En la tarde de mañana el gobernador Alfredo Cornejo se encontrará frente a frente con su par de La Pampa, Carlos Verna. No será un encuentro a solas, sino que estarán todos los mandatarios del Consejo Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
Cornejo confirmó que se tratarán varios temas, entre ellos el que hoy calienta las relaciones entre ambas provincias: la construcción de la presa Portezuelo del Viento.
El Coirco es consejo de cuenca del Río Colorado. La cuenca incluye todos los afluentes que conforman el curso de agua que desemboca en el Océano Atlántico; por consiguiente el consejo de cuenca está conformado por las provincias por las que pasan el Colorado y los ríos que aportan al sistema hídrico.
Está Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa. Mañana es la cita que se postergó la semana pasada, prevista para el jueves 3 de noviembre, por problemas de agenda de algunos mandatarios.
Ayer, bajo el sol del mediodía, Cornejo volvía a indicar que la obra ya había sido aprobada por el Coirco hace años y minimizó la importancia del ya célebre artículo 82 votado en el Presupuesto nacional 2017, que introdujeron legisladores nacionales por La Pampa.
La pauta de gastos nacional aún no es ley, tiene sanción de Diputados nada más, pero en caso de que sea aprobado por el Senado, según Cornejo no tiene demasiada importancia.
Un artículo "simbólico"
“El lobby de La Pampa es siempre muy activo. El artículo no afecta porque insisto en que Portezuelo del Viento está aprobado. Lo que necesitamos aprobación es el plan de manejo de agua. Todavía no hemos presentado el plan de manejo de agua que lo está haciendo el Departamento General de Irrigación. y que estará listo en diciembre”, dijo Cornejo.
Luego, el Gobernador dijo que “es un artículo más bien simbólico y creo que no traba y si lo traba, la autoridad máxima del Coirco es el Presidente de la Nación, y el presidente es quien tiene interés de hacer Portezuelo. Por lo tanto entiendo que el presidente va a laudar a favor de que se haga. La Pampa todo el tiempo está tratando de frenar las obras hidroeléctricas de Mendoza”.
Postergación y enojo
El martes pasado Los Andes informaba sobre la reunión del consejo de cuenca prevista para el 3 de noviembre. En esa oportunidad se hablaba de una estrategia de seducción para lograr el beneplácito del resto de los integrantes del Coirco.
El Gobierno nacional entiende que lograr el acuerdo de las provincias que usufructúan la cuenca del Colorado era clave para avanzar, más allá de que en el proyecto de ley de Presupuesto 2017, Mauricio Macri incluyó 3.000 millones de pesos para iniciar las obras.
La reunión de la semana pasada fue postergada y el pampeano Carlos Verna (PJ) hizo sentir su malestar por esa postergación.
“Como gobernador La Pampa expreso mi molestia y me gustaría saber si realmente son problemas de agenda o significa que varios gobernadores no tienen fundamentos para defender sus posiciones en el seno del Coirco”, decía Verna a los medios de su provincia, la ironía parecía destinada al gobernador de la provincia con la que La Pampa mantiene un largo enfrentamiento por las aguas del río Atuel.
Mañana será el día en que se planteen los argumentos.
Omisiones en el informe de la CIDH
La agenda de Alfredo Cornejo fue más que activa ayer. A primera hora recibió al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural de la Nación, Claudio Avruj.
El funcionario nacional manifestó que la inclusión de la situación de las prisiones preventivas planteada por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no correspondía que fuera tratado ese tema.
En setiembre el presidente de la Comisión, James Cavallaro visitó Mendoza; llegaba por decisión del encuentro de la Comisión en Chile, en el que se trató las condiciones de alojamiento de las cárceles mendocinas.
A fines de octubre Cavallaro emitió su informe y desató las iras del gobernador Cornejo, quien llegó a decir que la Comisión “está tomada por (Raúl) Zaffaroni los abogados sacapresos”.
El informe no sólo se refirió al estado de las cárceles; también se refirió a las modificaciones al Código Procesal Penal de Mendoza para endurecer las aplicación de la prisión preventiva a los delincuentes sin condena que tuvieran frondosos antecedentes, que el gobierno llamó “reiterancia”. Cavallaro apuntó a ese esquema, diciendo que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla.
Ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación se mantuvo prudente. Hablaba de que estaba trabajando con el gobierno provincial para responder a un informe “en función de cómo se gestó la visita a la provincia, de cómo fueron dados las reuniones, de cómo venían anunciándose los compromisos que venía tomando Mendoza pocos meses antes en Chile, esos compromisos no están reflejados”, decía elípticamente Avruj.
“Sabemos que Mendoza ha comprometido un presupuesto importante para una nueva cárcel, sabemos que en las comisarías la situación es diferente a otras provincias, eso tendría que estar consignado. Las omisiones también hablan. Consideramos que es un acto no justo”, dijo el funcionario nacional y luego agregaba que “somos respetuosos del sistema internacional de Derechos Humanos”. Pura prudencia.
-Cavallaro vino por el estado de las cárceles y termina hablando de las prisiones preventivas. ¿Correspondía?- consultó Los Andes.
-No correspondía. No puedo contestar por qué fue incluido.
