Conjueces, un nuevo ataque a la justicia

El Gobierno nacional oficializó la designación de diez conjueces para la Cámara de Casación Penal. Estos cargos ya habían sido convalidados en diciembre en el Senado con el voto mayoritario de los legisladores del kirchnerismo. Los conjueces tienen la función de intervenir sólo en caso de recusación de alguno de los miembros originales del tribunal para el cual han sido asignados y son elegidos por sorteo para cada causa en particular. El acuerdo que en diciembre dio el Senado sólo contó con el voto favorable del kirchnerismo porque la oposición objetó enfáticamente la designación de diez abogados con fuertes vínculos con el poder político.

La lista incluye a un ex abogado del vicepresidente Amado Boudou, quien afronta un delicadísimo proceso judicial que desde el punto de vista ético hasta compromete su permanencia en el cargo, mientras que el resto tiene cercanía con el ministro Julio De Vido, con el titular de Justicia, Julio Alak, y con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones nítidamente identificadas con el Gobierno.

En el caso de Martín Magram, ex abogado del vicepresidente Boudou, en el año 2010 defendió a éste en una causa iniciada por la tenencia de un automotor con documentación falsa. Llamativamente, si este profesional llegase a ser subrogante en la Casación, podría intervenir en la causa Ciccone, en la que, justamente, se encuentra imputado el Vicepresidente de la Nación.

Otro de los conjueces designados patrocinó al ministro Julio De Vido en una querella que éste inició contra la diputada opositora Elisa Carrió. Eduardo Barcesat, también designado conjuez, muestra su indudable vínculo con el kirchnerismo en su condición de abogado de Madres de Plaza de Mayo y también de su titular, Hebe de Bonafini. La lista se completa con más abogados de comprobada relación con el Gobierno.

La situación debe ser considerada de alta gravedad institucional, puesto que la Cámara de Casación es un tribunal clave para el abordaje de los casos de corrupción que afectan al Estado.

En febrero, luego de la feria judicial, dicha cámara deberá considerar la recusación que planteó la defensa de Boudou contra uno de los miembros del tribunal en la causa Ciccone. De prosperar el planteo, podría tener cabida alguno de los conjueces cercanos al Gobierno recientemente convalidados. Precisamente, se espera que también en febrero haya dictamen sobre la situación del Vicepresidente de la Nación por su participación personal en el rescate de la ex Ciccone.

Además de la designación de estos conjueces de Casación Penal afines, el Gobierno también remitió al Congreso en diciembre los pliegos de los candidatos a conjueces para la Corte Suprema de Justicia y para otros 21 tribunales de distintos lugares del país. En todos los casos, y muy especialmente para la Corte, también los postulantes tienen sobrados vínculos con el poder político y con quienes promueven abiertamente la transformación de la Justicia en un apéndice del Ejecutivo.

Toda esta movida constituye un nuevo intento de dominación del Poder Judicial tras la fallida reforma del sistema, que tenía ese objetivo prioritario. No sólo la oposición política, sino toda la sociedad debe estar muy atenta a estos movimientos, que pueden tener como propósito primordial, además de avalar decisiones políticas del kirchnerismo, garantizarles a quienes ejercen la conducción del Estado una retirada futura medianamente tranquila ante eventuales acciones judiciales. Definitivamente no se puede permitir más en la Argentina que la impunidad gane la pulseada cuando de juzgar la corrupción se trata.