El Gobierno provincial se prepara para un año electoral complicado, agobiado por una merma en la recaudación 2018 -comparada con la inflación- y mirando de reojo a la economía nacional, esperando que repunte. Como cada año desde que está al frente de la provincia, el Gobernador, Alfredo Cornejo, firmó un decreto de austeridad y prometen desde su gabinete que si es necesario se ajustará aún más para pasar un año en el que el principal partido opositor, el Partido Justicialista, trabó la refinanciación de la deuda que vence este año, complejizando aún más los planes del Poder Ejecutivo.
Sin el roll-over, herramienta que la oposición decidió negar durante la discusión del Presupuesto 2019, esta gestión deberá destinar más de 3.600 millones de pesos para hacerse cargo de los vencimientos de la deuda consolidada.
Sin dudas no estaba en los planes este gasto, según detalló la ministro de Hacienda, Paula Allasino, quien aseguró que una renegociación de estos vencimientos daría respiro a un gobierno que tiene "las cuentas públicas ordenadas", pero que también asegura ser ambicioso con el ritmo de obra, estipulado en el 10% de los gastos totales.
No obstante, este tema parece estar cerrado, al menos por la oposición, ya que los referentes en la Legislatura de los diferentes partidos señalan que la provincia ya tiene obligaciones demasiado altas como para seguir estirando los plazos de pago.
Más allá de este punto, el roll-over generalmente no ha sido objeto de discusión en los años anteriores, por lo que en el Ejecutivo piensan que puede ser una estrategia "oportunista" para evitar que se cumpla con los objetivos, relacionados con las obras públicas.
Ayer salió publicado en el Boletín Oficial el decreto en el cual Cornejo prohíbe durante el 2019 "toda nueva contratación por el sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo y todo incremento de la partida de personal por: designaciones, ajuste de la situación de revista y suplemento por subrogancia". Además también limita otros gastos administrativos, relacionados con el uso de celulares; ítems de mayor dedicación, cambio de funciones o misiones especiales para los estatales; compras de bienes de capital sin la autorización del Gobernador, entre otros.
Según Allasino, la idea y objetivo central es "no comprar de más y ajustarse a lo necesario, tener un control para ir midiendo la ejecución de recursos con la recaudación para poder cumplir con nuestras obligaciones como Estado".
De hecho, el Ejecutivo ha remarcado en varias oportunidades que entregará la actual gestión con una baja en la cantidad de empleados públicos, mientras que también disminuyeron los cargos políticos. Además, el Gobierno dio de baja la mitad de los celulares de los funcionarios.
Inflación, el gran problema
La Ministro aseguró que en 2018 el Gobierno tuvo una recaudación en términos reales por debajo de la inflación, que golpeó con dureza a la provincia, al ser del 53,7%, superando así la media nacional y la más alta en 27 años.
Si bien no dio datos porque aún están realizando el detalle anual, Allasino manifestó que esta merma en la recaudación "exige aún más control del gasto" y también modificaciones en los destinos, estableciendo prioridades.
"Al no haber obtenido el roll-over nos han dejado en una situación bastante incómoda, porque nuestro objetivo es culminar el plan de obras, aportar recursos al Fondo de la Transformación y Crecimiento (FTyC), realizar transferencias a Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) y aportar a fideicomisos, entre otros. Vamos a achicar los gastos corrientes y esperar que la evolución sea mejor que el año pasado. Pero viendo que la economía está en nivel muy bajo y con pocas chances de crecimiento, va a ser un año complicado", destacó Allasino.
Siguiendo con la recaudación, la funcionaria sostuvo que en parte, la merma se produjo no solamente por la inflación, sino también por el esquema de baja de impuestos que lleva adelante la provincia. De esta manera, puso sobre la mesa la baja en las alícuotas de Ingresos Brutos, "que incluso fue por debajo del límite que imponía el acuerdo fiscal de la Nación con las provincias".
"Estas medidas las tomamos para no cargar con altas tasas impositivas a los empresarios, es un guiño a la sociedad en un contexto complejo. Con esta baja que hicimos en Ingresos Brutos nuestra recaudación fue mucho más baja que otras provincias", agregó Allasino.
Roll-over, la clave del 2019
La ministra Paula Allasini insistió en el roll-over. "Es una herramienta muy necesaria, por lo que contamos y suponemos que existen posibilidades que lo logremos. Estamos dispuestos a debatirlo nuevamente en la Legislatura", señaló.
En este sentido, añadió que en caso de obtenerlo, la Provincia estará más tranquila en lo respectivo a recursos y se podrán terminar las obras planeadas y en ejecución, además de dotar de recursos a los diferentes organismos como el FTyC y Aysam.
El proyecto que da vida nuevamente al roll-over es el que modifica la ley de Administración Financiera. Si se llega a reformar el artículo 68, ningún gobierno deberá pedir autorización legislativa para acceder a esta opción de renegociación de la deuda.
La iniciativa también incluye el acceso de los municipios al financiamiento de los organismos multilaterales de crédito.
