Después de Semana Santa el gobernador Alfredo Cornejo definirá una convocatoria progresiva a las trece negociaciones salariales existentes en distintos ámbitos paritarios del Estado, ajenos a la docencia.
Su decreto de aumento para los maestros alcanzó media sanción el viernes en el Senado y se tratará mañana en sesión especial en Diputados con pronóstico de aprobación final, aunque persiste el interrogante sobre el voto del legislador sindicalista Guillermo Pereyra (Frente Renovador) en medio del tercer paro docente en 16 días de clase.
Las paritarias más importantes -luego de la del SUTE- son las de Salud, Administración Central y Judiciales además de la de Municipales. Esta última la convocará la Provincia pero la negociarán y definirán los intendentes en conjunto y luego la firmarán -con acuerdo o por decreto- cada uno por separado.
Los números que han trascendido sobre las ofertas de aumento provincial (en torno al 22 por ciento y alguna excepción del 25 por ciento) son menores aún a los que rechazaron los plenarios del SUTE (hasta 32 por ciento), ya que la Nación no enviará fondos similares a los del Incentivo Docente para otras actividades.
Todo prefigura un escenario de nuevas negociaciones, nuevos fracasos, nuevos conflictos y ... ¿nuevos decretos?...
“Enfrentamos un techo real por falta de recursos que únicamente nos permite estirarnos hasta un 25 por ciento en alguna de las paritarias”, afirman en el corazón del Gobierno provincial.
Si Cornejo no cierra ningún acuerdo -y mantiene su postura- deberá hacer un uso intensivo del talonario de decretos de la Casa de Gobierno y terminará firmando catorce en serie. Ya rubricó el primero -que mañana puede tener convalidación legislativa- aunque en el SUTE se evalúa su judicialización.
Cuando esto se traslade al ámbito municipal, habrá dieciocho intendentes -diez de la UCR, seis del FpV, uno del PD y uno del Pro- que también tendrán que optar entre seguir buscando un acuerdo o apelar al decreto.
Con poca plata en el bolsillo -y endeudamiento para atender gastos corrientes- el Gobierno prepara una propuesta de suba salarial limitada, pero acompañada de convocatorias de ascensos por concursos en la Administración Central y en Salud, compromisos de mejoras de las condiciones de trabajo y programas paralelos de capacitación mediante acuerdos con la Universidad Nacional de Cuyo. “La paritaria no se puede limitar al tema salarial y debe comenzar a apuntar a mejorar la prestación de los servicios públicos”, repiten en el Ministerio de Gobierno que encabeza Dalmiro Garay.
El próximo llamado a concurso contempla la integración de comisiones evaluadoras conjuntas entre representantes del gobierno y de los gremios. Cornejo se muestra dispuesto a respetar la integración compartida de esos organismos, aunque prepara la modificación de la reglamentación para poder convocar los concursos “cuando razones operativas lo requieran” y no limitarse a “una vez por año” como establece hoy la normativa.
Las paritarias centrales de la Provincia incluyen o vinculan otras de menor número de empleados. La de la Salud abarca dos regímenes salariales (profesionales y personal de apoyo); la de Administración Central siete más (Casa de Gobierno, guardaparques, Parques y Zoológico, Iscamen, EPTM (troles), Orquesta Sinfónica Provincial y ATM (ex Rentas) y Judiciales otros dos (empleados y funcionarios). Además tienen paritaria propia el Instituto de Juegos y Casinos, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Legislatura.
A ello se agregará -en abril- una paritaria del ámbito privado que tiene incidencia directa en las finanzas de la Provincia y en el nivel de contundencia de los paros: la de los choferes del transporte público de pasajeros entre Autam y Sipemom.
Es que la definición del salario de los trabajadores del volante está atada directamente al monto de los subsidios (provinciales y nacionales) y al valor del boleto de colectivos.
El Gobierno provincial ha preparado -y postergado- en dos oportunidades la convocatoria a otras negociaciones salariales no docentes. Cornejo perfiló el llamado a la Administración Central y a Municipales, pero no las convocará hasta después de las definiciones legislativas sobre el salario docente. Mientras tanto, en el Gobierno ratifican que están preparando “responsablemente” ofertas salariales “cuyo pago se pueda sostener hasta fin de año”.
Conflicto prolongado
Con el paro de mañana y la eventual aprobación del decreto de aumento en Diputados, el conflicto docente parece prolongarse en el tiempo sin fecha cercana de finalización y con cruce asegurado de acciones de desgaste.
