Una cosa es una política de ajuste en la que se busca reducir drásticamente el personal de la administración pública para bajar el déficit (que puede ser todo lo discutible que se quiera cuando se la aplique), pero otra muy distinta es confundir con dicha política a la no confirmación de aquellas personas que fueron ubicadas en los últimos meses por el poder político que se retiraba, con el objetivo de “acomodar” a los suyos.
Ahora bien, con todo lo de criticable (muchísimo) que tiene esa actitud, también es cierto que dichas prácticas son ya de vieja data en el Estado argentino a las que alguna vez habrá que poner fin definitivamente, esperando que quizá sean estos momentos aquellos en los cuales comenzar.
Pero en esta nota editorial no pretendemos referirnos específicamente a dichos nombramientos sino, en particular, a una modalidad que antes no se dio, al menos en la magnitud descomunal con que se la practicó este último año: la de ubicar militantes partidarios en cualquier lugar de la administración con el fin de copar, de colonizar el Estado. De que se pudiera constituir una masa crítica que políticamente trabajara para los gobernantes que se fueron y, de ese modo, poner palos en la rueda “desde adentro” al nuevo gobernante.
En otras palabras, no se trata específicamente de personal contratado sin cubrir las formalidades de un concurso, ni siquiera de ñoquis que son nombrados para no hacer nada (de los cuales nos hemos ocupado en otras editoriales) sino de adherentes a un proyecto partidario que son designados para que cumplan un fin político dentro del Estado.
Se los llama comúnmente militantes rentados, pero en realidad son una mezcla de ñoquis y contratados porque no sólo entran por la ventana sino que nadie los elige por su conocimiento del área donde deberían realizar sus funciones, sino para que actúen a modo de comisarios políticos del gobierno que se va para obstaculizar a la nueva gestión.
Debido a las dificultades que tuvo el gobierno kirchnerista para conseguir militantes partidarios sin compensarlos con alguna prebenda estatal, es que se ideó esta perversa práctica con la cual se les paga con la plata de todos a un grupo particular de activistas, en su mayoría jóvenes, para que sigan haciendo política cobrando un sueldo asignado para otro tipo de tareas profesionales.
No confirmarles su paso definitivo al Estado a quienes han asumido bajo esa modalidad, particularmente en estos últimos meses que es cuando se definió de manera masiva tal estrategia, no es sacar gente del Estado por sus ideas políticas sino impedir que el gobierno pase a ser sustituto del partido, pretendiendo que los bienes generales sean los que retribuyen monetariamente a quien está cumpliendo una tarea que sólo corresponde ser pagada por el grupo al cual partidaria o ideológicamente se responde.
Decenas de miles de personas fueron nombradas, sobre todo en el Estado nacional, durante los últimos meses, en particular por instrucción directa de la ex-presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con la pretensión de que en el Estado sobrevivieran la mayor cantidad posible de “extensiones de su persona” para cuando ella se retirara.
Ganara Mauricio Macri, como Daniel Scioli o Sergio Massa, el objetivo era el mismo: el de consolidar un poder personalizado dentro de la estructura de la administración pública (en los tres poderes del Estado) para desde adentro ir preparando su supuesto retorno. Un verdadero delirio que sin embargo ahora estamos observando cómo se intentó concretar.
Quizá en estos últimos años muchos que se llenan la boca con la palabras militancia y política, lo único que hicieron fue denigrar a las mismas, ya que no es agradable suponer que la única forma de hacer que los jóvenes vuelvan a la política sea seduciéndolos con suculentos e inmerecidos sueldos pagados por toda la sociedad. Quienes así entran a estas actividades nunca serán cabalmente militantes de política alguna sino que formarán parte de la larga lista de los privilegiados por el poder.
