Convivir con la violencia y la corrupción

En uno de los pronunciamientos más críticos que ha dado a conocer en los últimos tiempos sobre la realidad del país, la Iglesia acaba de efectuar una fuerte advertencia a los argentinos sobre el imperio de la violencia y la corrupción entre nosotros.

Obviamente, que la que primero debe acusar recibo del enérgico pronunciamiento es la clase dirigente nacional, generalmente enfrascada en discusiones estériles y especulaciones políticas que conducen casi siempre a un camino sin destino claro.

El documento diagnostica la existencia de una Argentina "enferma de una violencia cada vez más feroz y despiadada" y afirma que los delitos que se cometen a diario "no sólo aumentaron en cantidad, sino también en agresividad". Avanza el texto en uno de los peores flagelos de esta Argentina: la corrupción generalizada, tanto pública como privada, a la que define, en sintonía con el pensamiento del papa Francisco, como "un verdadero cáncer social" causante de "injusticia y muerte".

En cuanto a la violencia generalizada, recala la Iglesia en la tremenda incidencia que tienen en todos estos males cotidianos, en especial en la escalada de inseguridad, el consumo de drogas y el narcotráfico. Esto, de acuerdo con la percepción de los obispos, preocupa por la instalación de cada vez más "escenarios violentos" que se perciben en la sociedad. Todo deriva en pobreza, desnutrición y abandono social y educativo. No dejan de señalarse, incluso, las peleas entre barrabravas de equipos deportivos "a veces ligados a dirigentes políticos y sociales".

Uno de los llamados más fuertes que hace el Episcopado invita a  no meter a todos en la misma bolsa. La Iglesia reclama "no estigmatizar" a los pobres como responsables de la inseguridad, la violencia y la droga, "porque ellos sufren de modo particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos, aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias".

Así se da paso al capítulo dedicado por el documento a la corrupción y su consecuente impunidad, en el que se condena el lamentablemente crónico desvío de fondos "que deberían destinarse al bien del pueblo". Aquí es donde el texto episcopal más se detiene en la responsabilidad de funcionarios políticos y judiciales. "Sólo si las leyes justas son respetadas y quienes las violan son sancionados, podremos reconstruir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad", reflexionan los obispos incluyéndose entre los destinatarios de la aguda crítica.

Piden que haya jueces y fiscales que actúen con diligencia, que gocen de independencia en su accionar y que tengan los medios a su alcance para poder cumplir su función. "La lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia", rescata con absoluta justeza la Iglesia argentina. Una de las peores herencias de la actual gestión política nacional es dejarnos a los argentinos una Justicia dividida políticamente, al haber priorizado intenciones partidarias y hasta particulares sin apuntar, como mucho se reclamaba, a la crónica ineficiencia que caracteriza desde hace décadas a nuestros tribunales.

Lejos de la necesaria reflexión que el contenido de un documento de estas características obliga a realizar, con absoluta liviandad sectores ultrakirchneristas fueron los únicos que salieron a criticar a los obispos y a pretender tapar el sol con las manos. Posiblemente esos sectores hayan reaccionado al sentirse aludidos por el pasaje del documento donde critica que en el país se promueva con frecuencia una dialéctica que alienta las divisiones y la agresividad. Es lamentable que no se aprovechen las oportunidades como las que  brinda esta reflexión religiosa para buscar una reconciliación entre los argentinos.