El Ejecutivo provincial reaccionó con enojo ante el informe crítico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestiona la política penal instaurada en los últimos meses, en particular la ley que modificó el régimen de prisiones preventivas.
El gobernador, Alfredo Cornejo, tuvo fuertes palabras contra el documento y ratificó la dirección que tomó desde que asumió.
En principio el mandatario no quería hacer declaraciones pero, tras el acto por el aniversario de la Policía, accedió a hablar ante la insistencia y al poco tiempo de empezar a responder perdió la calma y apuntó a los “abogados saca presos” y la comisión que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La Corte Interamericana es un organismo que está absolutamente tomado por (Eugenio Raúl) Zaffaroni, (Horacio) Verbitsky y las ONG. Los mismos que tiran el centro, cabecean. Son los mismos abogados los que hacen las denuncias y del mismo grupo que no da la cara. Yo en Mendoza estoy poniendo la cara; estoy diciendo a la Justicia: ‘detengan a las personas’”, exclamó Cornejo.
La arenga no terminó allí: “Además mienten descaradamente. Por ejemplo dice el informe que no le hemos dado las plazas de Boulogne Sur Mer y se lo informamos por escrito. Y se lo entregamos en mano a la persona que vino acá. Entonces, además, mienten en el informe”.
Si bien están relacionadas, vale aclarar que la Corte y la Comisión Interamericana son cosas distintas. La segunda es la que realiza investigaciones y su presidente, James Cavallaro, visitó Mendoza el mes pasado.
Aquí habló con funcionarios, se reunió con organizaciones civiles y recorrió los penales San Felipe y Almafuerte.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, estuvo en aquella visita y ayer remarcó que cambiaron las reglas desde aquella visita que fue parte de una recorrida nacional.
“Han aparecido con esto que no fue lo que se trabajó cuando se trató acá, así que ya les daremos una respuesta si es necesario”, declaró.
La respuesta empezó a verse a los minutos cuando Cornejo saludó a los uniformados en el acto y dijo que no se podía combatir la inseguridad sin un poder político que protegiera a la Policía.
Por si quedaban dudas, les aseguró una y otra vez que seguiría actuando en esa dirección, cambiando lo que hiciera falta.
Después llegó el mencionado enojo con la CIDH y su informe “capcioso de la A a la Z” en la que tienen valor los “abogados saca presos que no se atreven a dar la discusión de frente”.
Además, sugirió que no criticaban al Gobierno nacional por haber pagado una deuda de la gestión anterior. “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Miremos los hechos y no las opiniones”, añadió.
Los dichos se dan en el marco de la disputa que mantiene Cornejo por la nominación de José Valerio como juez de la Suprema Corte, considerado por muchos un “mano dura”. Del otro lado, el principal referente es el juez Omar Palermo, vinculado con el ala “garantista” de la Justicia local.
Informe
La Comisión hizo un recorrido en setiembre por Mendoza, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Uno de los puntos que analizó fue la aplicación de la prisión preventiva y el texto critica al Gobierno mendocino por la sanción de la ley 8.869.
El motivo es que la ley contrarrestaría los efectos de un hábeas corpus que interpuso la Suprema Corte provincial en diciembre de 2015 que emplazó a “regularizar la situación procesal de personas detenidas sin orden de juez competente”.
Cornejo se opuso a la decisión, en lo que fue su primer choque con los “garantistas” de la Suprema Corte, a dos semanas de haber asumido, y el entonces procurador general, Rodolfo González, llevó el caso a la la Corte Suprema de la Nación, que debe dar una respuesta definitiva.
Para la asociación de derechos humanos Xumek, el informe afirmó lo que esperaban. Cabe aclarar que ellos en un principio apoyaron la propuesta del Ejecutivo por agilizar el proceso pero después se opusieron al considerar que la prisión preventiva se establecía como regla y no como excepción.
Desde allí Lucas Lecour lamentó las palabras del Gobernador y en el texto no encuentra las “mentiras” de las que acusa el mandatario.
“La comisión no está cooptada por nadie. Tiene una experiencia en derechos humanos que nadie le puede criticar. El trabajo que tiene es increíble, criticando a cualquier gobierno”, consideró.
Lecour también estuvo en la visita de la CIDH y valoró que el informe incluyera el hacinamiento carcelario.
En cuanto a qué efectos tendrá el documento, explicaron que, de no adecuarse Mendoza a lo que plantea, se podría generar una sentencia condenatoria al Estado argentino.
A corto plazo, la mayor influencia será sobre la Corte Suprema, que debe opinar sobre el hábeas corpus que el máximo tribunal local firmó dos días antes de la última Navidad.
Un cara a cara en silencio
Alfredo Cornejo se encontró cara a cara con quien se transformó en su principal rival y blanco de su ira esta semana: el juez Omar Palermo.
Fue anoche, en la fiesta por el 133° aniversario de Los Andes.
El mandatario, cuando ingresaba, se topó casi de frente con el magistrado y el saludo fue ineludible, pero en silencio y con sonrisas de ocasión. Un par de pasos antes ya había estrechado la mano a Alejandro Pérez Hualde, otro supremo que forma parte de la misma ala interna del tribunal.
Los dos jueces siguieron atentamente el discurso del Gobernador y cuando escucharon que dejaba atrás el “capítulo judicial” sin nuevos ataques hacia su postura, se fueron juntos sin esperar el final.
El peronismo prefiere no meterse en la pelea
Mientras el gobernador Alfredo Cornejo respondía iracundo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Frente para la Victoria reinaba el silencio.
El peronismo optó por observar atentamente cómo siguen las escaramuzas entre el radicalismo gobernante y el ala garantista de la Justicia, en parte identificada con el propio PJ.
En voz baja, algunos legisladores del peronismo decían ayer que se sentaron a votar la ley impulsada por Cornejo para darle la herramienta que pedía, pero recordaban que algunos allegados al partido habían anticipado que habría planteos de inconstitucionalidad.
Todavía no los hay, pero el informe del CIDH desgasta al Gobierno, sin que la oposición mueva un dedo.
