Desde las tres cámaras más importantes del sector de la Construcción de la provincia explicaron que el aumento del dólar repercutió directamente en la mayor parte de sus insumos, lo que produce dos efectos inmediatos: los proveedores dan marcha atrás con las cotizaciones e incluso mandan notas de débito con actualizaciones de precios, y dejan de vender hasta que la situación se normaliza.
Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, advirtió que cuando se produce un aumento del dólar tan importante como el de ayer, lo que primero sucede es que se suspende la entrega de insumos. "Inmediatamente, con saltos tan bruscos y sin mucho análisis técnico que hacer, los proveedores no venden porque no saben a qué precios van a tener que reponer", explicó.
El empresario señaló que los insumos dolarizados como el hierro o los materiales eléctricos son los que primero dejan de poder comprar en lo inmediato.
De igual manera, Mario Yaser, presidente del Círculo de Constructores del Mendoza advirtió que están "alertas porque es muy probable que la obra pública se tenga que parar, porque se ha producido una ruptura de la ecuación económica".
“No podemos comprar materiales, porque el hierro está a valor dólar y el aluminio también. Tenemos colegas que han hecho operaciones y no se las han aceptado o que les han enviado notas de débito cobrando diferenciales”, explicó Yaser.
El empresario explicó que hasta hace poco una casa de 56 metros cuadrados del IPV estaba en 1 millón 80 mil pesos, y se actualizaba por entre el 2% y el 3% mensual, mientras que entre abril y mayo debió actualizarse 7% cuando el dólar se disparó. Este mes esperan una redeterminación de obra similar, pero por contrato esta no estará disponible hasta dentro de dos meses.
Finalmente, Gerardo Fernández, titular de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, se refirió a la misma "ruptura de la ecuación económica de los contratos" y destacó que las empresas tienen contratos firmados con sistemas de readecaución de precios con un proceso temporal (60 días, aproximadamente), que no se condice con la vertiginosidad con la que están aumentando los precios de los insumos de la construcción.
"Hoy no hay precios, nuestros proveedores no están cotizando, las cotizaciones del viernes las han vuelto todas para atrás y nos están diciendo desde Buenos Aires que no van a entregar la mercadería hasta que no tengan nuevos costos porque cerca del 90% de los insumos están relacionados directa o indirectamente con el valor del dólar", explicó Fernández.
El empresario aseguró que los nuevos precios estarán relativamente rápido, porque la actividad privada necesita seguir vendiendo y los constructores cumplir con los plazos acordados por contrato, pero el escenario macroeconómico dificulta la situación.
"Estamos en un momento fuera de lo normal, no creo que haya voluntad de parar ninguna obra, y si hubiera disminución en los ritmos no sería por gusto, sino por necesidad. En los contratos se especifican multas para las caídas de ritmo, pero creemos que los criterios de racionabilidad se aplicarán desde todos los sectores (Gobierno y empresas), entendiendo que esta situación nos excede a todos", agregó.
Fernández quiso dejar en claro que el gobierno de Mendoza está cumpliendo con sus obligaciones, y que es una de las pocas provincias que cuenta con un plan propio de vivienda (Mendoza Construye) que funciona y le ha logrado dar dinamismo al sector. "Esta es una coyuntura nacional, más que provincial", señaló.
La respuesta del Gobierno
Los plazos de redeterminación de obra se han convertido en una de las principales quejas de los empresarios. Desde el Ministerio de Economía advirtieron que se trata de algo que está establecido previamente y que los empresarios acceden a ello antes de que se les adjudique una obra.
"Mes a mes relevamos los insumos y costos (mano de obra incluida), y vamos determinando la variación. Esos cambios se colocan en las fórmulas de ajuste y cuando el contratista emite el certificado de obra se le reconoce la diferencia entre el día que cotizó y el día en que lo está cobrando", explicó anteriormente Daniel Chicahuala, subsecretario de Infraestructura.
El funcionario reconoció que entre que se relevan los precios, se confeccionan los índices, se aprueban y se publican para que los puedan usar los contratistas, se están demorando entre 45 y 60 días. Esto genera un costo financiero que el empresario tuvo en cuenta al presentarse a la licitación y lo cargó en el monto total de la obra.
Desde el Ministerio advirtieron además que están cumpliendo con los plazos de pago establecidos, y que no han recibido ningún tipo de reclamo o pedido de redeterminación de costos anticipado.
