Control de precios: cómo controlan los municipios a los “avivados”

Debido a la crisis sanitaria, con efectos económicos, que causa la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional decidió ampliar la emergencia pública, y "convocar a intendentes e intendentas de todos los municipios del país para fiscalización y control". La normativa despertó diferentes reacciones, pero implica que en adelante los jefes comunales y sus equipos deberán disponer de sus equipos para relevar precios máximos, y denunciar irregularidades.

No obstante, seguirá siendo la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo la que se reservará el derecho de sancionar ante incumplimientos, y también el organismo que deberá brindar asistencia técnica a las autoridades municipales para que fiscalicen.

Así, desde este viernes (días posterior a publicado el decreto, según se aclara en el mismo), los municipios son los encargados de que los comercios de barrio respeten la lista de precios máximos, con los valores que tenían los productos al 6 de marzo de este año.

Y la provincia se encargará de coordinar para que todos tengan reglas claras y el trabajo sea uniforme.

"Lo vamos a coordinar, y estamos trabajando justamente en eso, en cómo va a ser el procedimiento. Todos los municipios tienen actuaciones en papel y las nuestras son electrónicas, además de que cada municipio tiene su propio procedimiento, hay que armonizar muchos detalles y establecer un manual de procedimiento común", explicó José Cortez, titular de Fiscalización y Control de la provincia.

"Desde este viernes rige el decreto, pero acá hay leyes y reglamentaciones provinciales y municipales", agregó el funcionario.

Cómo se controlará

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, explicó que desde antes que comenzara la cuarentena, cuando el gobernador impuso algunas restricciones para disminuir el riesgo de contagio, el cuerpo de inspectores se enfocó en patrullar para que se cumpliera la distancia entre mesas y los controles bromatológicos adecuados.

Con el endurecimiento de las medidas, se continuaron las labores, y hoy el cuerpo de inspectores registra que estén abiertos solo los comercios habilitados y que cumplan el horario dispuesto por el gobernador Rodolfo Suárez (de 8 a 18 los comercios, las farmacias en sus horarios habituales, y los deliverys hasta las 23 horas).

"Este decreto (351) puntualmente encomienda a los intendentes hacer la fiscalización y el control de precios máximos, ahora estamos a la espera de más definiciones porque se nos convoca, pero los municipios solo tendríamos a cargo el control, falta definir el trámite para que las actas que labremos sean remitidas a la autoridad de aplicación", explicó el jefe comunal.

De acuerdo con Ulpiano Suárez, en la Capital funcionan 1.600 establecimientos exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y ese sería el universo a controlar.

"Nosotros estamos aguardando coordinar con el Gobierno provincial para ver si vamos a inspeccionar comercios de cercanía, o vamos a incluir también a supermercados e hipermercados. También hemos requerido un modelo de acta con el que trabajar para ser cuidadosos desde la formalidad y garantizar la defensa y la posibilidad de descargo al comerciante", agregó.

En cuanto a los reclamos de los vecinos, Suárez explicó que los reciben a través de las redes sociales, y hasta ahora tienen que ver con precios excesivos en frutas y verduras. "Hasta ahora no teníamos la facultad delegada y lo que hacíamos era tomar conocimiento de la situación, y elevar el reclamo. Ahora se pone en valor el trabajo de los Gobiernos locales y se nos recargan tareas", comentó.

No obstante el jefe comunal destacó que la emergencia sanitaria ha generado un impacto social, y también es tarea del intendente cuidar a los ciudadanos en este momento, cuando se necesita que no falten artículos de higiene, medicamentos y alimentos. "Procuraremos llegar a todos los establecimientos porque la premisa es que los vecinos puedan abastecerse en los comercios de cercanía para evitar desplazamientos, y queremos evitar que tengan que trasladarse ante avivadas, o abusos de comerciantes que estén vendiendo por encima del precio máximo", sumó Suárez.

Clausuras por 24 horas

Algunos municipios ya ordenaron a sus equipos a que comiencen con los controles, pero hasta el momento se necesitaba del acompañamiento de organismos nacionales (AFIP y la secretaría de comercio) para avanzar con las actas de infracción.

Este es el caso de Maipú, incluso el intendente Matías Stevanato generó un revuelo al publicar en sus redes sociales que había salido a controlar precios en supermercados del departamento en compañía con los diputados nacionales Alejandro Bermejo y Marisa Uceda. También participó la senadora Anabel Fernández Sagasti y personal de AFIP. Esto le valió las críticas de su par de Guaymallén Marcelino Iglesias, por ingresar en grupo a un comercio, cuando se ha solicitado mantener distancia social. No obstante, defendió su posición, y los controles continuarán.

