Como simple ciudadano mendocino, observador de las actividades políticas de los partidos que pretenden gobernar nuestra provincia o que han alternado sus mandatos en los últimos setenta años, y habiendo cumplido con mi obligación cívica votando en cincuenta y dos actos eleccionarios -como demuestra mi Libreta de Enrolamiento-, cuando nuestro país tenía sólo tres millones y pico de habitantes, deseo transmitir la sentencia de un viejo político que expresó: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, ¡es hora de que se cumpla!
Es esta la oportunidad de demostrar la honestidad con que se ha manejado la organización de las recientes elecciones, rindiendo cuenta de inmediato, de acuerdo a lo que exige la Junta Electoral o la AFIP, del origen del dinero utilizado para financiar la campaña política de cada partido.
El cumplimiento de la ley piden los ciudadanos a los que les ha llamado la atención la abultada inversión publicitaria destinada a promover a sus candidatos, los partidos políticos con el objeto de participar de las elecciones primarias PASO realizadas el domingo 19 de abril con toda normalidad.
Teniendo en cuenta que el gobierno de la Provincia apoya económicamente la inversión publicitaria en canales de televisión y emisoras de radio, no así en la gráfica en diarios, en la vía pública o en publicidad directa, que se considera una millonaria inversión.
La duda surge en los precandidatos a las intendencias municipales que terminan sus mandatos y van por la reelección, que se han jugado con las reiteradas publicaciones de páginas y medias páginas cuyos costos, el día de mañana, pudieran incluirse en el Presupuesto Municipal con una imputación incorrecta por cuanto no se trata de publicidad sobre servicios o licitaciones u obras municipales.
Los concejos deliberantes, el Tribunal de Cuentas y las entidades vecinales tienen que efectuar un seguimiento en las rendiciones de cuenta al finalizar el próximo ejercicio fiscal.
Se evitará esta sospecha cuando, ojalá, desaparezcan las reelecciones interminables de funcionarios que tanto se encariñan con el cargo y pretenden ocuparlo hasta la muerte o tratan de dejarlo en herencia a algún hijo.
La inquietud es que las elecciones generales del próximo mes de octubre, cuando participan los candidatos definitivos en las campañas de los diferentes partidos, sean tan violentas que exijan millonarios presupuestos publicitarios y demás gastos de impresos, comunicaciones, movilidad e imprevistos.
Los ciudadanos, que en definitiva somos quienes enfrentamos el pago de servicios municipales, impuestos nacionales y demás ‘gangas’, que son aumentadas permanentemente, suframos nuevos incrementos como consecuencia de los descontrolados gastos que ocasionan las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, que no siempre actúan con honestidad o que, para obtener votos, se han comprometido con quienes los han ayudado con dinero para solventar la campaña y aparecen luego ganando licitaciones o en negocios sospechosos con el Estado.
