Nadie puede poner en dudas que la muerte de Santiago Maldonado constituyó un hecho muy grave, que exige una investigación a fondo de parte de la Justicia para actuar sobre los autores del hecho de haberlos habido, sea quienes fueren los que lo hayan cometido y poniendo en la balanza las circunstancias en que se produjo.
Lo cierto y lo concreto es que se trata de un acontecimiento grave en un periodo democrático, pero que está siendo aprovechado por algunos sectores interesados en generar el caos, mezclando intereses personales, sectoriales o políticos con lo que debiera ser un reclamo justo y aceptable en procura del esclarecimiento de lo ocurrido.
No es del caso abordar aquí las circunstancias que rodearon a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, porque es la Justicia la que debe determinar y la que ha dado los pasos necesarios -de acuerdo con los expertos- para esclarecer el hecho. Tampoco podemos hacer alusión al momento en que se produjo la aparición del cadáver, a pocos días de las elecciones legislativas, más aún cuando, salvo contadas excepciones, ni el oficialismo ni la oposición intentaron aprovecharse de la situación. En este aspecto debemos recordar que todos los candidatos decidieron suspender los actos de cierre de campaña electoral, por respeto al momento por el que atravesaban los familiares de Maldonado. También debemos advertir que fueron esos familiares, encabezados por el hermano del joven muerto, quienes pidieron que no haya manifestaciones públicas, hasta tanto la justicia determine.
Pero debemos advertir que se han producido hechos inaceptables que merecen también la intervención judicial. Podemos señalar en este aspecto lo ocurrido con la virtual "toma" por parte de militantes mapuches y presumiblemente de las organizaciones Resistencia Ancestral Mapuche y Resistencia Cuchamen de la Municipalidad de El Bolsón, en Río Negro, mientras otros grupos se instalaron de manera amenazante frente a los edificios de Gendarmería Nacional en esa ciudad y en Esquel. En ese marco, vale advertir que esos manifestantes, tan celosos de custodiar lo que ellos consideran los "lugares sagrados", sin permitir que absolutamente nadie ingrese sin su autorización, se toman la atribución de avanzar en forma prepotente sobre los edificios públicos, que son de propiedad de toda la población y no de determinado sector político o gobierno. Pueden reclamar, sí, pero siempre dentro del marco de las leyes.
Mucho más preocupante, por la violencia utilizada y los daños ocasionados, fue lo que sucedió en los alrededores de la Plaza de Mayo, durante la marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir el esclarecimiento del caso del artesano. A poco de terminar los discursos, un grupo de encapuchados provocó disturbios con piedras y otros elementos para producir daños en edificios públicos (el Cabildo volvió a ser objeto de pintadas con aerosol); comercios, en muchos de los casos la rotura de las vidrieras fue aprovechada por delincuentes comunes que robaron mercaderías, mientras los automóviles de los sectores aledaños sufrieron las consecuencias de los grupos de inadaptados que rompieron parabrisas, espejos retrovisores y pintadas con aerosoles por el simple hecho de provocar un daño. Esos antisociales, que reclaman por los medios de comunicación el esclarecimiento de los hechos, que agredieron físicamente a los reporteros gráficos que cubrían los acontecimientos.
Es necesario señalar que no estamos en contra de las manifestaciones públicas y de los reclamos, siempre y cuando se realicen de manera respetuosa, como afortunadamente sucedió en Mendoza, también en una marcha por Maldonado. Pero no se puede aceptar que, bajo la bandera del esclarecimiento de un hecho lamentable, como el que ocurrió, haya gente que genere disturbios y roturas con el solo objetivo de aprovecharse políticamente o, en algunos casos, por simples delincuentes que se suman con la sola intención de sustraer mercaderías u otros elementos.
