La pelea sin fin. Los protagonistas son parte de la Suprema Corte y el Gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo. Esta vez se trata de una pelea por lo que podría considerarse un tecnicismo legal que podría tener efectos.
Hay un informe dando vueltas en los depachos del Poder Ejecutivo. En ese informe se acusa a la Corte de estirar indefinidamente los plazos en los que el Máximo tribunal debe resolver las apelaciones de los presos con sentencia.
Se trata de un plazo fatal de seis meses impuesto en una de leyes de seguridad impulsadas por Cornejo, la 8.869.
Ese plazo es prorrogable por tres meses más, a pedido del Procurador general de la Corte. El Máximo tribunal interpretó ese plazo contándolo desde el momento en que la causa está "para resolver", lo que en Ejecutivo leen como una dilación de justicia.
Fuentes cercanas a la Corte indican que esa interpretación se ajusta a la jurisprudencia nacional y a lo que prescribe la ley nacional 24.390.
Otro capítulo más en la vieja pelea entre el Gobierno y una parte de la Corte.
Ya es un clásico de Cornejo lanzar sus críticas a la Justicia, particularmente lo que atañe al fuero penal, donde el Gobernador tiene puestas sus fichas para fortalecer su cruzada contra el delito.
Cornejo fustiga al ala conformada por los supremos Omar Palermo, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde. En este caso particular el blanco del Gobierno es Palermo y Gómez, ambos están en la sala penal del Tribunal, junto al supremo más identificado con el Gobierno: José Valerio.
La pelea arrancó al inicio de la gestión Cornejo. En el calurso diciembre de 2015, horas antes de la Navidad, se conocía un fallo de esa misma sala referido a la situación de los presos en prisión preventiva (ver aparte).
El 1 de junio de 2016 Diputados transformaba en ley el proyecto de Cornejo que endurecía las prisiones preventivas. Se trata de las 8.869. En esa ley se modificaba el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia; una de las modificaciones era el inciso 6 del artículo 295, que se refiere a la cesación de la prisión preventiva.
Claramente la prisión preventiva se termina con una sentencia de prisión. Suele suceder que el condenado apele la sentencia y llegue a la Corte.
Sobre este particular se refiere el inciso introducido por el Ejecutivo en el CPP.
Suele suceder que el detenido espere la sentencia de la apelación en esa condición. De acuerdo a las voces del Ejecutivo, para evitar que el preso pase mucho tiempo sin sentencia firme se puso el plazo de seis meses para que la Corte resuelva.
Pero el año pasado apareció un nuevo elemento en la ecuación. En el informe que circula por los despachos oficiales se menciona un fallo de noviembre del año pasado, conocido como “caso Dalmau”. En ese fallo la Corte interpreta el plazo establecido por el inciso 6 del artículo 295.
En la interpretación se establece que el plazo de seis meses se empieza a contar a partir de que la causa esté “para resolver”.
Desde el momento que el escrito del abogado defensor es presentado en mesa de entradas de la Corte, la causa es notificada al resto de las partes (Procurador y víctimas), se le da la oportunidad de que emitan opinión y entonces vuelve a la Corte para que esta define si admite o no el planteo.
Luego, en caso de admisión, se sortea cuál miembro será el primero en argumentar. Entonces una causa está “para resolver”.
Según el Gobierno para llegar a esta instancia no hay plazos perentorios, excepto de la vista al procurador (cinco días hábiles). Es decir, que de esa manera, se estira el plazo indefinidamente para “ocultar el colapso del fuero penal”.
Del otro lado, fuentes cercanas a la Corte se indica que la resolución del “caso Dalmau” “se basó en la Ley nacional 24.390, y la línea jurisprudencial unánime a nivel nacional, en tanto los plazos de la prisión preventiva que rigen hasta sentencia condenatoria, aun cuando no se encuentre firme.
De esa manera se interpretó, de manera armoniosa con aquella legislación y jurisprudencia, el plazo de seis meses provincial y desde cuándo debe comenzar a computarse”.
Incluso más, se indica que el fallo Dalmau no fue impugnado por el Procurador, ni por la defensa, “ni tampoco en los casos en los que el fallo fue aplicado”.
Seminario nacional sobre presupuesto público en Mendoza
La trigésimo primera edición del Seminario Nacional de Presupuesto público comenzará mañana en Mendoza, con la participación del gobernador Alfredo Cornejo y la organización de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
El encuentro se extenderá hasta el viernes 3 de noviembre con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, expertos internacionales y académicos del país y el exterior, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo.
Luego de la apertura a las 17 de martes a cargo del presidente de la ASAP, Rafael Flores, la actividad continuará con la disertación de Cornejo y cerrará la jornada Sergio Bitar, director del Programa Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina, del Diálogo Interamericano.
La segunda jornada se abrirá con una mesa sobre Reglas fiscales en la región y el mundo, con la participación de Ana María Jul, experta del Banco mundial para América Latina; José Ignacio Pérez Aguilera, consejero de Finanzas de la Embajada de España; Lisandro Nieri, ministro de Hacienda mendocino y George Kopits, representante de Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars.
Posteriormente, Gastón Messineo y Abelardo Harbin, contador general y contador mayor de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, y Nora Serrani de Ferrario, del Ministerio de Hacienda de La Rioja, debatirán sobre los sistemas de administración financiera pública y la experiencia de ambas provincias.
El jueves expondrá el subsecretario de Relaciones con provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Zlotolow, y el director de Investigación y Asistencia Técnica de ASAP, Gustavo Sibila.
En un panel sobre Foros y asociaciones de la administración financiera hablarán César Duro, contador General de la Nación y vicepresidente de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina; Jorge Domper, tesorero General de la Nación y representante de la Asociación de Tesoreros Generales, y Cristina Ruiz, del Foro permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas.
El seminario finalizará con la presentación del subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego, y como cierre la disertación del experto internacional de la CEPAL, Juan Pablo Jiménez.
Últimas rispideces
En diciembre de 2015 se empezó a caldear la relación entre Alfredo Cornejo y parte de la Suprema Corte mendocina. Y la pelea fue por las prisiones preventivas.
El motivo fue el fallo redactado por el supremo Omar Palermo para resolver un hábeas corpus colectivo presentado por la asociación Xumek por casi 900 detenidos en prisión preventiva, cuya condición no fue avalada por un juez de Garantías.
Por ese entonces el supremo José Valerio, el hombre que puso Cornejo para introducir otro pensamiento penal en la Corte, no estaba en el máximo Tribunal.
Según el Mandatario, una parte de la Justicia encabezada por Palermo, adscribe a un pensamiento penal más benigno, que Cornejo llama los “sacapresos”.
Ahora la pelea es otra vez por los presos con prisión preventiva, pero en una situación particular: esperaron juicio privados de libertad, fueron condenados y fueron en recurso extraordinario a la Corte para que revea la condena.
Mientras la Corte decide, el detenido con condena “no firme”, sigue en prisión.
Parece que en esta nueva polémica se invierten los papeles. Esta vez los “sacapresos” estiran los plazos manteniendo “adentro” al condenado.
