La Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las relaciones laborales, dependiente de la Superintendencia de ART, presentó la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Antonio Sánchez Rey.
Enterado de la presentación, el polémico magistrado presentó la renuncia el viernes pasado. Es que los magistrados que son destituidos de su cargo pierden su jubilación como tales (82% móvil del sueldo de un juez). Adelantándose a esa posible destitución, Sánchez Rey presentó su dimisión ante el gobernador Alfredo Cornejo, quien la rechazó.
La polémica
El caso explotó en octubre del año pasado. El juez de la Quinta Cámara del Trabajo Antonio Sánchez Rey reclamaba a la ART una indemnización de $ 4,5 millones porque se había lastimado la mano con el portón del estacionamiento del edificio judicial de calle San Martín al 300. El ingreso vehicular está a la vuelta, sobre calle 9 de Julio. El accidente ocurrió en mayo de 2017, pero el caso ganó espacio en los medios por el reclamo del juez.
El problema es que la ART había llegado a un acuerdo con el magistrado y la homologación de ese acuerdo cayó en la misma cámara en la que Sánchez Rey se desempeña.
En la investigación que realizó la Suprema Corte se determinó que los otros dos jueces de la Quinta Cámara, no estaban al tanto de la maniobra: Viviana Gil, al momento en que empezó a tramitarse la homologación estaba de vacaciones, y el con juez Jorge Consolini se negó a firmar la homologación, por lo que fue firmada por el secretario del Tribunal.
Incluso más, Gil y Consolini relatan en sus declaraciones que fueron citados por Sánchez Rey y que ambos fueron increpados y, en el caso de Consolini, amenazado con la posibilidad de no ingresar nunca al Poder Judicial como miembro pleno.
