La impotencia y la angustia los reunió a la vera de la calle Coronel Videla, a metros de la casa donde Fernando López y Sandra Aldaya el lunes tomaron la fatídica decisión de acabar con sus vidas, después de que trascendiera que los certificados que los avalaban como docentes eran falsos.
Sus vecinos están devastados. Resaltan “lo buenas personas que eran” y se culpan por no haber hecho algo que evitara el trágico final.
También despotrican contra los medios locales, por el tratamiento “cruel” que hicieron del caso. “Era una pareja muy atenta, siempre dispuestos a ayudar”, coinciden.
“Él fue profe de mi hijas en el Normal. Están desconsoladas. Las acompañaba al bajar del micro porque esta calle es peligrosa”, dijo emocionado Danoso Ibarra. “Más allá de los papeles, eran buenos profesores. Se los debería respetar por eso. Acá hay docentes que discriminan a nuestros hijos por ser bolivianos y nadie hace nada”, sumó Ismael Torrejón.
“Amaban la docencia y se sintieron acorralados. Si la DGE ya les había quitado las horas, ¿era necesario exponerlos así?”, cerró María Ramírez.
Similares mensajes de dolor y cariño postearon colegas y alumnos en las redes sociales, donde la tragedia ha instalado una fuerte polémica sobre el manejo público de la información y la condena social. La conmoción no cesa en San Carlos desde la tarde-noche del lunes, cuando trascendió la noticia del suicidio de estos profesores, que eran conocidos y queridos en la región.
Clases suspendidas
La pareja llevaba diez años dando clases en el Valle de Uco. Ayer suspendieron las clases por luto en los establecimientos Normal Superior Toribio de Luzuriaga, Julia Silva de Cejas (EBTA) de Vista Flores, ambas del departamento de Tunuyán, y Emilio Manso de Eugenio Bustos y Técnica de La Consulta. Desde la DGE adelantaron que trabajarán con la Doaite mecanismos para abordar este tema con los alumnos, pues muchos están afectados.
López se desempeñaba como profesor de Informática y Analista en Sistemas. Sus vecinos dicen que -como sabía tanto de tecnología- también les arreglaba celulares y demás artefactos. Aldaya era profe de Teatro, una muy “alegre y comprometida”.
Hacía unos cuatro años que vivían sobre la calle Coronel Videla (uno de los ingresos a Capiz) en una casita que habían construido con sacrificio en la misma finca del papá de Fernando, a quien todos conocen como ‘maestro López’ porque fue docente toda su vida. “Como trabajaban en varias escuelas, no estaban mucho en su casa. Pero son una familia tradicional aquí”, dijo Sonia, una vecina.
En esa vivienda fueron hallados sus cuerpos, el lunes cerca de las 19.30. A un vecino le pareció raro que no hubieran prendido la luz y, alertado por familiares a quienes no atendían el teléfono, se acercó a ver si estaba todo bien. Los encontró a ambos ahorcados en la cocina. Enseguida, esta zona rural perdió su calma habitual y se convirtió en una procesión de vehículos y policías.
Ese mismo día, una radio local había invertido toda la mañana en sacarle el jugo a la primicia. Dicen los sancarlinos que venían prometiendo “una bomba” desde hacía días y tirando pistas que -en un pueblo chico- “uno enseguida se ubica de quién están hablando”.
“Eso debió matarlos: el sentirse en boca de todos, escrachados. No fue la situación económica -como dicen algunos-, ellos tenían casa y no hijos”, señaló Ramírez, otra vecina.
La DGE venía investigando la veracidad de los títulos desde julio del año pasado, cuando uno de ellos tuvo un “problema personal” con un directivo y “surgieron rumores sobre la falsificación en sus títulos”. Ellos sabían del proceso. A principios de la semana pasada perdieron unas horas y el viernes pasado se cerró el expediente, dejándolos sin las últimas horas que les quedaban. El fin de semana, la noticia se publicó en medios impresos locales, pero sin los nombres.
El último mensaje
Tanto desde la Policía como fuentes regionales de la DGE en el Valle de Uco confirmaron que la pareja dejó una carta antes de terminar con sus vidas. Según trascendió, allí habrían reconocido el error cometido y el dolor que éste les provocaba. Desde la Policía de San Carlos dijeron que esta prueba ya había sido aportada en la causa, que lleva adelante el juez Oscar Balmes, del Primer Juzgado de Instrucción de Tunuyán.
“Yo conocí a Sandra. No me cabe a mí juzgar cómo era en el aula. Pero era buena compañera y colega”, dijo un profesor de la EBTA de Vista Flores. Sus colegas aún no pueden entender lo ocurrido.
Un año de investigación
El viernes, la DGE desvinculó a la pareja del sistema educativo y le sacó las horas porque eran suplentes. El fin de semana la noticia salió en los medios y hubo funcionarios regionales de la DGE que salieron a dar precisiones del proceso sumarial en radios sancarlinas la mañana del lunes.
La investigación había comenzado en julio. A raíz de un altercado que uno de ellos tuvo con un directivo, surgieron rumores. “El proceso se inició por este inconveniente, pero al pedir los certificados y tras los rumores la supervisión empezó a indagar. Hasta que se corroboró que eran falsos”, dijo una fuente de la DGE en el Valle de Uco.
Parte de esa indagatoria fue pedir información en universidades de La Plata (Universitas) y Tandil (Unice), de donde decían ser los títulos. “Se corroboró que ninguno de ellos había ni siquiera cursado allí”, dijo la misma fuente. Después, desde la DGE confirmaron que el bono de puntaje de López también estaba falseado.
Además de tener que denunciar el ilícito en la Justicia, cuando se trata de docentes titulares el tema debe llegar a la Junta de Disciplina.
Como aquí eran suplentes, lo abordó Supervisión con asuntos jurídicos y la baja de las horas las dictaminó la Dirección de Secundaria. También se los inhabilitó por un año para ejercer.
“Todo el procedimiento está pautado en el Estatuto Docente y el profesor puede apelar la resolución si la considera injusta”, explicó Emilio Moreno, secretario técnico de Secundaria.
