Para arreglar el desorden fiscal y administrativo en las cuentas públicas de la Provincia, el gobernador Alfredo Cornejo puso en marcha su plan para pagar la deuda con los proveedores del Estado.
Hoy, se publicó en el Boletín Oficial el decreto N°63 que dispone el comienzo de verificación de deuda para los proveedores a quienes se les deban sumas superiores a un millón de pesos.
El Gobernador decretó una serie de medidas para reordenar la cadena de pagos a proveedores del Estado. De esta manera se busca verificar que el servicio haya sido prestado, e investigar si existe responsabilidad de los funcionarios y/o empleados que intervinieron en las contrataciones.
El decreto Nº63, en acuerdo de ministros, determina en primer lugar que todos aquellos proveedores del Estado de organismos del Poder Ejecutivo centralizados (Ministerios y Secretarías), descentralizados (hospitales y otros) y autárquicos (ATM, DGE, IPV, IPJC, OSEP), con deudas superiores al millón de pesos exigibles, vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2015, deberán presentarse en la Tesorería General de la Provincia con la documentación que justifique la titularidad del crédito, declaración jurada del modo en que fue efectuada la contratación e indicar el valor unitario del bien y/o servicio prestado, entre otros requisitos.
Tras recibir el pedido de comprobación de deuda, la Tesorería General deberá remitir el expediente al órgano en el cual se originó la misma, quien emitirá un detallado informe, suscripto por el Director General de Administración del área, sobre la existencia y causa de la acreencia, para luego ser remitido a la Contaduría General de la Provincia para su control.
Una vez allí, se determinará el monto de la deuda que se encuentra registrada a favor del solicitante al 31 de diciembre pasado, y si se detectan irregularidades deberá informarse a Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y a la dependencia que originó la contratación.
Para finalizar el trámite, una vez determinado el monto verificado a favor del proveedor por parte de la Subsecretaría de Hacienda, se suscribirá un Convenio de Cancelación de Obligaciones entre el Subsecretario y el proveedor, para luego ser ratificado por decreto del Poder Ejecutivo.