El gobierno nacional confirmó la implementación de un sistema de control de precios al que denominó “Mirar para cuidar”. Inicialmente, el programa disponía la participación de militantes del kirchnerismo, para recorrer súper e hipermercados y comercios minoristas a los efectos de verificar el cumplimiento del acuerdo de precios que entrará en vigencia a partir de mañana en todo el país.
Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández dijo el miércoles, al oficializar el plan en la Secretaría de Comercio, que su intención es que los municipios participen en forma activa en los controles de los precios, delegando en las intendencias la tarea de organizar la participación de los distintos sectores de la sociedad supuestamente vinculados en el seguimiento.
La Presidenta considera, de acuerdo con lo que dijo, que las estructuras municipales son “las que están legal e institucionalmente” habilitadas “para hacer efectivo este tipo de dispositivos”. El plan, que supuestamente es de rápida implementación, se pondrá en marcha inicialmente en muchas ciudades y regiones del país.
En el caso de la provincia de Mendoza, varios intendentes ya expresaron su sorpresa, y en algunos casos incomodidad, por la decisión presidencial de encargarles el control del operativo.
Los jefes departamentales consideran que la tarea encomendada por la Nación no es de competencia municipal, sino que son las provincias las que deben ejercerla. El intendente radical Víctor Fayad, cercano al kirchnerismo, que estuvo presente en el acto de anuncio presidencial, aclaró que los municipios no tienen facultades delegadas para aplicar ningún tipo de sanción en la materia.
Obviamente, la estrategia del gobierno nacional, con indudables fines electorales, apunta básicamente hacia el conglomerado del Gran Buenos Aires. Y es allí donde los intendentes adictos al kirchnerismo ya anticiparon que acatarán la decisión presidencial de encomendarles el control de precios. De acuerdo a lo que han declarado, es sólo necesaria un acta firmada por cada intendente para que la ciudadanía pueda acompañar a los inspectores municipales. Habrá que verificar qué dice la legislación vigente al respecto en esa zona del país, pero, en definitiva, todo es posible en este tipo de políticas en la “jungla” bonaerense.
Independientemente de la participación de los municipios, la tarea de control de precios por parte de militantes partidarios aparece como inconveniente y criticable a la vez, principalmente porque se alteran los mecanismos normales de funcionamiento del Estado. Pretender involucrar a las municipalidades en algo para lo cual no tienen explícita competencia, al sólo efecto de “legalizar” la labor de brigadas políticas, habla de un nuevo atropello a las instituciones por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Este gobierno, que ahora sale a admitir el flagelo de la inflación mediante un supuesto congelamiento de precios de dudosa efectividad, se encargó durante años de silenciar la realidad a través de números falsos del Indec, con los que se pretendió hacerles creer a millones de argentinos que la carestía de la vida era otra “sensación” de las que está llamado a sufrir todo argentino que no esté de acuerdo con las políticas del kirchnerismo.
A la par del engaño con las estadísticas, el gobierno nacional también silenció groseramente la labor de muchas organizaciones no gubernamentales orientadas a la defensa del consumidor, que pretendían contribuir con las autoridades demostrando que los precios en los puntos masivos de venta de todo el país aumentan a un ritmo totalmente diferente al que pretende imponer el Indec.
