El 2012 debió dejar a los legisladores nacionales por Mendoza con gusto a poco ya que ninguno de los proyectos de ley presentados por los 10 diputados y los 3 senadores fue sancionado. Sólo Mendoza y otras cuatro provincias tienen nula efectividad parlamentaria, por lo menos en cuanto a la sanción de leyes nacionales.
Las otras provincias son Córdoba, Jujuy, La Pampa y Formosa. Pero si se calcula la cantidad de legisladores de cada provincia con los resultados obtenidos, Mendoza queda penúltima, al final de la tabla, ya que es, después de Córdoba, la que posee más legisladores en el grupo de distritos que no pudieron imponer sus propias iniciativas parlamentarias.
Las provincias con más leyes aprobadas son Buenos Aires, con 12; la Ciudad de Buenos Aires, con 6 y, con 4 leyes, aparecen Río Negro, Salta, Santa Fe y Entre Ríos. Si de nuevo se observa la cantidad de representantes que tienen estas provincias y se divide por la cantidad de leyes obtenidas por cada una de ellas, Río Negro es la más efectiva de todas, ya que es la que menos legisladores posee. Esto se explica por las 4 leyes que impulsó en el Senado Miguel Pichetto, el jefe de la bancada K, y tuvieron sanción (entre ellas la reglamentación del per saltum).
La información fue recabada y procesada por el Índice de Actividad Parlamentaria que todos los años realiza la consultora Eges, que se publica a fin de cada período legislativo. Dicho informe aporta datos concisos que ayudan a interpretar la preeminencia del Gobierno en la agenda parlamentaria.
En 2012 se aprobaron 102 leyes. De éstas, la presidenta Cristina Kirchner sólo vetó una ley que cedía un terreno nacional en Santiago del Estero porque la Rosada decidió usarlo para el plan habitacional Procrear. De las 102 leyes, nada menos que el 76% de las mismas fueron impulsadas por el oficialismo y/o el Ejecutivo y un 6% por sus aliados.
La oposición se debió conformar con sancionar sólo el 18%. Se trata, en todos los casos, de normas totalmente consensuadas con el kirchnerismo, como la de Muerte Digna, Identidad de Género, la supresión del avenimiento cuando se haya producido antes violencia de género o la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
Ahora bien, de las 102 leyes aprobadas en 2012, 43 fueron enviadas por la Casa Rosada. Se destacan en este conjunto la re-estatización de YPF, las reforma de la Carta Orgánica del Central y del mercado de capitales, la expropiación de la ex calcográfica Ciccone y el Presupuesto 2013.
Las iniciativas propiamente del Poder Legislativo fueron 59, de las cuales, como dijimos anteriormente, el grueso fueron impulsadas por legisladores K.
Yendo puntualmente a las leyes aprobadas que surgieron del Legislativo -59 en total-, el informe de Eges señala que “de los 30 proyectos aprobados en la Cámara de Diputados, el 57% son de iniciativa de legisladores oficialistas, mientras que el 10% pertenecen a aliados. Sólo el 33% de los proyectos lleva la firma de diputados opositores”.
Respecto de la Cámara alta, la consultora informa: “De los 27 proyectos de origen del Senado, el 59% corresponden al oficialismo, el 11% pertenece a aliados y el 30% a legisladores opositores”.
Los logros
Es importante aclarar que todas las provincias, incluyendo Mendoza, lograron aprobar otro tipo de proyectos, es decir de resolución o de comunicación. Pero sólo cinco distritos no lograron aprobar ninguna iniciativa de sus representantes en el Parlamento. Por otro lado, algunos legisladores consiguieron media sanción para algunos de sus proyectos, como la radical Mariana Juri, que en la última sesión del año vio la aprobación de un proyecto suyo relacionado con el turismo.
Entre opositores y kirchneristas hubo muchas divergencias durante todo el año pero se pusieron de acuerdo en un solo tema que hace a los intereses de los mendocinos. Radicales (Enrique Vaquié, Mariana Juri, Jorge Albarracín), demócratas (Omar De Marchi y Roberto Pradines), peronistas disidentes (Enrique Thomas) y oficialistas (Dante González, Anabel Fernández Sagasti, Omar Félix y Guillermo Carmona) impulsaron en la Cámara baja un mismo proyecto de ley para modificar el Régimen de Trabajo Agrario que fue sancionado a fin de 2011 cuando el kirchnerismo recuperó la mayoría parlamentaria.
El objetivo: incorporar a los trabajadores de las viñas al nuevo sistema. Concretamente, los diez diputados mendocinos coincidieron en que es necesario que los viñateros, que tienen su propio convenio colectivo de trabajo, también puedan jubilarse tempranamente, a los 57 años, como se estableció en la ley de 2011 que reemplazó el viejo Estatuto del Peón Rural.
En abril del año pasado, el gobierno de Francisco Pérez apoyó esta iniciativa cuando los diez legisladores la presentaron en la Legislatura provincial y se dijo que en el transcurso de 2012 el oficialismo nacional aprobaría la ley para reparar el olvido que cometió el Ministerio de Trabajo al redactar el nuevo estatuto del peón rural. Pero esto no sucedió y quedó pendiente para 2013.
