En línea con su política de seguridad, el gobernador Alfredo Cornejo descongeló parcialmente la prohibición de incorporar personal al Estado dispuesta por el Presupuesto 2016 y nombró 186 nuevos agentes penitenciarios.
Apeló a la excepción que autoriza el artículo 28 de la ley 8.838 ante “razones prioritarias que fijen los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para el cumplimiento de sus objetivos puntuales”.
Reparación
Se trata de agentes integrantes de las comisiones 16 y 17 que terminaron sus cursos de capacitación en noviembre de 2014 y no fueron incorporados en 2015 por Francisco Pérez a raíz de la crisis de recursos de la transición entre gobiernos.
Su incorporación significa aumentar un 10 por ciento los 1.800 agentes que cumplen tareas de seguridad y fortalecer los doce presidios del Sistema Penitenciario Provincial (incluyendo unidades y alcaidías).
El próximo lunes, el director del servicio penitenciario, Eduardo Orellana, les asignará un destino mayoritario en los complejos carcelarios de Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte, San Rafael, Granja Penal de Gustavo André y Alcaidía de Mujeres de El Borbollón.
Su llegada permitirá ahora a la Provincia disponer de un carcelero cada dos presos.
“Todos van a cumplir tareas de seguridad”, confirma Orellana, con casi treinta años de antigüedad en la tarea penitenciaria. “Cuando ingresé en 1987 los internos eran 600 y hoy son casi 4 mil”, señala. Confirma que la población carcelaria continuará subiendo.
“Vamos a estar bien con esta incorporación, pero hay que ir pensando en iniciar el curso (de siete meses más dos de pasantía) para un nuevo nombramiento el año que viene”, remarca.
Destaca que es prioritario que baje el número de procesados (el 40 por ciento de los internos) “lo que se ha comenzado a notar con el doble turno de los tribunales”. El nombramiento ‘en comisión’ (a prueba por un año) como personal de tropa tiene vigencia desde el 1 de julio, según el decreto 763.
Mayor capacidad
El aumento de personal penitenciario está acompañado de una ampliación de la capacidad de alojamiento del sistema. El 28 de junio, por amplia mayoría de 35 a 2, el Senado convirtió en ley la autorización de endeudamiento por 90 millones de dólares para construir una nueva cárcel en Mendoza y volteó compromisos previos con un proyecto del empresario Omar Álvarez.
Está previsto que hasta el 10% del crédito autorizado sea destinado a la “refacción o refuncionalización” del Sistema Penitenciario. Es que se vive un problema grave de superpoblación que ha sido permanentemente cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos.
El 9 de junio pasado el Gobierno debió concurrir a una audiencia en Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde las visitas se han reiterado en los últimos doce años.
Cárcel federal
Se espera que la Nación retome la construcción de su penal federal en la provincia, cuya obra para 480 presos -cercana a Almafuerte- quedó paralizada con el 60% realizado.
Fiel a su obsesión por el gasto, el gobierno provincial destaca que “en Mendoza cada preso cuesta 20 mil pesos por mes (sin traslados) mientras que en Chile 5.200 pesos (argentinos) en las cárceles públicas y 10 mil en las privadas”.
En la Legislatura existe una iniciativa demócrata del ex diputado Jesús Riesco retomada hoy por Marcos Niven (PD) que contempla el funcionamiento de penitenciarías privadas en la provincia. Otra, justicialista (del diputado Jorge Tanús), propicia una descentralización en cárceles pequeñas y con menor cantidad de internos.
Sistema penitenciario mendocino
Doce establecimientos entre complejos, unidades y alcaidías.
Dos más proyectados para su construcción.
4.000 internos a los que se suman 400 presos domiciliarios.
2.400 condenados y 1.600 procesados.
1.800 carceleros a los que se sumaron 186 agentes nuevos.
586 profesionales y empleados administrativos.
Dos años, dura la formación de oficiales penitenciarios.
Siete meses (y dos de pasantía) tiene el curso para los agentes.