De igual manera, en Tunuyán ya se avanza con los controles y las actas de infacción. El titular de Defensa al Consumidor del departamento, Diego Casado, explicó que el personal ya está capacitado y tiene sus libros de actas para controlar posibles sobreprecios.

"Ya lo estábamos haciendo, antes de que saliera el decreto. Vamos a los negocios, controlamos que los productos que ofrecen y que están en el listado de precios máximos tengan precios acordes, y si encontramos muchos sobreprecios o aumentos muy groseros se procede a una clausura que puede ir de 24 a 72 horas para que el comerciante se adapte", explicó el funcionario tunuyanino.

Hasta el momento han labrado alrededor de 100 actas que se enviaron a la provincia, a fin de que los comerciantes puedan hacer sus descargos.

No obstante, Casado explicó que en algunos casos los comerciantes explicaron que habían comprado la mercadería a precios que los obligaban a vender por encima de los máximos establecidos.

Igualmente, solo han efectuado 8 clausuras y en su mayoría, durante 24 horas, entienden que "tampoco resulta conveniente dejar a los vecinos sin el comercio de cercanía y la intención del procedimiento es únicamente dejar en claro que no pueden exceder los precios máximos bajo ningún concepto".

“Tenemos un abanico de 5.000 comercios en total, sin considerar a las industrias, controlamos que estén abiertos solo los que pueden seguir haciéndolo, y que estos cumplan con todas las normas dispuestas”, cerró el funcionario.

“Los controles de precios no sirven”

Por el contrario, Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, señaló que los controles de precio no sirven. "Desde el primero que se implementó hace 67 años, siempre han sido un fracaso con todo éxito", apuntó.

Además, el intendente llamó a reflexionar sobre la conveniencia de ponerle una carga más a los comerciantes, en momentos en que resulta difícil abastecer sus locales, y encontrar precios convenientes para hacerlo, debido a las demoras de todo el servicio logístico generadas por el propio aislamiento.

"Nos dan las facultades para controlar, pero nosotros ponemos la cara y los recursos, y ellos son los que deciden las sanciones. Yo no voy a aplicar ese DNU, porque no sirve, ellos no fueron capaces de controlar unos pocos rubros y compraron con sobreprecios y quieren controlar a los comerciantes", consideró Iglesias.

No obstante, señaló que tienen un cuerpo de inspectores controlando otros aspectos inherentes a evitar la circulación de gente en las calles y la propagación de la pandemia. "Hacemos la tarea, controlamos habilitaciones, que no se venda alcohol fuera de horario, que los comercios funcionen según los horarios establecidos, y que no se reúna mucha gente en espacios pequeños", comentó.

“Tenemos que apelar a la responsabilidad de los comerciantes, y a la responsabilidad que tenemos todos para que no haya abusos, y que la gente no se tenga que desplazar a grandes mercados. El vecino sabe que si hoy le tiene que comprar a un comerciante a un precio alto para no salir de su casa, cuando todo esto pase, no va a volver a ese negocio”, señaló.

Por otro lado, señaló que han aumentado los controles para que los comercios dispongan de alcohol en gel y mantengan la distancia de 2 metros entre las personas que ingresan a un local.

Fondo anticrisis

El intendente capitalino destacó otro aspecto que no ha sido considerado hasta el momento, y es qué se hará con el dinero que se obtenga de las infracciones labradas. Si bien consideró que en ningún caso se persigue un fin meramente recaudatorio con la disposición nacional, señaló que se pondrá a disposición de la Secretaría de Comercio personal y recursos propios de los municipios y, por lo tanto también deberían coparticiparse los ingresos.

“La finalidad no es recaudatoria, al igual que no lo han sido las multas que se han puesto por infringir la cuarentena en la Ciudad, pero el dinero va al Fondo Municipal Coronavirus, y con este se garantiza a los ciudadanos insumos de salud y alimentos”, explicó el intendente.

Hasta el momento Capital ha reunido 1,8 millones de pesos gracias al descuento en sus salarios que accedieron a hacer concejales, el mismo intendente, pero también a aportes de empresas, y 600 mil pesos se integraron con el dinero que se ha cobrado a los infractores (las multas ascienden a los $22.750, y los infractores pueden acceder a descuentos del 30% si anticipan los pagos, y hasta ahora 40 ciudadanos han optado por esa opción).

"El fondo está destinado a atender la emergencia, se compran guantes, barbijos, y demás, pero también estamos llegando con ese dinero a los sectores más carenciados, con bolsas de alimentos secos y bolsones de verdura", señaló.

Finalmente, el intendente de Ciudad celebró haber recibido una donación por parte del Hotel Hyatt de 1.000 kilos de comida, entre frutas, verduras y carnes, que serán enviados a los merenderos de la comuna. "Es una acción solidaria por parte de un privado, que se va a destinar a instituciones que ayudan a paliar esta crisis", cerró Suárez.