Los casos de las dos nenas de 10 y 11 años embarazadas reavivaron la discusión en Mendoza sobre el protocolo nacional de aborto no punible, al cual nuestra provincia nunca adhirió y tampoco confeccionó el propio.
En ambos casos se trata de abusos, ya que hasta los 13 años de edad se considera que no hay consentimiento válido, lo que habilitaría legalmente para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sin embargo, por el avanzado estado de gestación en que se encuentran las dos niñas la discusión se centra en preservar el estado de salud de las futuras madres.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia recomendó que tanto el Estado nacional como las provincias elaboraran una guía para que los efectores públicos supieran cómo proceder ante estos casos.
La sugerencia se dio a raíz del caso F.AL., en el que la máxima autoridad judicial resolvió por unanimidad que todas las mujeres violadas podrían interrumpir su embarazo sin necesidad de solicitar autorización legal. Mendoza es una de las pocas provincias que carece de protocolo sobre el aborto no punible. Si bien a fines de 2012 se debatió en la Legislatura, por votación dividida se decidió no adherir a la guía dispuesta por la Nación.
Desde el Ministerio de Salud adelantaron a Los Andes que desde enero están trabajando en un protocolo provincial, ya que el nacional tuvo reparos legales en algunas provincias. Para el mismo se están realizando consultas con médicos y científicos, entre otros, pero todavía no llegó a concretarse. De todas formas, aclararon que aún si Mendoza hubiese adherido a la guía nacional, ninguno de estos aberrantes casos estaría contemplado ya que regula la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas y ambas superan esa fecha (8 y 6 meses de gestación, respectivamente).
"El problema está en la contención psicológica, enfrentar una maternidad con 10 años. Ahí es donde hay que focalizar todos los esfuerzos". Alejandro Gullé, procurador.
Consultado por el caso de la primera niña (la otra es de Tupungato), el abogado y profesor de Derecho Penal Diego Lavado aseguró que la interrupción del embarazo sería legal. “Desde el punto de vista de la legislación no habría ningún impedimento para realizar un aborto”, precisó.
El letrado indicó que el artículo 86 del Código Penal permite la realización de esta práctica ante casos de violaciones: “Y en el caso de una menor de 13 años siempre es violación porque la ley entiende que aún si fuera consentida la relación, por su edad no puede prestar un consentimiento válido”.
El problema, que aplica para ambos casos, es que la ley no establece un límite de semanas para interrumpir el embarazo. “Teóricamente podría ser en cualquier momento, pero tiene que haber una evaluación médica, la ley argentina siempre prioriza la salud de la madre”, remarcó Lavado. Lo que hay que evaluar, según su perspectiva, es si un aborto es más riesgoso que el parto o no.
Con respecto a la falta de adhesión al protocolo nacional del aborto no punible, señaló que si bien lo recomienda la Corte desde 2012, los gobiernos provinciales desde ese entonces no han avanzado al respecto.
“Claudia Najul- ministra de Salud hoy de licencia- dijo que iban a avanzar en ese camino, pero todavía no hay una reglamentación clara, lo único que está claro es que no está prohibido”, subrayó Lavado.
En el caso de que los padres decidan interrumpir el embarazo de algunas de las menores, deberían acudir a la Justicia o hacer una gestión administrativa, que no sería necesaria si existiese el protocolo, diferenció el letrado. Para él, falta coraje para tener un protocolo en la provincia.
Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles publicado en 2015, Mendoza es una de las 8 provincias que no han adherido al protocolo. Las otras son San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan. Otras 8 poseen protocolos para el aborto punible que se corresponden, en buena medida, con lo establecido por la Corte Suprema: Chubut, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Chaco. Y las restantes regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso al aborto no punible, según la organización.
