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hace 7 horas
Los precios en los hiper y supermercados siguen subiendo al mismo nivel que el malestar de los consumidores. Hoy se llevó a cabo el segundo boicot a nivel nacional, a esta medida se sumó la presentación de un proyecto de ley que busca regular en Mendoza "la instalación, ampliación, modificación, funcionamiento y traslado de grandes superficies comerciales".
Dos iniciativas no menores que dejan en evidencia el libre accionar que tienen en Argentina los grandes formadores de precios.
La segunda jordana de #SuperVacios, convocado por asociaciones de defensa del consumidor, agrupaciones gremiales, rurales y políticas, tuvo un alto acatamiento, según un relavemiento que realizó en Buenos Aires la agencia Télam.
En Mendoza, como en el primer boicot, el triunfo se sintió más en la instalación del tema en los medios que en la escasez de clientes.
"La idea del boicot a los supermercados es poner en debate la concentración de la comercialización de cinco cadenas", resaltó el senador mendocino de Libres del Sur Ernesto Mancinelli, en clara referencia a los grandes supermercados que definen los altos precios y marcan la tendencia en nuestra provincia.
"A veces uno espera de manera ilusa que los empresarios tomen conciencia, pero eso no ocurre. Hay herramientas concretas en las leyes para controlar precios. El programa de Precios Cuidados no resultó con el kirchnerismo y Moreno lo único que hacía era negociar con amigos", agregó el legislador.
Por su parte, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) minimizó el boicot: "A partir del relevamiento efectuado a mitad de la jornada, podemos afirmar que la circulación de clientes y las ventas casi no difiere de un martes cualquiera", aseguraron en un comunicado.
Una ley para regular la instalación de híper y supermercados en Mendoza
El senador Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó este mediodía un proyecto de ley que busca "regular la instalación, la ampliación, la modificación, el funcionamiento y el traslado de grandes superficies comerciales en la provincia de Mendoza, con el propósito de evitar la concentración económica, que es formadora de precios y distorsiona el mercado por sobreoferta excesiva de bienes".
El objetivo de la propuesta es garantizar “la defensa de la competencia, la libre elección del consumidor, y la protección de las pequeñas y medianas empresas y los puestos de trabajo que desde el sector se generan”, y abarca “los rubros de comercialización, elaboración y venta de productos alimenticios, indumentaria, artefactos electrodomésticos, materiales para la construcción, artículos de limpieza, productos de ferretería y otros artículos” a considerar, según dicta el articulado previsto.
“No sólo acuerdan (las grandes cadenas) el precio de venta al consumidor, sino también el precio al que ellos van a comprar previamente los productos para comercializar”, dijo Arenas y sentenció: “Se trata de regular esa actividad, no de prohibirla, porque la prohibición destruye el empleo”.
Alcances de la propuesta
El proyecto de ley considera como grandes superficies comerciales "a todos los establecimientos de comercialización minorista o mayoristas que realicen ventas minoristas, que ocupen una superficie cubierta destinadas a la exposición, ventas y dependencias administrativas, de acuerdo con la siguiente escala:1) superficie superior a 500 metros cuadrados en municipios con una población de hasta 50.000 habitantes; 2) superficie superior a 800 metros cuadrados en municipios de entre 50.000 y 180.000 habitantes y 3) superficie de más de 1.500 metros cuadrados en municipios de más de 180.000 habitantes".
Simultáneamente, aclara que “la instalación, la ampliación, la modificación o el traslado de grandes superficies comerciales que excedan las escalas establecidas deberán solicitar autorización previa ante la autoridad de aplicación mediante otorgamiento de certificado de factibilidad provincial”. Que “será el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provinciade Mendoza”.
Certificado de factibilidad
La norma prevista también señala que “las grandes superficies comerciales ya instaladas en la provincia de Mendoza deberán, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, gestionar ante la autoridad de aplicación el correspondiente certificado de factibilidad provincial, a fin de analizar la viabilidad de su permanencia en la zona emplazada”.
Asimismo, dicta que “las grandes superficies comerciales ya instaladas en la provincia de Mendoza cuyo certificado de factibilidad sea rechazado, y la autoridad de aplicación ordene su traslado, tendrán un plazo de tres años para su reinstalación, previa aprobación del certificado de factibilidad correspondiente al nuevo emplazamiento”.
El proyecto del legislador justicialista propone, a la vez, que “las grandes superficies comerciales que hayan cumplido con el proceso de reinstalación a partir de la orden de traslado de la autoridad de aplicación tendrán una exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos del 50% durante dos años, a partir de la fecha de inicio de actividades en el nuevo lugar de emplazamiento”.
En cuanto a las multas fijadas para los infractores, la propuesta indica que “las grandes superficies comerciales que no cumplan con las obligaciones establecidas serán sancionados con un apercibimiento y una multa mensual de 10.000 a 50.000 unidades tributarias. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa y/o la clausura del establecimiento, no pudiendo solicitar éste un nuevo certificado de factibilidad provincial por el término de un año”.
Situación en Mendoza
Mendoza es la tercera provincia de Argentina con mayor cantidad de supermercados, superando a Córdoba y Santa Fe: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuenta con 122 bocas de expendio de esas características para atender a una población de más de 1.740.000 personas que habitan en una superficie de 148.827 kilómetros cuadrados.
Esta situación ya fue alertada por la FEM a través de un comunicado de prensa de julio del 2015. En ese entonces, la entidad manifestó la necesidad de ordenar y regular la instalación de súper e hipermercados en los grandes centros urbanos.
El acto, realizado en la Legislatura, contó también con la participación de José Ramón, representante de asociación de defensa del consumidor Protectora; Ángel Seminara, gerente de la Delegación Mendozade la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme); Rubén Palau, secretario de la misma institución; Gustavo Correa, secretario general en Mendoza de la Central de Trabajadores de la Argentina(CTA); el senador provincial Luis Böhm y la diputada provincial Patricia Galván, del FPV-PJ. Esas entidades avalan expresamente el proyecto de ley, así como la Federación Económica de Mendoza (FEM).
