A 17 días del vencimiento de la emergencia sanitaria que rige en la provincia desde hace casi un año, el gobierno de Alfredo Cornejo prepara su prórroga por seis meses más, hasta el 1 de julio de 2017.
La norma mantiene suspendida la distribución entre profesionales médicos y personal de apoyo del 40 por ciento de los fondos que recuperan por sus prestaciones los hospitales y los centros de salud.
La decisión del Ejecutivo se prepara cuando la Suprema Corte de Justicia -con la firma de Omar Palermo y Julio Gómez y el voto en disidencia de Jorge Nanclares- ordenó al Ejecutivo que preparara la liquidación de esos importes hasta que resuelva si deberá o no pagarlos.
La prórroga 2017 de la emergencia sanitaria fue analizada en las últimas horas por los ministros de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Rubén Giacchi, y su par de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay.
En la Casa de Gobierno hubo hermetismo sobre el tema, pero todo indica que habrá prórroga por decreto, por ley o por decreto enviado a la Legislatura para su ratificación como ley (como sucedió el año pasado).
Esto -más la discusión sobre la EPTM y el Ecoparque- permite suponer que habrá sesiones legislativas especiales antes de fin de año.
La emergencia sanitaria vigente tuvo aprobación final en Diputados el 30 de diciembre del año pasado, precisamente en una sesión especial.
Dispone la compra directa (sin licitación) de insumos sanitarios por hasta un millón de pesos con la sola publicación de la operación en la página web de la Dirección de Compras y Suministros durante dos días. La permite hasta $ 10 millones con la publicación en el mismo sitio durante seis días.
Apunta a la “compra de bienes corrientes, de capital y servicios personales y no personales imprescindibles”.
Las compras bajo esta modalidad deben ser informadas trimestralmente a las Comisiones de Salud y de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas.
La emergencia autoriza a Giacchi “a realizar modificaciones presupuestarias entre partidas corrientes y de capital, entre distintas unidades organizativas y entes descentralizados o autárquicos y jurisdicciones de su área, previa comunicación al Ministerio de Hacienda”, de Martín Kerchner.
La norma -además- centraliza en el Ministerio de Salud el movimiento administrativo del área al establecer que “los organismos descentralizados que realicen compras de bienes y servicios en las condiciones (de la emergencia) deberán previamente solicitar la conformidad al Ministerio de Salud”.
Declara como áreas prioritarias para su atención “las guardias de pediatría y de los profesionales en todas las especialidades críticas infantiles y neonatales”. También “la terapia intensiva de adultos, la recuperación cardiovascular y la anestesiología”.
A principios de este año la aprobación de la emergencia sanitaria fue rechazada por la totalidad de los gremios de la salud, ya que suspendió los ingresos adicionales por hospital o centro de salud, cuyos pagos llegaron a reflejarse en los bonos de sueldo de profesionales y no profesionales durante la administración anterior de Francisco Pérez.
El tema no sólo fue rechazado por ATE (con el que el Gobierno no alcanzó un acuerdo paritario este año) sino también por ATSA y Ampros (con los que sí llegó a un entendimiento).
En febrero de este año Ampros presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que dio lugar al reciente fallo de la Sala Dos que dejó sin resolver la cuestión de fondo: si el Estado debe o no pagarlos.
Puntos clave
La emergencia sanitaria actual se destaca por:
Vigencia. Hasta el 31 de diciembre de 2016.
Prórroga. Previó una sola ya dispuesta por decreto para el segundo semestre de este año.
Segunda prórroga. Es estudiada en este momento por el Gobierno.
Compras directas. Las permite hasta 10 millones de pesos.
Contrataciones. En áreas críticas de la salud.
Suspensión. Del pago del ítem Productividad a profesionales médicos y no profesionales.
Administración. La centraliza en el ministerio.
Suprema Corte ordena liquidar productividad
Ampros destacó ayer que “la Suprema Corte provincial ordenó al Poder Ejecutivo que mantenga el proceso de cálculo, recaudación y liquidación de productividad a los profesionales de la salud”.
Se trata de una medida preventiva para garantizar el eventual pago retroactivo de un ingreso suspendido durante este año. Es para el caso de que el tribunal termine resolviendo la cuestión de fondo (pagar o no) en favor del personal y en contra del Estado.
La acción se inició en febrero, cuando el gremio presentó una medida cautelar luego rechazada.
Ampros reclama el pago retroactivo 2016 y el regreso en 2017 a la distribución por efector entre los profesionales médicos, del 20 por ciento de los recursos propios que generan los hospitales y centros de salud de la provincia. Es por sus prestaciones a pacientes con cobertura de obra social, ART o seguro. Se trata del denominado ítem Productividad establecido en la ley nacional 7759 a la que Mendoza se encuentra adherida.
Su pago fue suspendido por la declaración de emergencia sanitaria vigente desde el 1 de enero de este año, prorrogada por decreto hasta el 31 de diciembre y -posiblemente- con una nueva prórroga hasta el 30 de junio de 2017.
Según estimaciones de la ONG Voluntarios en Red, la Provincia pierde unos 300 millones anuales por falta de recupero de los costos por prestaciones por accidentes que deberían afrontar las empresas aseguradoras de autos y vida.
