El FMI apuntó directamente contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires y la medición del Producto Bruto Interno (PBI). Lo que llevó al Fondo a emitir su medida contra nuestro país fue el informe de su directora gerente, Christine Lagarde, que sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández no mostró progresos en la instrumentación de medidas que habían sido acordadas con los técnicos del FMI en misiones que en 2011 llegaron al país para asesorar al Indec sobre cómo elaborar un nuevo índice de precios nacional.
Se trata de un problema enquistado desde que, en 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner decidiera intervenir el Indec con el argumento de la caducidad del mecanismo de medición que se venía utilizando.
Nada más desacertado de acuerdo a los resultados obtenidos.
Como siguiente paso, y en virtud de la falta de avances en la pregonada mejora, a fines de 2012 el Gobierno nacional debía responder al requerimiento del FMI sobre la transparencia de sus estadísticas económicas. Por lo tanto, la decisión del organismo de crédito encontró sustento en la falta de respuesta de las autoridades argentinas.
El fuerte llamado de atención tiene a partir de ahora un nuevo plazo, el 29 de setiembre próximo, fecha tope para que la Argentina adopte medidas correctivas de las inexactitudes que periódicamente da a conocer el Indec.
Cuesta sostener semejantes índices en el actual contexto económico. Al inocultable incremento mensual del costo de vida que corroboran las consultoras privadas y vive en carne propia la mayoría de los argentinos en el día a día, se suma el actual descontrol cambiario, con una brecha entre el dólar oficial y el informal que en nada ayuda a la estabilidad de precios por su tradicional condición referencial que tiene la moneda estadounidense en el país.
Por eso cabe esperar que las autoridades nacionales replanteen la manera de proceder en éste y otros temas que no dejan bien parada la imagen de la Argentina en el mundo y contribuyen a su paulatino aislamiento. Alguna expectativa generó el ministro Hernán Lorenzino al anuncio, luego de la sanción aplicada, que en el último trimestre de este año se pondrá en práctica un nuevo indicador para medir la evolución del costo de vida.
De ser así, el Gobierno contribuiría a cambiar la imagen del país en un aspecto tan sensible como es el manejo de su estadística y coincidiría con el último plazo dado por el FMI para rectificar el rumbo en cuanto a las mediciones.
Sería muy interesante que este anuncio del ministro signifique realmente un giro hacia la racionalidad por parte de un gobierno hasta ahora empecinado en negar la realidad y criticar en los demás lo que él mismo hace.
Como cuando la señora presidenta pide sanciones extremas contra las calificadoras internacionales de riesgo que toleraron balances y datos falseados que ocultaron la burbuja financiera que llevó al estallido global. Si bien la crítica de Cristina Fernández es correcta (y muchas de las que le hace al FMI también), sólo sería coherente si a la vez se autocriticara por sus propios falseamientos de datos.
