Desde hace casi una década, Las Carditas (Potrerillos) es el escenario de un conflicto que tiene al agua como objeto de la disputa y que enfrenta a la unión vecinal contra algunos propietarios de lotes. En la disputa ya han intervenido el Entre Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y recientemente la Municipalidad de Luján de Cuyo.
El nudo del conflicto es dónde nace la vertiente que nutre de agua para consumo en la zona, la que actualmente es administrada por la Unión Vecinal Villa Las Carditas (a cargo de la planta potabilizadora).
Según coinciden el EPAS, la comuna lujanina y el dueño de un terreno, la entidad alega falsamente que el cauce nace en una propiedad privada, por lo que no corresponde la intervención del organismo gubernamental.
Luego de resoluciones del Ente, donde se pidió al Gobierno la intervención de la unión vecinal -al menos como operadora del suministro de agua-, de respectivas prórrogas a este pedido y hasta de un fallo de la Suprema Corte que hacía lugar a la normalización; un decreto de fines del año pasado del gobernador debería poner fin a la polémica. En el documento se decidió la caducidad como operadora de la unión vecinal, función que se pone bajo la tutela de la Municipalidad.
“Nosotros ya veníamos haciendo este trabajo de hecho. Pero el decreto 2.022/16 dispone la caducidad operatoria, y ya con esta herramienta vamos a formalizar la tutela con un veedor provisorio hasta tanto el intendente Omar De Marchi designe un interventor. La idea es que durante los primeros días de marzo ya esté formalmente bajo la tutela municipal”, destacó el titular de Aguas Luján, Rolando Baldasso.
El funcionario municipal confirmó que al no reconocer el afluente como público, la unión vecinal desconocía la autoridad del EPAS. “En la época de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (DOSS, que luego se convirtiera en Obras Sanitarias Mendoza y actualmente en Aysam) se consignó que el agua era pública, por eso la intervención del EPAS. Esto queda confirmado con el decreto reciente”, indicó Baldasso.
No obstante, en la Unión Vecinal Villa Las Carditas no parecen dispuestos a dar el brazo a torcer tan fácilmente. Es que según destacó su tesorero y ex presidente, José María Gaitini, presentaron un amparo en la Justicia pidiendo que se revea el decreto. “Se mantiene todo como se venía trabajando”, destacó escuetamente.
Los mismos propietarios de lotes en la zona reconocen que, a la fecha, sigue siendo la entidad vecinal la que dispone “caprichosa y arbitrariamente” a quién dar agua y cuánto cobrarla.
Un paraje con historia
El apellido Mazzoni es histórico en este sitio del norte de Potrerillos. Esta familia fue la impulsora del loteo y desarrollo en el lugar, y hoy es uno de los miembros de esta familia (Pedro) quien mantiene un duradero conflicto con la unión vecinal. Éste radica en la provisión de agua para un nuevo loteo proyectado.
“Con mi padre, Francisco Mazzoni, iniciamos en los ‘70 un loteo que contemplaba 11 hectáreas y que luego se amplió e incluyó a la vieja villa ya existente y a las tierras de una mujer que vivía en el lugar. En total todo el proyecto incluía 300 unidades y contemplaba también una planta potabilizadora, un acueducto (que tomaba el agua del Puesto del Álamo) y que abastecía a la villa y al loteo. Estuvo a cargo del ingeniero Juan Pagliarulo, contaba con la aprobación de la DOSS y se terminó en 1981”, relató Mazzoni.
Además, contó que en aquel momento la relación con las autoridades de la unión vecinal era más que buena. Tanto que donaron a la entidad las instalaciones de la planta potabilizadora, el predio donde funciona actualmente y hasta la bomba. “Me nombraron presidente honorario de la unión vecinal cuando culminó el primer proyecto”, resaltó Mazzoni.
Pero el conflicto estalló en el año 2000, cuando se proyectó el segundo loteo. “Incorporaba 59 unidades en 9 hectáreas, con cupo de agua que ya tenía la aprobación de Irrigación y contemplaba la construcción de una nueva planta potabilizadora. Teníamos el visto bueno para todo, y en 2008 solicitamos a la unión vecinal una factibilidad que nunca respondió, por lo que lo tomamos como una negativa. El tema es que la unión vecinal actúa como operadora de agua de hecho, pero no de derecho. Deberían regularse a la normativa del EPAS ya que las aguas no nacen de una propiedad privada. Pero ellos aducen que son aguas privadas, por lo que no conceden autoridad al EPAS y se apropian del agua, manejándola por capricho”, denunció Mazzoni: “Pareciera ser que el criterio de la unión vecinal es crear un fondo privado”.
Este conflicto fue el que derivó primero en los pedidos de intervención del EPAS, luego en el fallo de la Suprema Corte y finalmente en el decreto 2.022 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el pasado 31 de diciembre.
“En la actualidad sigue manejando todo la unión vecinal y algunos vecinos tampoco están conformes con la actuación, por lo que hemos constituido una nueva asociación vecinal”, resaltó Mazzoni.
Desde la inspección de cauces del lugar destacaron que la entidad vecinal también desconoce al Departamento General de Irrigación como autoridad, por lo que no pagan el agua de riego tampoco.
Desde la unión vecinal, en tanto, prefirieron no referirse demasiado a la situación hasta tanto no se asesoren con sus abogados. “Estamos trabajando y brindando a la gente el servicio de forma adecuada, como corresponde”, manifestó el tesorero, quien destacó que reclamos como los de Mazzoni responden a “visiones particulares”.
