La Justicia no hizo lugar a la acción de amparo presentada por la red ambiental Oikos para que se prohibieran las pulverizaciones aéreas destinadas a combatir la plaga de Lobesia botrana, más conocida como polilla de la vid, sobre cultivos mendocinos. De esa manera se terminó la polémica iniciada luego de la primera etapa de acción.
El juez Carlos Dalla Mora determinó que la campaña debe continuar desarrollándose con normalidad y argumentó su decisión basándose en que "el perjuicio invocado por la parte actora no ha sido probado".
Cabe recordar que Oikos inició la acción legal contra el Gobierno de Mendoza, Iscamen y Senasa porque, según consta en el fallo, el tratamiento con agrotóxicos fumigados de manera aérea "podría" contaminar de modo perjudicial la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, la Justicia entendió, basándose en informes toxicológicos, que la baja toxicidad de los productos utilizados, calificados por el Senasa como de banda verde (producto que no ofrece riesgo) no representan una amenaza para la población, ya que reúnen condiciones de seguridad y efectividad suficientes, sin riesgos para el medio ambiente.
"Esta decisión ratifica lo que venimos sosteniendo desde un primer momento y nos da mayor seriedad para volver a solicitar fondos a la Nación", celebró Alejandro Molero, presidente del Iscamen.
Con la pulverización aérea se utilizan seis litros del químico por hectárea, mientras que el tratamiento manual exige el uso de hasta 1.000 litros.
Prohibición en San Carlos
Además del amparo, ordenanzas municipales de Maipú, Lavalle y San Carlos también cuestionaban el tratamiento aéreo. Aunque, luego de limar asperezas, sólo queda activa la de San Carlos. "Nunca una ordenanza puede estar por encima de una ley y Mendoza está en emergencia sanitaria por esta plaga hasta 2019", protestó Molero.
Los ambientalistas entendían que la aplicación aérea de insecticidas podría afectar a zonas urbanas. Ante esto, Molero explicó que el margen de error de las aeronaves "es de 30 centímetros" y que la aplicación se realiza de forma automática siguiendo georreferencias que respetan las zonas de exclusión, como hospitales y escuelas.
"La gente mucha veces ve un avión sobrevolando las casas pero esto no significa que esté aplicando el producto. El lavado de platos con detergente en una casa genera más toxicidad que las pulverizaciones", ejemplificó.
"Con el método aéreo se utilizan seis litros del químico por hectárea. Mientras que para cubrir esa misma superficie con aplicación manual se usan de 800 a 1.000 litros. Esto último provoca un impacto ambiental mucho mayor. Ahí centramos el eje de la discusión", detalló el funcionario.
En cuanto a la retracción de la plaga, Molero se mostró muy optimista y reconoció estar "sorprendido" luego del informe preliminar: "Hemos reducido en un 60% la presión de la polilla que afectaba al 70% de los racimos en Mendoza", aseguró.
La primera etapa finalizará entre hoy y el fin de semana que viene, cuando se termine de fumigar en Maipú y el Valle De Uco. Entre el 10 y el 12 de diciembre comenzará el segundo vuelo.
"Afortunadamente vamos a poder continuar con esta ambiciosa campaña que beneficia a los productores mendocinos y a la industria del vino", concluyó el presidente del Iscamen, Alejandro Molero.
Más de 140 mil hectáreas afectadas en Mendoza
El programa nacional de Control y Erradicación de Lobesia botrana contempla una inversión final de $ 400 millones para la pulverización de 140.000 hectáreas. La zona afectada pertenece a 9.500 productores.
La polilla de la vid ingresó al país por las fallas de control y la falta de desinsectación en el paso de cosechadoras mecánicas desde Chile y los primeros focos se detectaron entre los años 2008 y 2009.
A partir de entonces la plaga se expandió y provocó graves daños en las cosechas vitivinícolas. "Este insecto pone huevos dentro de los granos y las larvas se comen la uva, dejando un racimo hueco", explicó Alejandro Molero, presidente del Iscamen.
Más allá de las acciones desarrolladas por los organismos del gobierno, el Senasa pide colaboración activa a los productores y prevé sanciones para aquellos que infrinjan las disposiciones del programa.
