En el marco de la fuerte revisión de la coparticipación federal de impuestos que plantea el Gobierno nacional, recientemente la Nación y las provincias pactaron definitivamente la devolución gradual del 15 por ciento de recursos que era retenido en los últimos años.
En el caso puntual de Mendoza, lo que se perciba este año, según lo expresado por el Gobernador, Alfredo Cornejo, servirá para equilibrar lo que se perdió por las rebajas por el impuesto a las Ganancias e IVA dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional.
La reciente firma, coronada como "Carta de intención para el fortalecimiento del federalismo", fue la culminación de un proceso de negociación encarado por la Casa Rosada que permitirá que, en un plazo de cinco años, haya un reintegro general de unos 310 mil millones de pesos hacia las provincias.
Se apunta al equilibrio fiscal de los Estados al cabo de cuatro años, un razonable procedimiento puesto que, con excesos incontrolables desde las provincias, es muy difícil que el Estado nacional logre sus objetivos.
El tema merece ser destacado una vez más por el avance institucional que supone, ya que desde su asunción la actual administración nacional busca encauzar una discusión federal de la coparticipación que nunca se ha dado en dos décadas, pese a haber estado prevista en la reforma constitucional de 1994.
El kirchnerismo, que gobernó durante doce años, tuvo la oportunidad histórica de normalizar la relación con las provincias a través de los recursos pero no lo hizo.
Por el contrario, se utilizó en más de una década un sistema de apriete financiero que terminó ahogando las finanzas regionales y, como en el caso puntual de Mendoza, a través de gobernantes afines políticamente, halló el nivel de sometimiento y dependencia acorde con las apetencias de un poder hegemónico sin límites ni tolerancia.
Aunque con críticas desde la oposición más minoritaria y dura, el oficialismo nacional también supo encarrilar la relación Nación-provincias sin distinción de signo partidario a partir de estas iniciativas de acercamiento y de reparación del sistema federal.
En ese aspecto, el Congreso -en especial el Senado, que tiene la más explícita representación de cada Estado provincial-, dio en estos primeros meses de gobierno muestras razonables de apoyo a medidas que el Ejecutivo nacional necesitaba para intentar poner en marcha la economía del país y reinsertar a la Argentina en el mundo.
Otro dato significativo que conviene destacar luego de haberse sellado el acuerdo, es el respeto desde la Nación a las decisiones de cada administración territorial.
Un ejemplo lo tenemos en nuestra propia provincia: en todo momento el gobernador de Mendoza dejó en claro, ante el poder central, su decisión de no resignar al reclamo retroactivo de la coparticipación, de modo de ponerse a resguardo de cualquier reclamo futuro que se le pudiera efectuar desde la oposición actual o cuando por imperio del mandato constitucional Cornejo deba dejar su cargo.
El éxito judicial del reclamo que en su momento iniciaron las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe a la anterior administración kirchnerista del país fue una especie de incentivo justo para la postura mendocina.
Es de esperar que el apego a la institucionalidad que se viene demostrando luego del recambio de diciembre, y del que el citado acuerdo con las provincias es un claro ejemplo, se fortalezca más allá de los avatares del día a día de la política coyuntural.
