Adquirir el tan preciado techo propio es para muchos matrimonios jóvenes y de mediana edad una meta, que a veces resulta inalcanzable. Los ingresos de los hogares no son suficientes, resultando necesario buscar de diversas maneras la posibilidad para hacerle frente a una realidad del país que enfrentan amplios estratos de su población.
Una solución conducente a la vivienda familiar es asociarse a las buenas cooperativas que existen en la provincia. Lamentablemente hubo algunas entidades que, por la inobservancia de los principios cooperativos por parte de sus dirigentes y el escaso alcance de los controles externos, no dieron adecuado cumplimiento al mandato que les otorgaron las familias asociadas.
No obstante, reconociéndose las bajas actuaciones de un limitado número de entidades y las causas determinantes de las mismas, el cooperativismo habitacional continúa ofreciendo una alternativa que va ganando espacios en nuestra realidad y en la de todos los países del mundo.
Por su potencialidad, se trata de un tema que atrae el interés de las ciencias económicas y sociales, al tener un fuerte compromiso de inclusión y solidaridad que ofrece solución al cobijo familiar de muchos habitantes de nuestro territorio, más allá de las malas experiencias motivadas por insuficiencias en el compromiso ético y en la práctica de los principios cooperativos.
Este tópico -el tratamiento académico del cooperativismo de viviendas- fue abordado el mes pasado en la Ciudad de Buenos Aires en el X Encuentro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo (foros que dieron comienzo en el año 2000), realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En esa reunión continental estuvo presente Mendoza, a través de una ponencia presentada por investigadores del cooperativismo habitacional vinculados a la Universidad de Mendoza.
En ese informe se revela que las entidades de base (cooperativas, mutuales, uniones vecinales, etc.), han sido impulsoras de la mayoría de los proyectos constitutivos del hábitat social financiados por el IPV desde 1947, estimados en 25% del parque habitacional provincial.
El déficit habitacional argentino es enorme, y en ese contexto negativo se encuentra la provincia de Mendoza. Por lo tanto, hay que sumar más actores a la producción.
Vemos que los fondos del Estado para vivienda se han volcado mayoritariamente, desde el inicio del Fonavi en los años 70, a la construcción de casas mediante la obra pública, algo que ha sido un gran aporte, aunque el déficit no ha dejado de crecer.
Sería entonces importante una diversificación en el empleo de los recursos financieros del Estado, otorgando préstamos a cooperativas y mutuales genuinamente organizadas y rigurosamente controladas mediante la vigencia de normas específicas.
La gran ventaja de las cooperativas de vivienda es que los asociados pueden participar en el proceso de formulación de las iniciativas, adecuándolas a sus necesidades y preferencias de localización y diseño arquitectónico.
También las familias pueden aportar ahorros para la adquisición de tierras y cofinanciamiento de las obras de urbanización y viviendas, ya sean casas individuales o conjuntos de departamentos.
Estas claras ventajas hacen por lo tanto prioritaria la dedicación social y la investigación académica a las experiencias en cooperativismo habitacional, con miras a una efectiva disminución del déficit crónico de viviendas que sufre el país.
