Luego del extenso recorrido de un expediente que investiga a YPF y a la Municipalidad de Luján de Cuyo, entre otros organismos, como posibles responsables de la contaminación del agua en ese departamento, la muerte de un niño de 9 años en mayo pasado reactivó la causa. El nene, oriundo de Perdriel, padecía leucemia, que habría sido causada por la contaminación del agua que consumía periódicamente, proveniente de un pozo administrado por la comuna, y por la contaminación atmosférica producida por las emanaciones tóxicas de la destilería.
"Desde hace nueve meses se está trabajando con la debida objetividad que se exige a los acusadores públicos, y asegurando la intervención de las presuntas víctimas y de los letrados de quienes podrían resultar imputados porque se debe obtener una investigación responsable", expresó a Los Andes Laura Rousselle, jefa de la Fiscalía de Delitos no Especializados, anticipando el resumen que será elevado a la Legislatura provincial.
Esto responde al pedido de informes que los diputados le solicitaron al Ministerio Público Fiscal sobre cómo se están investigando los casos de contaminación en Luján de Cuyo. Es que, si bien han sido denunciados desde hace años, la muerte el 1 de mayo pasado de Oscar Fernando Riquelme, un pequeño de 9 años que vivía en el barrio Juan Martín Giménez de Perdriel, volvió a poner el tema bajo la lupa judicial. El niño padecía leucemia meloidea aguda, situación que habría sido originada por la contaminación del agua.
Es sabido que la presencia en el ambiente o bajo la superficie de cualquier agente físico, químico o biológico, puede ser nocivo para la salud. Pero estos hechos, que a lo largo de nuestra historia se multiplican por decenas, sólo trascienden cuando sus resultados nocivos afectan la vida de las personas o, en menor o mayor medida, las de los animales.
Por eso desde el despacho del procurador Alejandro Gullé se dispuso la instrucción de una causa penal en la que se está investigando a "tiempo completo" la posible responsabilidad penal de distintos directivos y funcionarios de la Municipalidad de Luján, YPF, EPAS, Aysam y de la Dirección General de Irrigación, como presuntos autores del delito de "daño a la salud por contaminación con residuos peligrosos", según lo prevé la Ley 24.054 de Residuos Peligrosos. La causa tiene a la fiscal Rousselle como responsable.
En las actuaciones se puede apreciar que a los letrados de todas las instituciones se les ha dado la debida intervención como patrocinantes de quienes resulten eventuales imputados como responsables de las conductas delictivas (omisiones). "De todos modos, tal responsabilidad no resulta un obstáculo para la concurrencia de la responsabilidad de los respectivos organismos que son garantes de la calidad del agua, la cual no quedaría prima facie excluida o desplazada", se lee en el expediente.
Un poco de historia
Los antecedentes relacionados con la contaminación en zonas de Luján se remontan a varias décadas. Desde el año 2003 un expediente no sólo cambió de número, sino de jueces. Entre ellos, Eduardo Martearena (de Instrucción), quien dispuso la reserva de dichas actuaciones en secretaría "por no encontrarse individualizados los autores de los hechos" y David Mangiafico (de Garantías), que terminó archivándolo definitivamente en el año 2017.
Mucho más cerca en el calendario, en diciembre de 2018 los abogados José Rubio y Claudio Rosello volvieron a impulsar esa causa donde se señalaba que "como consecuencia de la actividad contaminante de YPF, una víctima había contraído una grave enfermedad (Leucemia mieloidea aguda), situación que llevó a la Procuración General a tomar la decisión de separar dichas investigaciones. En esa tarea participó la fiscal Rousselle, por entender que la circunstancia denunciada por los letrados debía ser tratada en una causa separada de esa, "sin perjuicio de la comunidad probatoria que pudiera existir entre ellas".
Así, además del expediente original, ahora se impulsaron otros tres, donde las presuntas víctimas fueron un hombre (LMZ) y los menores (CSP) y Oscar Riquelme -apodado "Coquito"-, quien lamentablemente falleciera los primeros días de mayo pasado.
En el informe se detalla que "si bien la enfermedad original es la leucemia, no todas son iguales, sino que van desde meloidea crónica, pasando por la meloide aguda hasta la linfoblastica aguda, en el caso de los menores".
Junta médica
Para este complejo trabajo de estudio y análisis, desde la Procuración se pidió la colaboración a profesionales de la salud, entre ellos, Javier Salinas, Marcela Godoy, Hugo Sanmartino y Andrea Lafalla del Cuerpo Médico Forense, Sergio Saracco (toxicólogo de referencia en la provincia), Graciela Salinas y el doctor Sarkotik, hematólogos del hospital Central. Esos profesionales considerados de referencia en la especialidad fueron propuestos, a pedido del Ministerio Público Fiscal, por el subsecretario de Salud, Oscar Sagás. Como junta médica, darán en forma conjunta un informe final.
La fiscal Laura Rousselle cerró el diálogo con este diario al señalar: "En la etapa en que nos encontramos, entiendo que se ha avanzado considerablemente en la investigación de los hechos. No obstante ello, no debe soslayarse que la complejidad y cúmulo probatorio que se maneja en las causas hace que no resulte sencillo construir las acusaciones, máxime si se atiende a la circunstancia adicional de que la información (ya compleja y extremadamente técnica) es de difícil acceso".
La primera condena
Si bien en la Justicia provincial no hay antecedentes de condenas, vale señalar que en el fuero federal con asiento en Mendoza, hace 21 años fue la primera a nivel nacional en dictar un fallo de este tipo. En una sola y maratónica audiencia que duró más de 15 horas, se condenó a 3 años de prisión en suspenso, a dos ingenieros de la refinería de YPF, que por haber actuado en forma "negligente e irresponsable", provocaron la liberación de anhídrido sulfuroso y ácido sulfhídrico, lo que causó trastornos de salud en unas 30 personas, en su mayoría niños, en una contaminación que se había producido en 1995, es decir 4 años antes.
