La sanción a las apuradas que debió hacer la Cámara baja el pasado miércoles 19 del proyecto que mejoró la ley de Trata de Personas, puso en evidencia que la agenda parlamentaria fue manejada exclusivamente por el kirchnerismo. Sólo los proyectos que tenían el aval de la Casa Rosada se convirtieron en ley desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, en período de sesiones ordinarias.
En ese lapso, el oficialismo no propició a la nueva ley de Trata de Personas reclamada por organizaciones de la sociedad civil y priorizó la sanción de más de 100 normas. Pero el fallo del 11 de diciembre del tribunal tucumano (que liberó a todos los acusados en el caso del secuestro de Marita Verón) generó tanto malestar social que Cristina Fernández debió pedir a sus legisladores que aprobaran en sesiones extraordinarias la ley.
Proyectos con gran repercusión social e iniciativas que afectan el bolsillo de los argentinos quedaron en el tintero del año legislativo. Algunos de ellos consiguieron media sanción y la mayoría ni siquiera pudieron sortear con suerte el debate en comisiones. En tanto, hay dos iniciativas muy emblemáticas que perdieron estado parlamentario y, pese a tener sanción de alguno de los dos cuerpos, deberán iniciar un nuevo recorrido en 2013: la ley de Acceso a la Información Pública, impulsada por la oposición y resistida por el oficialismo, y la Ley de Basura Electrónica, que en Diputados frenó el Gobierno nacional.
En el grupo de los proyectos que tuvieron media sanción está el de Fertilización Asistida, que prevé que obras sociales, prepagas y los efectores públicos de salud cubran los tratamientos de fertilización de las parejas que no pueden tener hijos. La Cámara de Diputados votó el proyecto y lo giró al Senado, donde el oficialismo lo frenó pese a que la comisión de Salud lo aprobó favorablemente. El argumento es que se esperará a que se sancione en 2013 el nuevo Código Civil y Comercial (ver aparte).
Sin debate en comisiones pero con gran polémica quedó un puñado de proyectos que modifican el impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, es decir las personas físicas. Toda la oposición reclamó a la Presidenta que incluya en sesiones extraordinarias la discusión de estas iniciativas surgidas de todos los bloques, incluso del Frente para la Victoria (a través de Facundo Moyano, hijo del líder de la CGT opositora, Hugo Moyano). El kirchnerismo se resiste a tratarlo y espera a que el año que viene el tema se resuelva en paritarias y Cristina Fernández firme un decreto.
Entre los proyectos que tienen que ver con la economía hay varios que versan sobre la relación Nación-provincias. Entre estos, se destacan los presentados por el PJ disidente para que se deje de detraer a los Estados sub-nacionales el 15% de la coparticipación que va a la Anses. Además, como el año que viene, en diciembre, vence la prórroga al impuesto al Cheque, se estima que nuevamente habrá discusión para su coparticipación total, ya que el 70% hoy va a las arcas nacionales.
Otro de los proyectos que el Congreso no pudo abordar este año es el de boleta única y de voto electrónico, que toda la oposición reclama. En Diputados se creó una comisión para analizar las propuestas pero el kirchnerismo avisó que no las dejará pasar. En tanto, el proyecto de Aníbal Fernández que habilita el voto a los extranjeros que lleven dos años de residencia comprobada en la Argentina, genera rechazos incluso dentro del oficialismo.
Respecto de dos temas siempre conflictivos, la despenalización de la tenencia y consumo de drogas y la legalización del aborto, este año dejó un saldo muy pobre. El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni y otros especialistas disertaron sobre el primer tema, pero los legisladores no maduraron ningún proyecto.
A raíz de la polémica por los abortos no punibles que gobernadores y jueces impidieron en algunos distritos, radicales y kirchneristas anticiparon en el Senado que pedirán cambiar el artículo del Código Penal que establece cuándo es legal abortar para que no haya más problemas de interpretación de la ley. La cuestión de fondo, que es la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, no fue tratada en comisiones y en el kirchnerismo se asegura que la Casa Rosada no ha dado señales de avanzar.
El Congreso también sacó tres leyes ampliamente celebradas por la sociedad civil. La de Identidad de Género (que permitió a las personas trans cambiar sus nombres y sus datos registrales), la inclusión del femicidio en el Código Penal y la eliminación de la figura del avenimiento en el mismo cuerpo normativo. A ellas se suma la nueva ley de Trata.
Los pedidos de Cristina
En cambio, todas las urgencias del Gobierno nacional fueron rápidamente convertidas en ley. El año se inició con el pedido, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que le permitió destinar fondos a la economía real y a su vez triplicar los préstamos de la entidad al Tesoro. En abril, la Presidenta solicitó la expropiación de las acciones de Repsol en YPF y en sólo tres 3 semanas las dos Cámaras aprobaron la norma con amplio consenso.
Otros dos proyectos solicitados por la Casa Rosada tuvieron tratamiento exprés. El primero se dio en el marco de la causa judicial en la que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou en torno a la ex imprenta Ciccone. La expropiación de la empresa y su absorción por parte de la Casa de la Moneda se aprobó en 3 semanas pese al rechazo de gran parte de la oposición. El segundo proyecto que tuvo un trámite abreviado fue la reglamentación de la figura del per saltum o salto de instancia. Sólo a 24 horas de haber sido votado por el Senado tuvo aval en comisiones de Diputados y una semana después se convirtió en ley. El Gobierno pidió en dos oportunidades el salto de instancia a la Corte Suprema en la causa del Grupo Clarín por la ley de Medios.
Entre los proyectos impulsados por legisladores oficialistas, el más destacado fue el de los senadores Fernández y Elena Corregido para habilitar el voto a partir de los 16 años. Fue ampliamente debatido en comisiones y en audiencias públicas y contó con el aval de la oposición pero el kirchnerismo también impulsó proyectos que no pudo capitalizar políticamente.
Uno de ellos fue la transferencia de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación y otro fue la modificación de la ley de Riesgos de Trabajo, solicitada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Esta segunda norma obliga a los trabajadores accidentados a escoger entre una indemnización (que fueron actualizadas y mejoradas por la misma ley) o ir a la Justicia para tener un resarcimiento integral. La oposición y el sindicalismo anticiparon que pedirán a la Corte que la declare inconstitucional.
El Gobierno también consiguió la reforma del mercado de capitales. La misma tuvo consenso en Diputados y resistencias en el Senado por un artículo que permitirá a la Anses, que tiene acciones en varias empresas líderes de la Bolsa, pedir su intervención ante la Comisión Nacional de Valores.
