, dicen en el Gobierno.
Además, el proyecto separa la faz administrativa de la estrictamente judicial, con la creación de la OGAP (Oficina de Gestión Administrativa Penal).
Con número de expediente 70.309/17 y 86 artículos, ayer mismo el proyecto tomó estado parlamentario, dando paso así al tratamiento en comisiones. Se espera una discusión corta y una pronta aplicación. “La idea es que esté totalmente aplicado en junio de 2018”,señalan en el Gobierno.
Entre los aspectos más notables aparece la figura de los juzgados colegiados. Se trata de cuerpos que integrarán una misma “unidad jurisdiccional”.
Así, podrán unirse los jueces de Garantías, Flagrancia, correccionales y de ejecución penal. “En el caso de la primera circunscripción judicial (Gran Mendoza) habrá dos juzgados colegiados, uno con 10 y otro con 8 jueces”, ejemplificó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.
También se constituirán los “tribunales colegiados” que surgirán de la unión de las diferentes Cámaras del Crimen (hoy también de apelaciones). D’ Agostino volvió a ejemplificar con la primera circunscripción, donde hay 8 de esas Cámaras. “Se conformarán dos tribunales de cuatro Cámaras cada uno”, dijo. explicó que uno de esos dos tribunales “trabajarán en la cuarta circunscripción (Valle de Uco)”.
El Gobierno insiste en que tanto este proyecto como el de días atrás para llevar de siete a nueve el número de miembros de la Suprema Corte, “no se basa en cuestiones puntuales”.
“Es todo parte de un ambicioso y sistemático plan de modernización que busca dar celeridad a la Justicia”, señaló D’Agostino. “Tiene el mismo sentido que todos los otros proyectos anteriores”, siguió.
Ésa es también la idea de la OGAP. “Con ella, el juez sólo tendrá que cumplir su función de juzgar”, dijo el funcionario.
En similar línea opinó Cornejo. “Los jueces no se dedican más a tareas administrativas. Eso lo hará la oficina”, dijo, esperanzado en que el proyecto “no genere rispideces”.
La función principal de la OGAP será administrar las audiencias orales, esto es, definir cuándo se realizarán, qué juez disponible tendrá que presidirlas y ordenar los expedientes (electrónicos, porque desaparece el papel).
Esas audiencias se realizarán entre las 8 y las 19. “Efectivamente se trabajará en doble turno”, dijo el Gobernador al respecto. También justificó las otras modificaciones planteadas: “Todo dará inmensa celeridad. Vamos a un sistema más oral, mucho más ágil, donde irá desapareciendo el papel”.
Con menos poder, pero conformes
En principio -y con escasa información- puertas adentro del Poder Judicial, el proyecto no fue mal recibido. Si bien algunos funcionarios lo toman como que “se le quita poder a los jueces” en el tema de las audiencias reconocen que contribuye a agilizar el sistema.
Ese reconocimiento está en “la oralidad de las audiencias”, en que esos encuentros son “unipersonales” (no hace falta la conformación de un tribunal) y en la posibilidad del remplazo del juez interviniente.
“Da más dinamismo y no entorpece el servicio de la Justicia”, rescató una calificada fuente judicial.
Entre Chile y el Instituto de Altos Estudios Penales
Es innegable la buena relación que ha tenido -y tiene- Cornejo con los integrantes del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal (IAE).
Entre las figuras de ese ente académico aparecen el juez de la Suprema Corte, José Valerio; el procurador general, Alejandro Gullé, y la titular del Ministerio Público de la Defensa, Mariana Silvestri, todos promovidos en sus cargos por el Gobernador.
El IAE presentó, al entonces vicegobernador Carlos Ciurca, un proyecto de juzgados plurales muy parecido a la iniciativa presentada ayer. Por eso algunos integrantes del instituto lo recordaron y lamentaron que nunca fuera tratado.
D’ Agostino reconoció la similitud pero negó que sea el mismo. “Este proyecto lo empezamos a trabajar hace mucho”, dijo. Recordó que en 2013 estuvo en Chile, “cuando Alfredo no sabía que sería gobernador”, junto al hoy ministro de Seguridad, Gianni Venier, “para conocer en detalle su sistema integrado”.
Cornejo también lo destacó. “En 2015, en plena campaña, vinimos con un administrador de la Justicia chilena (César Moya Tapia) a mostrarlo”, rememoró.
Uno por mes
El Gobierno contabiliza 24 proyectos para modificar la Justicia. En 23 meses de gestión equivale a 1,04 proyecto cada 30 dias.
Entre ellos, se destacan:
Adaptación Código Procesal Civil a Código Civi y Comercial.
Aplicación del mismo Código Procesal Penal en toda Mendoza.
Nuevo Régimen de Ejecución de la pena.
Ministerio Público Fiscal y nuevo Ministerio Público de la Defensa.
Nueva ley de Procedimiento Administrativo.
Creación de la Octava Cámara del Crimen.
Registro de huellas genéticas.
Endurecimiento del sistema de prisión preventiva.
Recuperación de juzgados correccionales
Registro de libertad provisional.
Sanción a portadores de réplicas de armas.
Defensor del Policía.
Más sanciones a agresores de docentes.
Más competencias para los ayudantes fiscales.
Adhesión a la ley nacional ART.
Ampliación de la Suprema Corte a nueve miembros.
