A medida que avanza el cronograma electoral se van perfilando algunas cuestiones centrales que ocupan la discusión pública. Por el lado político parece ir tomando cuerpo la disyuntiva continuidad o cambio, como alternativas de los candidatos que aparecen con mayores posibilidades.
Uno de ellos, Scioli, hasta hace unos días ensayaba un slogan “continuidad con cambio”, perspectiva que luego de la designación de su compañero de fórmula será difícil de sostener. Otros candidatos como De la Sota y Massa tratan de presentarse como el cambio justo, un cierto camino intermedio pero que, al menos en los estilos, parecen estar más cerca del cambio.
La continuidad política del kirchnerismo no requiere mayores explicaciones luego de doce años de populismo personalista y autoritario. La pregunta es si esa forma de ejercer el poder podría prolongarse después del 10 de diciembre; nadie tiene ahora una respuesta, sólo la conoceremos si la continuidad se impone en las urnas. Pero cabría razonar, con cierta dosis de optimismo ciudadano, que la sociedad va a exigir menos autoritarismo y personalismo y algo más de institucionalidad.
El cambio tampoco requiere demasiadas explicaciones. Justamente se afirma en la necesidad de la recuperación institucional, de plena vigencia de la Constitución Nacional de instaurar una verdadera democracia republicana. Vistos desde la óptica económica, la continuidad del “modelo” o esquema vigente de economía dirigida por el Estado, que ha acumulado profundos desequilibrios, parece difícil de sostener.
Tarde o temprano problemas como el enorme déficit fiscal, la alta inflación, el estancamiento de la actividad, van a necesitar correcciones más o menos profundas. Las cosas, como están, no parecen ser sostenibles a mediano plazo.
Para quienes propugnan el cambio tampoco resulta difícil de explicar de qué se trata. Reducir la intervención del Estado en la economía, dar espacio a la iniciativa privada, garantizar la propiedad, hacer que los mercados funcionen en forma competitiva, reducir al mínimo la inflación, abrir la economía al mundo. En definitiva, devolver a las personas los derechos y garantías, las libertades establecidas en la Constitución.
Según coincidentes estudios de opinión pública, pareciera que respecto de estos asuntos la sociedad se divide en tres partes. En trazos gruesos: 30% quiere continuidad, un porcentaje similar quiere cambio drástico y, en el medio, un 40% que aspira a una combinación de continuidad y cambio. Es evidente que en la forma que se distribuya el voto de ese sector será el resultado electoral en primera o segunda vuelta.
La discusión sobre shock o gradualismo está referida a las medidas de política económica a aplicar, de la cual son protagonistas básicamente los economistas. El debate hasta ahora es matizado, pero con predominio de las posiciones que combinan medidas de ambas características. Por cierto, en el proceso electoral predomina la prudencia, nadie quiere asustar a los potenciales votantes.
Un aspecto importante: no son pocos los economistas que enfatizan en la adopción de medidas drásticas en aspectos institucionales como Justicia independiente, desarmar el aparato oficialista en la prensa, el Congreso como ámbito de discusión, reconstruir el Indec y las estadísticas. Obviamente quienes están por el cambio ponen como prioridad arreglar la situación judicial de los bonos argentinos, unificar el mercado de cambios, devolver la independencia al Banco Central. Algunos de los economistas resumen estas posiciones en “shock institucional y gradualismo económico”.
Un asunto que aparece en las opiniones de economistas no vinculados a partidos políticos es el de la capacidad que tenga el próximo gobierno para infundir confianza interna y externa. Enfatizan que en la medida que exista confianza será más fácil tomar medidas rápidas y muy especialmente acceder a los mercados de créditos internacionales para no seguir financiando el gasto con emisión monetaria.
En esta línea hay quienes señalan que la situación fiscal no permitirá en los primeros años elaborar un plan de obras públicas con recursos estatales. Si hay confianza, dicen, es posible encarar un ambicioso programa de obras de infraestructura con capitales privados nacionales e internacionales. Por ahora, discusión entre especialistas, pero estos temas deberán ser expuestos con claridad después de las PASO.
