El gobernador Alfredo Cornejo viene asegurando entendimientos con el presidente Mauricio Macri para avanzar con la complicada tarea que se ha fijado el oficialismo: reducir el déficit fiscal en la Nación y en las provincias al mismo tiempo que disminuir la presión impositiva. Y simultáneamente encarar un replanteo de la coparticipación federal en el marco de una reforma impositiva global. Esta contemplará modificaciones -aún por acordar- en Ingresos Brutos, cuestionado como un impuesto “distorsivo”, pero principal pilar de los ingresos propios de las provincias.
En dos semanas el gobierno nacional y las provincias se reunirán para comenzar a trabajar sobre un nuevo indicador para el reparto. El 14 de febrero los ministros de Hacienda de las 24 provincias y el del gobierno nacional se encontrarán en Buenos Aires.
Para que tenga vigencia una nueva ley de coparticipación debe ser aprobada no sólo por el Congreso Nacional sino también por las Legislaturas provinciales. Esto exige un nivel de consenso hasta ahora no alcanzado sobre el tema.
En el oficialismo se prevé que en el caso de que el consenso no se logre, quede vigente el reparto actual para las provincias que no adhieran. Y el nuevo régimen se aplique sólo sobre las provincias que lo aprueben. En principio, Mendoza y Buenos Aires estarían en este segundo lote.
Macri propicia que la provincia más favorecida en este nuevo reparto sea la de Buenos Aires (gobernada por la macrista María Eugenia Vidal) con los argumentos de su histórica postergación en la distribución per cápita de la coparticipación y de la licuación de un Fondo del Conurbano Bonaerense con techo y sometido a la inflación.
Cornejo considera que a Mendoza le favorece este replanteo y hace causa común con Vidal, ya que -después de Buenos Aires- la principal provincia cuyana es la segunda más desfavorecida en el reparto per cápita. Además, el gobernador impulsa para la transición, que el Fondo del Conurbano no sólo se actualice, sino que se amplíe a los cinco mayores núcleos poblados del país, entre los cuales se encuentra el Gran Mendoza.
La significación de los ingresos por coparticipación en Mendoza ha tenido una evolución hacia la baja. Durante los cuatro años del gobierno del radical Roberto Iglesias (tres con déficit y uno equilibrado) la coparticipación significó entre el 32 y el 45% del total de los ingresos de la provincia.
Con Julio Cobos (tres años con superávit y uno con déficit) la llegada de la coparticipación ocupó entre el 37 y el 41% de los recursos).
Con el peronista Celso Jaque (cuatro años con déficit fiscal) el goteo de la Nación osciló del 35 al 41% de las entradas de la provincia. Con el peronista Francisco Pérez (cuatro años con déficit) la llegada de fondos de coparticipación cayó año tras año del 36 al 28% de los recursos globales.
Con el radical Cornejo (déficit en su primer año y rojo proyectado para el segundo) en 2016 se mantuvo el menor porcentaje (28%) de los últimos 17 años en la significación de la coparticipación sobre los ingresos de la provincia.
También se esperan modificaciones en la ley de responsabilidad fiscal. Este jueves se reunirá en la Villa La Angostura el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con funcionarios de Interior y de Hacienda y representantes provinciales. Analizarán proyectos de una nueva ley con exigencias en materia de déficit y de gasto en todos los distritos. El entendimiento actual vence el próximo 31 de marzo.
Cornejo, el ex senador Ernesto Sanz y los gobernadores Morales y Colombi recibieron informes de los ministros Dujovne y Caputo, en los que se estimó un escenario “con mejoras” durante 2017.
