El oficialismo y el massismo avanzan contrarreloj en negociaciones para aprobar mañana, en la Cámara de Diputados, un paquete de leyes anti-corrupción. Ayer, las principales espadas de ambos bloques trabajaban en los dictámenes que hoy pretenden firmar para poder tratarlos en la sesión especial de mañana.
Hoy a las 10, las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Seguridad abordarán el proyecto de “ley del arrepentido” en base a un mix de iniciativas presentadas por legisladores y de ideas surgidas en el Ministerio de Seguridad y en la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. Esta ley del arrepentido es la que más dolores de cabeza estaba generando al oficialismo, ya que hasta ayer había diferencias internas entre el macrismo y el radicalismo.
El titular de la comisión de Seguridad, Luis Petri (UCR), explicó: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para posibilitar la aplicación de la figura del arrepentido y también la instrumentación de esa figura en cada una de las etapas del proceso judicial. Tenemos una complejidad adicional porque hay dos Códigos Procesales Penales: el que está en vigencia y el que entra en vigor el año entrante”.
En términos generales, Cambiemos y el Frente Renovador pretenden generalizar la figura del arrepentido, que ya existe para ciertos delitos complejos como el lavado de activos, el narcotráfico, la trata de personas o los secuestros extorsivos, a delitos relacionados con la administración pública, en especial los ligados a la corrupción.
Hasta anoche, entre el oficialismo y el massismo había diferencias sobre el alcance de la norma pero tanto Petri como la jefa del bloque UNA, Graciela Camaño, daban por seguras tanto la firma de los dictámenes como la media sanción.
El otro proyecto en juego es la extinción de dominio. La propuesta fue presentada en abril por Camaño y Sergio Massa y tiene alto consenso en el oficialismo. Se busca que un juez civil pueda sentenciar que un bien proviene de actos delictuales y determinar con un fallo su transferencia al Estado, para que éste haga usufructo hasta tanto la Justicia penal determine la culpabilidad de los acusados.
Para ello se crea un órgano, la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, dentro de la Jefatura de Gabinete, con el objeto de que dichos bienes no queden en manos de la Corte -que los quería destinar para gastos del Poder Judicial- y puedan utilizarse para financiar programas sociales, educativos o de salud.
“Nos vamos a quedar con la plata de los delincuentes para que regresen a la gente”, sentenció Camaño. El macrista Daniel Lipovetsky coincidió y, además, defendió la iniciativa de la crítica que realiza el kirchnerismo sobre su posible inconstitucionalidad. “Esta acción es de tipo civil, no puede ser cuestionada constitucionalmente”, dijo.
La radical Carla Carrizo cuestionó al FpV: “¡Qué curioso que defiendan el derecho a la propiedad cuando se trata de hechos que tienen que ver con la administración pública! Cuando fueron gobiernos avanzaron en expropiaciones de todo tipo”.
Además de estos dos proyectos de ley, podría sumarse un tercero consensuado también por Cambiemos y UNA para cambiar la ley de fueros parlamentarios. La intención es que los jueces puedan allanar las casas de los legisladores solamente notificando la decisión al Congreso, sin esperar la autorización del Legislativo. Se busca evitar maniobras como la que utilizó Julio De Vido (FpV) para impedir que un magistrado allane su domicilio.
A esta tercera ley, se sumaría además la constitución de una comisión bicameral que seguirá las reformas en el Ministerio Público Fiscal.
