Coparticipación: impulsan ley para una recuperación total

Los diputados del FpV presentarán un proyecto para que la Nación deje de retener a las provincias el 15% que va a la Anses y el 1,9% que va a la AFIP.

Coparticipación: impulsan ley para una recuperación total

Los diputados del Frente para la Victoria (FpV) presentaron un proyecto de ley para disponer que la Nación deje de descontar el 15% de la coparticipación a favor de la Anses y un 1,9% a favor de la AFIP a las provincias que no fueron beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 24 de noviembre, que sólo alcanzó a Córdoba, Santa Fe y San Luis, las tres que litigaron contra la Nación durante nueve años.

La decisión se tomó ayer en la reunión del bloque K a la que acudieron 74 de los 81 diputados que lo integran. “El fallo de la Corte estableció que hay provincias de primera, que son las que reciben la totalidad de la coparticipación, y provincias de segunda que son a las que se les quita un 16,9%”, explicó el vicepresidente del bloque del FpV, Luis Basterra.

Lo que buscan los legisladores del principal bloque de la Cámara baja es anular los alcances del Pacto Fiscal de 1992 por el cual las provincias cedieron estos porcentajes para que la Nación financiara el sistema previsional por entonces deficitario, acuerdo intra-federal que fue extendido en 2006 por una ley que sacó la administración de Néstor Kirchner y que la Corte bochó en parte con su reciente sentencia.

Tras el fallo de la Corte, Cristina Fernández, en los últimos días de su gobierno, decidió firmar un DNU para hacer extensivo el beneficio que el Máximo Tribunal fijó sólo para las provincias litigantes a todas las demás. Ni bien asumió su gobierno, Mauricio Macri firmó otro DNU para derogar la medida tomada por su predecesora en el Ejecutivo.

Esta herramienta legal del Presidente será analizada la semana entrante por el Congreso en la comisión bicameral de Trámite Legislativo donde el oficialismo encuentra resistencia de todo el arco peronista -el FpV, el Frente Renovador y Compromiso Federal- para avalarlo ya que el justicialismo quiere que los gobernadores empiecen a recibir la coparticipación plena, lo que equivale sólo este año a más de 100.000 millones de pesos (ayer el kirchnerismo calculó más de 200.000 millones aunque no explicó cómo llega a ese número).

Reclamo conjunto

Paralelamente a esta pelea en torno a los DNU de Cristina Fernández y de Macri, ayer el FpV decidió impulsar una nueva ley que retrotraiga todo al momento previo al Pacto Fiscal de 2000. “El presidente Macri quiere que cada provincia acuda a la Corte para dar una pelea que puede demorar mucho tiempo.

Nosotros creemos que la Justicia está para atender otros asuntos y que el hambre no acepta estas dilaciones”, dijo el jefe del bloque K, Héctor Recalde, en una conferencia en el tercer piso de Diputados a la que acudieron, entre otros, José Luis Gioja, Axel Kicillof, Basterra, Julio de Vido y los mendocinos Guillermo Carmona y Alejandro Abraham.

El kirchnerismo sabe que este proyecto de ley tendrá un largo peregrinar porque Cambiemos seguramente se quedará con la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y podría bloquear su tratamiento. Pero lo que buscan los diputados K es hacerse fuertes internamente tras la pérdida de 14 legisladores que decidieron hacer rancho aparte hace dos semanas.

Ayer fue Gioja, el que actuó como anfitrión en la ciudad de San Juan en la cumbre de gobernadores del PJ de enero, quien llevó el tema a la reunión de bloque y recibió un rápido respaldo de todos sus colegas.

“Nosotros esperamos que el resto de la oposición e incluso los legisladores que responden a gobernadores radicales como los de Corrientes y Mendoza, que están haciendo el reclamo judicial, tengan sensibilidad social y nos acompañen. Si no, deberán explicar al pueblo de sus provincias por qué juegan en contra de sus intereses”, dijo la sciolista Cristina Álvarez Rodríguez.

Además de este proyecto de ley, el FpV presentará otro para crear una comisión bicameral que coordine el trabajo de todas las provincias y la Nación para redactar una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, algo que la Corte exigió en su fallo de noviembre y es un mandato de la Constitución Nacional reformada en 1994.

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