“Que caigan quienes tienen que caer”. Esta frase pertenece al gobernador, Alfredo Cornejo, y fue parte de su respuesta respecto de la investigación que puso la lupa sobre un grupo de comisarios, entre los que se encuentra su primo segundo, Daniel Humberto Neila.
“Él es una de las personas que está en el listado. Sí, es un primo mío que hizo el primario y el secundario conmigo”, confirmó el mandatario en referencia al comisario inspector que entró en la investigación que lleva adelante la Inspección General de Seguridad (IGS). “Confío en que las investigaciones son buenas; que caigan quienes tengan que caer”, apuntó el Gobernador.
Si bien el caso está bajo secreto de sumario, se pudo saber que el primo del Gobernador es investigado por el escándalo de los ‘servicios extraordinarios’ (ver aparte) que ya produjo el pase a pasiva y una denuncia judicial contra tres comisarios generales. La misma fuente también dijo, sin precisar, que “podría haber algo más” que complique a Neila.
En efecto, el caso que toca de cerca a Cornejo es tomado con relativa calma en el Gobierno y hasta con cierto optimismo. Es que más allá del caso puntual, es un mensaje para el PJ, que acusó al Gobernador de persecución política porque los apuntados hasta ahora son jefes policiales de las gestiones de Jaque y Pérez.
El parentesco en cuestión es por parte de la madre de Cornejo, Ramona Neila, quien es prima hermana de Humberto Neila, padre del agente investigado. Otro Neila, Héctor, tío de Cornejo, es el presidente de la UCR de San Carlos.
Pero la relación entre el Gobernador y el policía tiene un ingrediente más: ambos cursaron juntos desde cuarto grado hasta el fin de la secundaria en el colegio San Juan Bosco, en su Eugenio Bustos natal.
Según cuentan, más allá del pasado común, la relación actualmente no es tan estrecha entre ambos. En el presente, Neila se desempeña como comisario inspector en Capital y, con 53 años, está tramitando su retiro.
No obstante, este futuro estaría a punto de definirse. Si bien la investigación administrativa está en su estadío inicial y no implica que tenga que dejar de trabajar (de hecho sigue cumpliendo funciones), el jueves se sabrá si tanto él como los otros policías que están en el listado, son sumariados o no.
Para esto, el directorio de la IGS se reunirá ese día en Tupungato y de allí saldrá la información oficial.
En el caso de que haya semiplena prueba del delito, la investigación administrativa avanzará a través de un sumario, que puede derivar en el pase a pasiva, por lo que pasaría a cobrar la mitad de su sueldo hasta que se determine si es inocente o culpable.
Pero esta investigación administrativa, de prosperar, también puede tener implicancias penales. Es que con el inicio de un sumario se corre vista a la Justicia. La otra opción que puede darse el jueves, en el caso de Neila, es que no haya pruebas suficientes para avanzar y se decida dar por finalizada la investigación.
El otro mensaje
Más allá del caso puntual y anecdótico, la investigación del comisario familiar de Cornejo terminó siendo una señal que el Gobierno, al menos, aprovechó para dar.
Es que luego del martes pasado, cuando en la Casa de Gobierno anunciaron que cuatro oficiales de la máxima jerarquía policial fueron pasados a situación “pasiva” y denunciados a la Justicia provincial, hubo reacciones desde el Partido Justicialista.
Los jefes policiales denunciados y al borde de la expulsión son Gustavo Garis, Edgardo Mestre, Víctor Loyola y Darío Irrutia. Los cuatro lograron la máxima jerarquía en los últimos dos gobiernos justicialistas, por lo que la acusación a ellos apuntó de alguna manera a sus responsables políticos, el ex vicegobernador Carlos Ciurca y los dos últimos ministros de Seguridad: Carlos Aranda y Leonardo Comperatore.
Entre las repercusiones que generó la investigación policial, el diputado justicialista, Mario Díaz, presidente de la Bicameral de Seguridad, salió a decir que la denuncia, tanto ante la Justicia como a la sociedad en general, respondía a una maniobra política.
En este sentido, el legislador invitó a miembros del Ejecutivo para que expliquen en su comisión por qué dieron a conocer la situación antes de que haya un dictamen judicial que confirme la culpabilidad.
Frigerio trajo ayuda para casas
El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, firmó convenios para obras de urbanización y erradicación de viviendas en emergencia con la Provincia y los municipios de Luján, Maipú, San Martín y Las Heras. Las obras demandarán $ 600 millones.
Fiscalía quiere recuperar el dinero si hubo una estafa
La denuncia que se conoció esta semana apunta a cuatro comisarios generales y, a excepción de Irrutia, los demás están acusados de desmanejos en los servicios extraordinarios, que ascienden a los $ 10 millones por mes.
En cambio, Irrutia es investigado como responsable en el nombramiento de un ingeniero informático con título falso, caso que Los Andes dio a conocer en su edición del 5 de junio.
En el caso de la presunta estafa con los servicios extraordinarios (trabajos extra de los policías como custodios de empresas o eventos privados), la investigación también compete a Fiscalía de Estado, encargada de velar por el patrimonio del fisco.
En este sentido, el fiscal Fernando Simón dijo a Radio Nihuil que pedirán las declaraciones juradas de los investigados para comprobar su evolución patrimonial.
“Por otro lado, hemos pedido a la Inspección General que nos informe si existe este daño que se ha dicho en los medios en forma comprobada y determinada, estos famosos 10 millones de pesos. De existir este daño al Estado, hay que producir acciones de recupero de ese dinero. No sólo hay que analizar las conductas”, señaló el fiscal.
