A una semana de que la justicialista Anabel Fernández Sagasti se lo propusiera, Alfredo Cornejo ya tiene el proyecto para implementar los juicios por jurado en Mendoza.
El Ejecutivo confirmó que hoy ingresa a la Cámara de Diputados la iniciativa, con la firma del Gobernador, pero con la clara impronta de la senadora nacional kirchnerista.
A tal punto será así que ya hay quien llama "Ley Sagasti" al proyecto, que implicará que los ciudadanos comunes participen como jurados en los juicios de homicidios agravados.
Con esto, el mandatario dio respuesta a la inquietud que la legisladora planteó el martes de la semana pasada. Ese día Cornejo convocó a Fernández Sagasti a su despacho en reacción a una entrevista en Los Andes, donde ella pidió más "debate" en Seguridad y Justicia y avisó que tenía "propuestas" para la temática.
Atender su pedido y armar la propuesta en base a su inquietud fue un gesto de alta resonancia política. De hecho, dicen que en el PJ hubo chisporroteos tras la reunión, sobre todo porque ella picó en punta en la carrera de posicionamientos opositores para 2019.
Sin embargo, en Casa de Gobierno dicen que para escribir la propuesta, además de la base de Sagasti, se trabajó "con un sector del peronismo". Eso allanaría el tratamiento legislativo. Aunque puede servir para otras pretensiones de Cornejo, como la idea de ampliar la Corte, algo que también puede tener definiciones hoy.
Más allá de la especulación y de la pertenencia partidaria de la principal impulsora, en el Gobierno destacan la oportunidad y el beneficio que generará el nuevo sistema.
"Es el momento oportuno porque ahora se aplica el sistema acusatorio en todo el territorio provincial", dijo el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. "Además sirve para acercar al pueblo a la Justicia", agregó.
De igual modo opinó la propia Fernández Sagasti, que consideró "un halago" que se tuviera en cuenta su idea. "Los cambios en la Justicia requieren acuerdo político y debate público", dijo. "Ésta es la forma de hacer un cambio que la gente común pide", añadió.
El proyecto que llega
La propuesta tiene unos 50 artículos y sus autores no desconocen que el sistema a implementar será "igual que el que se ve en las películas" estadounidenses. "Adoptamos el sistema anglosajón", señaló D'Agostino.
Es decir, habrá un jurado de 12 personas (con 4 suplentes), que se elegirán "por sorteo" del padrón electoral de la circunscripción donde se haga el juicio. Antes, habrá un sorteo inicial de 48 personas a modo de preselección, que luego se depurará hasta llegar a 12.
En principio, sólo se implementará para casos de homicidios graves, que impliquen pena máxima (cadena perpetua). "Son los casos que plantea el artículo 80 del Código Penal", contó D'Agostino. Esa norma abarca los homicidios graves, incluyendo el femicidio.
“La idea es empezar con esto por cuestión de costos. Tal vez en el futuro se amplíe a otros delitos”, añadió.
Ser jurado implicará "una carga pública", pero tendrá una remuneración cuyo monto lo definirá "la reglamentación" que haga el Ejecutivo. "Si el jurado es empleado privado, el Estado resarcirá a la empresa", explicó el funcionario.
Una característica (también similar a la de EEUU) es que únicamente el jurado decide si el acusado es culpable o inocente. Y deberá hacerlo "por unanimidad".
Algunos puntos
Como en las películas. Al igual que en los filmes de Hollywood, el jurado se integrará con 12 personas elegidas del padrón electoral de cada circunscripción judicial. Se garantiza la paridad de género en su composición.
Sólo homicidios graves. "Por cuestiones de costo", por ahora sólo habrá juicios por jurado en casos de homicidios agravados y femicidios (art. 50 C.P.).
Decisiones unánimes. El jurado dará su veredicto de forma unánime. "El juez sólo ordenará el debate del juicio", explicó D'Agostino.
Carga pública. Quien sea jurado estará obligado a cumplir con esa tarea y será remunerado por ello, de lo que se hará cargo el Estado.
Desempolvan cambios en la Justicia
El oficialismo pedirá hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria de Diputados el tratamiento con preferencia del proyecto de ampliación de la Suprema Corte de siete a nueve jueces.
Su aprobación habilitará su discusión en el recinto, la próxima sesión -última con la actual composición- siempre y cuando el cuerpo se constituya previamente en comisión.
El procedimiento necesita de una mayoría simple (25) para su aprobación.
La iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo -impulsada por el senador Juan Carlos Jaliff- tiene media sanción de la Cámara Alta. Su tratamiento se trabó en Diputados por los anticipos de una negativa de los legisladores del PJ-FpV (19); del FIT (4) y de dos diputados de Cambia Mendoza (Guillermo Pereyra y Marcos Niven). Al encontrarse en minoría (23 a 25) el oficialismo demoró el tratamiento y comenzó a negociar su aprobación con sectores del justicialismo.
Lejos de insistir con los intendentes del PJ, se dedicó a negociar con el sector que se mostraba más crítico del Gobierno y que no responde a los jefes comunales del PJ. Son diputados identificados en su mayoría con el kirchnerismo que pasarán a tener mayor peso en la nueva composición legislativa. Allí se habló de "compartir protagonismos" en un "paquete" judicial que incluya la Corte y el juicio por jurado. Todo salió a la luz tras la reunión del gobernador Cornejo con la senadora nacional cristinista, Anabel Fernández Sagasti.
"Tiene que haber una mujer en la Corte", remarcó Sagasti anoche a Los Andes. "No nos vamos a negar a discutir el futuro de la Justicia", confirmaron en el sector. "El resultado de la votación puede ser sorprendente", adelantaron en un bloque del PJ que anoche parecía haber olvidado sus reticencias.
