“Venimos a salvar el déficit de legitimidad de origen que tiene uno de los poderes del Estado”, dijeron a coro los legisladores K que defendieron la votación popular de los miembros no políticos -abogados, jueces y académicos- del Consejo de la Magistratura, el imán con el cual el Gobierno nacional salió a impulsar una reforma judicial con el objetivo no dicho de subordinar a toda la Justicia.
Ayer, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia -seis contra uno- dejó al desnudo, en un fallo profundo sobre la naturaleza del orden democrático- que esta intención del oficialismo se daba de bruces nada menos con la Constitución Nacional ya que en ningún lado ésta autoriza a los legisladores “a determinar la elección directa de los consejeros de la Magistratura”.
“El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no deriva de la elección directa”, dice el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda.
Los cuatro recuerdan que todas las Cartas Magnas, incluida la actual, dispusieron que los jueces fueran elegidos por el pueblo pero en forma indirecta, con el aval del Senado, y que la Constitución de 1994 concibió al Consejo de la Magistratura como parte del Poder Judicial.
Lo mismo sostienen los ministros Argibay y Petracchi, quienes señalan, concurrentemente, que la elección por voto popular de los 19 miembros del Consejo (abogados, jueces, académicos, legisladores y el representante del Ejecutivo) “elimina la diversidad de representación y deja subsistente tan solo una de ellas” de las que están previstas textualmente en el artículo 114 de la CN, donde se establece que los estamentos de los abogados y jueces eligen a sus representantes.
Los votos de este conjunto de jueces desarticulan los argumentos del kirchnerismo que en vano intentó hacer una contra-reforma de la Constitución de 1994 mediante la modificación de una norma inferior (la que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura).
La ley bochada por los supremos buscaba darle a la política mucho más poder para seleccionar y suspender jueces restándoles poder de contrapeso a los representantes del Poder Judicial (abogados y jueces). La Corte (a excepción del ministro Zaffaroni) defendió así la independencia de los jueces y aseguró que ésta está asegurada por el equilibrio entre los estamentos no políticos y los políticos que conviven en el Consejo de la Magistratura.
Pero el fallo tiene además un mensaje subyacente que está directamente destinado a Cristina Kirchner, autora intelectual de la ley, que puede leerse en clave política: si quiere avanzar y modificar la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura deberá encarar el proceso de reforma de la Constitución del ‘94.
Se trata de una sugerencia de alto voltaje para la Presidenta ya que hoy no tiene los dos tercios de las dos cámaras del Congreso para impulsar un proyecto semejante dado que el sólo hecho de proponer algo así implicaría blanquear la voluntad que profesan los ultra-cristinistas de permitir la re-reelección presidencial. Así, la Corte se metió en el principal problema político que tiene el partido de Gobierno y el peronismo entero: la guerra por la sucesión, que ya está abierta.
