Los recientes nombramientos de funcionarios cercanos al gobernador Francisco Pérez poco tiempo antes del traspaso del gobierno, podrían entrar en la categoría de no legales por aplicación de normas control de la propia administración pública, de sentencias judiciales y de otras instancias.
Es admitida por propios y extraños la existencia de una crisis en las arcas del sector oficial y estas medidas, los nombramientos, serán parte de la pesada y gravosa herencia que dejará la actual gestión.
Se trata de "pases" a la planta permanente que, en aras de la armonía y la convivencia política, se deberían haber evitado. La referencia es el traslado a mejores posiciones en la nómina pública de agentes del Estado, del secretario privado del Gobernador, una senadora y ex directora de Administración, y una secretaria ejecutiva, quien trabajó hasta hace poco en el Ministerio Legal y Técnico. Para colmo, esos "traslados" se han hecho a la cartera de Salud, área donde se cobra más que en el resto del escalafón.
Los Andes sostuvo que "el culto a la amistad deja huellas en la administración pública. El rastro de esos vínculos queda plasmado en cada decreto que señala (a las personas que lograron los beneficios) como contratados o en la planta estable del Estado".
Violenta además al sentido común que estos privilegios se otorguen ubicando a los agentes en cargos o niveles expectantes, con recompensas salariales altas que posibilitará, a los que logran esos puestos, mantener o afianzar un buen pasar económico.
Un componente importante del gasto corriente es la asignación de fondos para el pago salarial del personal y las dos variables explicativas de la inversión en empleados, salarios y cantidad de trabajadores en el sector oficial, han aumentado, convirtiéndose en una bola de nieve que en algún momento estallará. Lo "bueno" para quienes tomaron las medidas, es que ya no estarán para hacerse cargo de las consecuencias que sus actos produjeron.
De todos modos, la ciudadanía espera que en los casos en que no es estrictamente necesario, las promociones de funcionarios políticos a la planta permanente, sean declarados actos jurídicamente inexistentes, por adolecer de vicios groseros, como lo afirman especialistas en Derecho Administrativo.
Aparte de las diferentes normas que no convalidan las acciones dispuestas en materia de nombramientos, parece que la actual administración no analizó debidamente la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal que, en su artículo, 46 declara que "en los años de elecciones para Gobernador y/o intendentes se aplicarán, adicionalmente a las disposiciones de la presente ley, las siguientes restricciones para el sector público provincial y municipal: durante los 2 últimos trimestres del año, estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las erogaciones corrientes de tipo permanente, a excepción de nombramientos de personal policial, penitenciario, médicos, enfermeros, personal de administración y técnicos del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Salud y docentes, o actividades de emergencia social o servicios especiales municipales, siempre de acuerdo con el Presupuesto de cada año".
No se cumplió con ninguna de estas previsiones que rigen la administración del Estado. Menos debe haber pesado en los responsables de las medidas adoptadas el lejano ejemplo de Domingo Faustino Sarmiento, el presidente que se negó a firmar un decreto para que un nieto suyo obtuviera un cargo rentado por la Nación.