El Gobierno apuesta a depositar el aumento decretado y a descontar los días de paro en los salarios de este mismo mes, el próximo jueves 31.
Considera que esto restará fuerza a los planes de lucha del SUTE al acentuar las distancias entre los docentes y sus dirigentes sindicales.
Pero en el gremio -y también en el FpV- se evalúa lisa y llanamente lo contrario: “Otorgar el aumento por decreto es financiar el plan de lucha ya que dejará a los docentes disconformes y con algo de plata en el bolsillo para seguir protestando”, dejan caer.
Mientras, en el Gobierno consideran que el aumento por decreto a los maestros condicionará a su favor las próximas negociaciones salariales (al punto de haber desechado la instancia intermedia de la conciliación obligatoria), en el SUTE -y también en ATE- descuentan que una sucesión de fracasos paritarios acumulará reclamos y dará más fuerza a próximos planes de lucha conjuntos de gremios estatales.
En la Casa de Gobierno se apuesta a que las sanciones económicas (multas a sindicatos y descuentos a huelguistas) minarán las acciones gremiales pero en los sindicatos se considera que los “acampes” y las “vigilias” entre manifestaciones y huelgas periódicas permitirán sostener un conflicto prolongado cuya generalización desgastará a un gobierno que se quedará “sin áreas de funcionamiento pleno”.
También se espera que aumenten los procesos judiciales cruzados en los que el Ejecutivo siga promoviendo la imputación de dirigentes sindicales por violación al protocolo antipiquetes o por agresiones y que los gremios continúen respondiendo mediante presentaciones en Tribunales que discutan los despidos, recortes de adicionales, multas e imputaciones. Trascendió que ya se analiza una presentación judicial pidiendo la “invalidez” del decreto que se aprobó el viernes en Senadores “ya que incursiona en materia presupuestaria y debió haber ingresado por Diputados”.
Cornejo decidió enviarlo a la Cámara alta -donde el interbloque de Cambia Mendoza mostró una unanimidad que no se apreciaba en Diputados- luego de constatar que los acuerdos paritarios de otros años ingresaron tanto por Diputados como por Senadores para su ratificación legislativa.
Ahora prepara la convocatoria de las próximas paritarias... y su eventual finalización por decreto.
Pocas chances de lograr acuerdos
Las posibilidades de alcanzar en paritarias algún entendimiento salarial con algún gremio estatal son menos que mínimas para el Gobierno provincial. Aparecen como nulas con el SUTE y con ATE que dirigen Adrián Mateluna y Roberto Macho.
No obstante en el área de la Salud trascendió que han existido contactos por separado entre el ministro Rubén Giacchi y los secretarios generales de Ampros, Isabel del Pópolo y ATSA, Juan Carlos Navarro, pero sin que se hayan logrado aún entendimientos concretos.
Ampros no ha mostrado hasta el momento el nivel de coordinación que mantuvo con ATE Salud en los últimos años. Aparece dispuesto a discutir con el Gobierno un criterio de liquidación “por productividad” para el sector profesional, pero rechaza (judicialmente) el recorte de las mayores dedicaciones. Sus primeras acciones gremiales se iniciaron tibiamente la semana pasada con una carpa sanitaria en la OSEP que promete repetir en los hospitales.
En tanto ATSA -que también rechaza los recortes de las mayores dedicaciones- no prevé ningún plan de lucha inmediato. Pide un aumento generalizado de suma fija (cuatro mil pesos) “a ser absorbida a medida que se vaya acordando el salario” y admite una negociación semestral buscando dos acuerdos complementarios para este año.
Sin que hasta el momento exista algún tipo de definición oficial, Ampros y ATSA aparecen hoy como los dos gremios de sectores estatales con alguna chance de alcanzar un entendimiento que evite “la vía del decreto”. Pero aún así sus dirigencias consideran “difíciles” los acuerdos.
En la negociación municipal los dieciocho intendentes (de cuatro colores políticos diferentes) deberán discutir con dos Federaciones de Municipales enfrentadas (sectores Barahona y Zúñiga) y ambas con personería gremial y algunos gremios de base compartidos. También se sumará ATE en Malargüe y Guaymallén.
El gobierno provincial ha “sugerido” a las comunas que no superen el 22 por ciento de incremento salarial, aunque en algunos municipios se evalúa una suba superior. Todo indica que una buena parte de los intendentes buscará por todos los medios evitar “la vía del decreto”.
