El 22 de agosto de 1994 terminaron las deliberaciones y dos días después Carlos Menem firmaba la nueva Constitución argentina. Hoy se cumplen 25 años de la vigencia de la nueva Carta Magna.
Muchas fueron las consecuencias de esa reforma constitucional, aunque quedó marcada por el Pacto de Olivos y la reelección de Menem. Hace unos días, la Convención volvió a la agenda de los medios cuando el Gobierno nacional anunció que otorgaría un reconocimiento a los redactores de la Carta Magna. Entre ellos el docente universitario Mauro Aguirre, procesado por abuso sexual.
Con estos datos, pareciera que la convención agitara malos recuerdos, pero el texto de la Constitución podría darle algo de luz a las pesadillas. El derecho a un ambiente sano, la inclusión de los tratados internacionales, la reforma del amparo, los derechos de los consumidores, la protección de los datos personales, el secreto de la fuente periodística o la creación del Defensor del Pueblo y de la Auditoría General de la Nación no fueron malas noticias ofrecidas por la constituyente.
Hubo también consecuencias políticas devenidas de esa convención la decadencia del radicalismo nacional que permitió el surgimiento del Frente Grande, así como nuevos protagonistas de la escena nacional, algunos de ellos hoy siguen siendo influyentes en la vida institucional, como Cristina Fernández y Elisa Carrió: ambas fueron constituyentes, como también lo fueron los actuales miembros de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el ex supremo y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, el actual ministro de Defensa Oscar Aguad y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, entre otros.
De los 305 convencionales que deliberaron en Santa Fe y Paraná durante 90 días, 12 fueron electos en la provincia de Mendoza. Del PJ fueron Pablo Márquez, Carlos La Rosa, Edgardo Díaz Araujo, María Luján Olsina y Rodolfo "Chango" Díaz; del Partido Demócrata estuvieron el actual titular de Aysam Richard Battagión, Gabriel Llano, Teresa Peltier y Guillermo Posse. De la UCR fueron Fernando Armagnague y Felipe Llaver. Quien completa la docena de constituyentes es el imputado Aguirre, quien ingresó a la convención por el Modin, el partido que a nivel nacional lideraba Aldo Rico.
Sólo con ver la representación de Mendoza por partidos, se nota un detalle: la elección de convencionales dejó por primera vez desde el '83 al PD en segundo lugar, detrás del PJ y superando a la UCR. Entre las consecuencias políticas del Pacto de Olivos y la convención, esa elección fue el inicio del crecimiento que la fuerza provincial que los llevó a ganar la legislativa del '97 y casi lo deposita a Carlos Balter en la Gobernación en el '99. Ese dato lo recuerda Richard Battagión.
Una experiencia positiva
"Mirado a la distancia se confirma que fue una experiencia positiva. Desde el punto de vista del sistema democrático argentino, el proceso general de la convención fue uno de los desempeños más altos que tuvo el sistema político argentino. Criticados o no, se hizo un proceso político electoral de extraordinaria participación. En la Convención había 19 bloques, la diversidad de la representación política estaba completa", recordó a Los Andes el convencional, ex ministro de Trabajo y ex procurador del Tesoro Rodolfo Díaz.
Para Díaz, esa representatividad le otorgó a la nueva constitución una legitimidad que ninguna de las reformas anteriores tuvo. Esta misma observación acerca de amplia representación política en el debate hace el convencional radical Fernando Armagnague.
Para esta nota, se consultó a tres de los 12 convencionales. Uno de cada partido. Díaz, Battagión y Armagnague sienten que fue una experiencia positiva y que el resultado fue una buena constitución, más allá de la motivación original que dio origen al proceso de reforma: la búsqueda casi obsesiva de Menem de una reelección.
"El radicalismo pagó un precio muy alto", refunfuña Armagnague. El radical recuerda que en el '93, desde la Casa Rosada se lanza el operativo reelección con la media sanción en el Senado nacional de la ley de necesidad de reforma, un proyecto del bloquista sanjuanino Leopoldo Bravo; en Diputados el menemismo no contaba con el número y otro aliado de Menem, Francisco Durañona y Vedia (UCD), ofrecía una interpretación constitucional acerca de las mayorías necesarias para sancionar esa ley, que eran los dos tercios de los diputados presentes.
En ese escenario en el que todo estaba a pedir de boca de Menem es que Raúl Alfonsín se sienta a negociar con el peronismo una reforma constitucional que se selló en el Pacto de Olivos. Para Armagnague, ese pacto logró cosas que no se reconocen en la mirada popular.
Una de las cosas buenas que rescatan Armagnague y Díaz es la reforma de la acción de amparo. El ex ministro de Trabajo fue el miembro informante en esta reforma: "El instituto del amparo se convirtió en un instrumento de defensa de la totalidad de los ciudadanos, con una intensidad y un uso tan frecuente que demuestra que ha sido una reforma extraordinariamente eficaz. Con el corralito, los argentinos se defendieron presentando centenares de miles de amparos y en buena medida lograron defender sus derechos".
Otra de las medidas que se rescatan de la Constitución del '94 es la propiedad de los recursos naturales que pasó a manos de las provincias, un reclamo que tuvo varios voceros en la Convención, de todas las provincias, incluida Cristina Fernández, que fue convencional por Santa Cruz.
Por Mendoza fueron varios también, como el ex gobernador mendocino Llaver y también los convencionales demócratas. "Fuimos a la constituyente con la clara visión de defensa del federalismo y logramos el reconocimiento a favor de las provincias, del derecho de propiedad sobre los recursos naturales en el artículo 124, fundamentales en materia, de petróleo, gas, agua y minerales", recuerda Battagión.
Armagnague dice que se le puso límites al menemismo, como las limitaciones a los decretos de necesidad y urgencia "se prohibieron en materia electoral, partidos, impositiva y penal, también se puso que los jueces de la Corte se nombraran con los dos tercios del Senado, para evitar que se repitiera la mayoría automática de Menem".
La cuenta pendiente
Una de las reformas que quedó prácticamente en la nada fue una nueva ley de coparticipación federal, ordenada en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución. "Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos", dice ese apartado.
Más aún, en la cláusula transitoria sexta de la Carta Magna se ordena que el "régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996".
Para Rodolfo Díaz no se cumplió con esa prescripción porque el mecanismo previsto en la misma Constitución para sancionar esa ley es un mecanismo excesivamente complejo que fue el resultado de "respetar la diversidad de todas las opiniones de personas de distintas provincias, con distinta importancia económica y distinto sesgo ideológico".
