La población carcelaria en Mendoza no para de crecer, a tono con un fenómeno nacional. Cuando Alfredo Cornejo deje el gobierno a fin de año, la cantidad de presos se habrá incrementado un 30% en sus cuatro años de gestión, un nivel similar al que registraron sus antecesores, Celso Jaque y Francisco Pérez.
Pero hay un aspecto que diferencia al actual mandatario: duplicó la cifra de internos con prisión domiciliaria. Cuando asumió a fines de 2015 había 345 detenidos bajo esta modalidad y hoy, según detalallaron a Los Andes desde el Servicio Penitenciario Provincial, son 688. Un 99,4% más.
"Este crecimiento está fundado principalmente en que hay más sistemas de control y monitoreo de las personas que se encuentran con este beneficio", explicó Eduardo Orellana, titular del Servicio.
La mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria llevan una tobillera electrónica. Y Mendoza es hoy la provincia que más presos con esta tecnología tiene: 467, seguida por Buenos Aires (348) y Santa Fe (200).
“En el último congreso federal penitenciario fuimos destacados por haber logrado gestionar un mayor número de equipos para el monitoreo de personas con este beneficio”, destacó Orellana.
Decisión judicial
La prisión domiciliaria puede otorgarla un juez a un detenido (en proceso o con condena) si cumple con alguno de los requisitos estipulados en el artículo 10 del Código Penal: tener alguna enfermedad terminal o una dolencia que le impida recuperarse dentro de la cárcel; tener una discapacidad que le implica un trato indigno, inhumano o cruel en la cárcel; ser mayor de 70 años; ser una mujer embarazada; ser madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.
"Solo requiere para el juez analizar si hay riesgo de fuga", explicó el magistrado de ejecución penal Sebastián Sarmiento, para quien la razón de que hayan crecido tanto las prisiones domiciliarias en Mendoza se debe, además de a la disponibilidad de tecnología, a las reformas judiciales implementadas. "Ha aumentado la cantidad de jueces que deciden prisiones preventivas", reconoció.
Sarmiento, que dirigió el Servicio Penitenciario durante la gestión del ex gobernador Pérez, coincide con Orellana en que el régimen domiciliario ha colaborado para disminuir el hacinamiento en las cárceles provinciales, ya que "el 80% (de estos beneficiarios) hoy estaría detenido con prisión común".
"La cantidad de tobilleras que (el Gobierno) ha podido gestionar ha pedido de todos los decisores judiciales nos ha permitido contar con más garantías en el sistema para poder otorgar el beneficio", agregó el juez. Es decir, que ya no haya dudas de que el detenido, pese a cumplir la condena en su casa, corra riesgo de fugarse porque está monitoreado electrónicamente.
Claro que este sistema del que el Gobierno se enorgullece ("Estas son las políticas que se han incorporado y nos están destacando en el contexto nacional", dijo hace unos días el ministro de Seguridad Gianni Venier) no es gratis. A cada detenido que cuenta con una tobillera electrónica se lo monitorea las 24 horas desde el CEO de la Policía provincial. El servicio lo presta la empresa Surely, la misma que lo provee en todo el país, y al Estado provincial le cuesta $ 1.260.000 por mes (para 100 equipos, porque el resto los paga la Nación). Entre las 688 personas monitoreadas hay nombres resonantes, como los de Leonardo Hisa (caso Carletti) y Julieta Silva (caso Fortunato).
Según Orellana, el sistema es muy seguro y estadísticamente muy bajo el número de personas que incumplen con las medidas de control dispuestas, ya que de lo contrario pueden perder el beneficio.
Emergencia penitenciaria nacional
Hace pocos días, el gobierno ncional decretó la emergencia penitenciaria producto del alarmante hacinamiento en las cárceles de todo el país. Pero el Ejecutivo provincial salió a relativizarla: "No nos afecta en nada. Mendoza está haciendo los deberes, no necesitamos ninguna emergencia", aseguró el ministro de Seguridad, Gianni Venier.
Según datos del Servicio Penitenciario Provincial, en las cárceles locales hay detenidas 4.789 personas, un 24% más de las que había cuando asumió Alfredo Cornejo a fines de 2015. Estas cifras son parte de un crecimiento sostenido en la población carcelaria en los últimos 15 años, que ronda el 8% anual en promedio.
Según destacó Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario, en la actual gestión se han mejorado las condiciones de detención en los penales de Mendoza con "la mayor inversión en hotelería penitenciaria de los últimos 40 años".
Esto incluye la construcción de la nueva cárcel federal Almafuerte II, en Luján, donde ya se trasladó a 300 internos federales que hoy elevarían a más de 5.000 la cifra de detenidos en el sistema provincial.
Cómo funciona la tobillera
El dispositivo electrónico se coloca en el tobillo de la persona que va a ser controlada y una unidad receptora instalada en su domicilio permite el monitoreo desde el centro de control que realiza la empresa proveedora del servicio y que se replica en las oficinas del CEO de la Policía en Godoy Cruz.
Las alertas por anormalidades -apertura o corte de pulsera, no se detecta cuerpo, no ha regresado, ha salido en horario no permitido- son reportadas en el momento a cada juzgado interviniente, que evalúa en cada caso los pasos a seguir.
