Con la llamativa ausencia del gobernador Alfredo Cornejo, y de las principales autoridades políticas de la provincia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, inauguró el año judicial.
Se trata del evento más importante de este poder del Estado. Y el hecho de que se realizara por primera vez en Malargüe ameritaba la presencia de los máximos referentes del Ejecutivo. Pero ni Cornejo, ni el ministro de Gobierno y Justicia, Dalmiro Garay, asistieron. Sólo estuvo el subsecretario del área, Marcelo D’Agostino, con el mensaje del Gobierno a su cargo.
“Es como si Llorente no fuera al discurso del 1 de mayo”, indicó por lo bajo un empleado judicial que había viajado para ser parte del acto.
De todos modos, Llorente no hizo cuestionamientos. “Malargüe queda muy lejos”, fue una de las justificaciones que él mismo esgrimió. Y tal vez tuvo algo de razón. Porque tampoco asistieron las principales figuras legislativas: la vicegobernadora, Laura Montero; el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, y el titular de Diputados, Néstor Parés.
Es más, al acto sólo asistieron tres miembros de la propia Corte, Llorente, Julio Gómez y José Valerio. Se sabía que Jorge Nanclares está con parte médico y era lógica su ausencia -que incluso despierta rumores de un posible reemplazo-. Del resto, Omar Palermo, Mario Adaro y Alejandro Pérez Hualde, se dijo que “ya se sabía que no estarían” por distintos motivos.
Ante cualquier polémica, Llorente justificó a Cornejo. “Debía estar con el ministro de Hacienda de la Nación, es entendible”, dijo, al tiempo que remarcó que “no hay ningún tipo de problema”. En similar línea, aunque con ironía, se expresó Vergara Martínez. “Está con Dujovne, espero que, de lo que pueda conseguir, algo llegue a Malargüe”, señaló, despertando sonrisas.
Así entonces, en contraste con la apertura de 2016, que hasta contó con un show de danza (a cargo de las nietas de Llorente), la de este año mostró absoluta austeridad.
Un Centro de Exposiciones “Thesaurus” lleno a la mitad, breves discursos y promesas judiciales con énfasis en el sur provincial, y en especial para Malargüe, adonde se llegó para marcar el aspecto “federal” de la Justicia, tal como se remarcó no pocas veces.
Oralidad
Tanto D’Agostino como Llorente coincidieron en que 2017 será el año de la “oralización” de los procesos judiciales.
El primero lo hizo tras ponderar las distintas iniciativas legislativas que ha encarado el Gobierno en esta primera parte de gestión, tendiendo a “agilizar” la Justicia.
“A los procesos hay que darles celeridad, porque eso acerca la gente a la Justicia”, señaló D’Agostino, en nombre de Cornejo. Lo hizo al marcar la necesidad de que exista más “oralidad” en los procesos. Y anunció el nuevo proyecto que se avecina, de reforma del Código Procesal Civil (CPC), que, se supo, llegará a la Legislatura la próxima semana.
Llorente, en tanto, reconoció el “reclamo vívido de la sociedad” frente a los tiempos “por demás excesivos” de la Justicia, y prometió trabajar “en conjunto con el Ejecutivo y el Legislativo” para acortarlos.
Y si bien dijo no querer quejarse de que “el presupuesto del Poder Judicial nunca superó el 4,5% del provincial”, señaló que “a pesar de la falta de recursos económicos”, la Corte nunca ha dejado de generar proyectos que mejoren el servicio de Justicia.
Fue así que buscó algunas razones del por qué la Justicia es lenta. Señaló que Mendoza tiene la “mayor tasa de litigiosidad por habitantes del mundo”, según datos de la Junta de Cortes de Justicia. Informó también que por año entra al sistema “una causa cada cuatro habitantes”: en 2016 hubo 500 mil causas “en todos los fueros”.
De ese total, mostró varios ejemplos, aunque se destaca el de las 57 mil causas que ingresan por año a la Justicia Civil, que tardan en promedio, 40 meses en resolverse. Fue ahí que ponderó el proyecto de modificación del CPC, porque propiciará la oralización, “la herramienta que permitirá un acortamiento significativo” de los procesos.
Llega al Sur un código de hace 18 años
Además de “federalizar” la Justicia, una de las razones por las que la inauguración del año judicial se hizo en Malargüe fue el anuncio de novedades para el Sur.
Ya D’Agostino había avisado algo en su discurso, al hacer referencia a la aplicación del Código Procesal Penal en todo el territorio provincial, tras casi 18 años de haber sido sancionado: “Hicimos reingeniería de recursos económicos y humanos y con su implementación, Malargüe tendrá fiscal, juez de garantías y defensor propios”.
Llorente amplió el concepto. "Crearemos una unidad penal con Juzgado de Garantías, Correccional y en lo penal de menores”, señaló.
También dijo que en 2017 buscará implementar el “Iurix Familia de Malargüe", un sistema informático que agilizará la gestión de los expedientes.
