Tras el rechazo del SUTE a acordar un nuevo criterio del ítem Zona -y habilitar así el pago de viejas deudas reclamadas por los docentes-, el gobernador Alfredo Cornejo, anunció otras cancelaciones para el resto de los empleados públicos.
En realidad, le dio forma a una idea anticipada a principios de octubre (Los Andes lo publicó el primer día de ese mes). Y a lo estipulado en la Ley 9.012, aprobada el 26 de octubre.
Esa norma habilita al Ejecutivo a destinar “hasta $ 500 millones” del presupuesto, para pagar lo que el Estado le debe a los agentes públicos.
Son reclamos por diversos beneficios que en otros gobiernos otorgaron pero nunca se pagaron a agentes de Administración Central, de varios ministerios y entes descentralizados.
De este modo, el Gobierno totalizará $ 1.200 millones al pago de este tipo de reclamos, es decir que estos $ 500 millones se suman a los $ 700 millones para pagarle a los docentes (ver aparte).
“Estamos cerrando todos los conflictos judiciales, los que tienen sentencia y los que la van a tener, porque son reclamos justos”, dijo Cornejo al momento del anuncio.
“Es un hecho de suma trascendencia y sana administración que va en igual dirección de haber equilibrado el déficit operativo”, continuó.
La idea de Cornejo siempre fue pagar esta deuda “antes de que finalice el año”, aunque ese anhelo tal vez tenga demoras. Es que no hay todavía un detalle exacto de cuántos y quiénes son los acreedores.
Según el secretario de Legal y Técnica, Ricardo Canet, “la casuística es inmensa”. Y explicó que hay reclamos “por discapacidad”, o “por derechos reconocidos y nunca pagados”.
Se calcula que son “de 5 mil a 7 mil” los acreedores. Y las deudas particulares van “de $ 7.500 a varios millones”. Pero además, la tarea de generar un detalle de todos los acreedores no será fácil, sobre todo porque no pertenecen a un mismo sector.
Por eso habrá una revisión paticular para luego integrar una base de datos común.
“Se estudia cada caso. Se le hace el cálculo de deuda y luego se le dicta la resolución en la que se le reconoce el derecho”, explicó Canet. “A partir de allí se incorpara a un expediente común”, añadió.
Recién después de ese paso se podrá abonar lo adeudado, lo que puede ocurrir “a principios de 2018”, reconoció.
Canet resaltó que el criterio para pagar será “la antigüedad”, o sea que se priorizará a los primeros acreedores.
Envían el proyecto para el ítem Zona
Más allá de la negativa del SUTE, el Gobierno manifestó su intención de abonar igual las deudas por el ítem zona a 16 mil docentes.
“Este fin de semana enviaremos el proyecto para ingresarlo a la Legislatura”, informó Cornejo.
El objetivo -al igual que con la ley 9.012- es que se apruebe una modificación del presupuesto 2017 para variar el destino de los fondos al pago de esa deuda.
El mandatario pidió un tratamiento legislativo “breve”, ya que su intención, también con este pago, es que se realice “antes de fin de año o a principios de 2018”.
