El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto 298 y con esa norma cerró una historia conocida, la de la fiscal penal de Menores Valeria Ponce, quien robó un celular en un centro comercial. Ayer Cornejo aceptó la renuncia de la magistrada.
Ahora Ponce podrá jubilarse, según entienden en el Gobierno, no con la privilegiada jubilación de magistrada sino con una pensión por invalidez y se podrá volver a contar con una fiscalía penal de Menores operativa: la ahora renunciada estaba suspendida desde 2011, es decir que retenía el cargo sin trabajar.
El 22 de diciembre de 2010 Ponce intentó robarse un celular en un local de Palmares. Fue denunciada por intento de hurto, tenía una causa penal y un proceso abierto ante el Jury de Enjuiciamiento, tribunal que la suspendió el 16 de noviembre de 2011. Con la suspensión, también se recorta el 50% del sueldo.
Para decidir la destitución, el Jury esperó la resolución de la acción penal. En 2013, el expediente P-93.736/10 tuvo resolución: fue declarada inimputable porque padece un síndrome sicótico, diagnóstico corroborado por tres psiquiatras del Cuerpo Médico Forense.
Entonces el Jury pidió un juicio de insanía en la Justicia de Familia que la declara capaz de trabajar. Y, ante la contradicción de los fallos, el Jury quedó trabado.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictaminó sobre la salud mental de Ponce. En setiembre de 2013, ese organismo sostuvo que la fiscal padece “enfermedad maníaco-depresiva a forma circular” y presenta una incapacidad laboral al 70% que le permite acceder al retiro por invalidez.
También el cuerpo médico de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, en setiembre de 2014, sostuvo que la enfermedad diagnosticada origina incapacidad absoluta y permanente para ejercer.
En 2015, antes de que Francisco Pérez terminara su mandato, Ponce intentó renunciar y Pérez no lo aceptó, esperando que el Jury la sancionara y, de esa manera, bloquear la posibilidad de que la fiscal accediera a la jubilación de magistrados.
En 2016 Ponce cambió de estrategia. En el decreto firmado por Cornejo, se indica que en febrero de 2016 la fiscal inició el trámite para acogerse a la jubilación por invalidez.
Una duda flotaba en las usinas del Gobierno. Cuando se la suspende y la fiscal cobra el 50% del salario, el otro 50% debe quedar embargado y, en caso de no prosperar la destitución, habría que devolverle toda la plata.
En diciembre pasado se modificó la ley del Jury. En esa enmienda de la ley, se prescribe que los magistrados en proceso que renuncien antes de ser destituidos no tienen derecho a la devolución de ese dinero embargado.
Sin este problema, aceptarle la renuncia era un trámite que libera un cargo para agilizar la fiscalía penal de Menores que no trabaja hace casi seis años. Y, que el tema jubilatorio, si es que la ahora ex fiscal quiere litigar para recuperar el 82% de magistrada, “será problema de la Anses”, dicen en Casa de Gobierno.
