Hasta la semana pasada, la actual gestión contabilizaba 2.500 millones de pesos pagados por deudas a proveedores que se habían acumulado desde 2012 hasta el final del gobierno anterior.
La mayoría se hizo a través de bonos aprobados durante 2016 aunque aún quedan 200 millones por cancelar. Proveedores reconocieron el pago y mientras algunos celebran el orden, otros cuestionan los controles.
Los números surgieron por pedido de Los Andes al propio Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cabe recordar que, a poco de asumir Alfredo Cornejo, se dividió el pago entre a quienes se debía más y menos de 1 millón de pesos. Para afrontar la deuda con los acreedores mayores se emitió un bono en febrero por 1.000 millones y otro en mayo por 998 millones.
Mirando los números completos, el subsecretario de Hacienda, Antonio Bizzotto, comentó que de una deuda heredada de $ 2.700 millones se pagaron $ 1.580 millones con bonos y $ 920 millones con cheques de pago diferido y efectivo. Quedan por pagar unos 200 millones, que esperan saldar de aquí a dos meses.
Si bien la premisa era pagar el total a los mayores acreedores con bonos, atendiendo casos particulares se pagó un 20% de forma directa.
“Tuvimos que hablar con cada uno de los 210 proveedores porque se presentaban grandes empresas y pequeños comerciantes. Alguna gente no podía aguantar el bono dos años”, explicó Bizzotto.
Ocurre que la lista incluía desde una empresa constructora de renombre hasta un verdulero que proveía frutas a un hospital. Por citar algunos ejemplos, se pagaron $ 207 millones por una deuda de OSEP por medicamentos y se cancelaron a YPF Gas por el suministro a escuelas entre 80 y 90 millones. La más grande que recuerdan es la que tenía el Gobierno con la ART que cubre a los estatales: $390 millones.
Como se mencionaba antes, quedan $ 200 millones por cancelar y algunas de esas deudas son con Hidronihuil SA y con una planta de tratamiento vinculada a Aysam. Según el funcionario, la intención era iniciar 2017 sin deudas, pero no fue posible por la cantidad de situaciones particulares.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que los proveedores acordaron renunciar a intereses y no se les pagó ningún adicional. Incluso, algunos suspendieron acciones legales que habían iniciado. La única excepción será con los contratistas de obras que están amparados por la ley de obras públicas y a los que más tarde se les pagará un adicional.
Otro motivo del atraso fue que se quiso hacer “no sólo un operativo de pago sino una verdadera auditoría sobre las deudas que figuraban impagas”, involucrando a todos los ministerios y organismos de control. “La realidad nos indica que el 95% de las deudas ya están canceladas”, resaltó Bizzotto.
Pasaron por caja
Tres de las áreas que más requieren proveedores son Seguridad, Salud y Desarrollo Social. Empresarios de cada área confirmaron que les habían saldado las deudas de la gestión anterior, celebraron el nuevo manejo de las cuentas y discreparon sobre los tiempos de pago actuales.
En Seguridad, Yacopini Motors ha sido proveedor de vehículos policiales y desde allí Adrián Yacopini destacó “la claridad en decir te compro esto, te pago de esta forma y no tengo un peso más”. Así, el empresario con experiencia en vender al Estado calificó al nuevo manejo como “muy ordenado y abocado a ordenar los números”.
Muchos recuerdan la crisis que se dio en Salud por la falta de insumos básicos y medicamentos, producto de una de las mayores deudas a proveedores. Uno de esos acreedores era Macropharma, que confirmó la cancelación.
Desde ahí, Claudio Castro comparó además que ahora se apunta a comprar de modo unificado y no descentralizado: pide el ministerio en vez de cada hospital. “Antes había que ir a pelear los pagos, ahora hay un diálogo más fluido con los proveedores. Son más rigurosos, sí, pero mi opinión es bastante positiva”, agregó.
Por último, un abastecedor de Desarrollo confirmó el pago de una deuda por más de un millón y en el anonimato habló de “descontrol” en la gestión anterior: “Cobraban los amigos de ellos, metieron proveedores a mansalva”.
En su visión, ahora hay un control que a veces resulta excesivo. “La calentura de muchos es porque se les ha llenado de expedientes que generan demoras. Se sabe quienes estaban en la lista negra”, opinó.
En lo que no hubo acuerdo fue sobre la demora actual en pagar a los empresarios. Castro la estimó en 30 días, el proveedor de Desarrollo de 60 a 90 días y Yacopini a partir de 90. La versión del ministerio es de 60 a 70 días, aunque reconocieron que por el trabajo en administrar la deuda pasada algunos pagos se demoraron más de lo estipulado.
El fantasma del déficit
Desde la campaña electoral de 2015, el hoy gobernador Cornejo criticaba la administración de Francisco “Paco” Pérez. Por ello, desde que asumió la gobernación una de sus obsesiones ha sido “ordenar el Estado” y en Hacienda resaltan la reducción del déficit corriente de 4.800 millones que registró el balance provincial en 2015, al irse la gestión anterior, al proyectado rojo de 575 millones para 2017.
Cuentan que, apenas asumieron, en el ministerio discutían en qué parte controlar el gasto: si cuando un área pedía comprar o en la tesorería al momento de pagar.
“Terminamos concluyendo que teníamos que hacer el control en las dos puntas. Y eso fue uno de los secretos que a mi juicio generó que pudiéramos bajar tanto el déficit”, reflexionó el subsecretario Bizzotto.
La deuda
Fecha: desde 2012 al 31/12/15
Total original: $ 2.700 millones
Se pagó con bonos: $ 1.580 millones
Se pagó con cheques y efectivo: $ 920 millones
Quedan por pagar: $ 200 millones
