Las amplias facultades que el Congreso Nacional cedió al declarar la enésima emergencia del país son proporcionales a la cantidad de objetivos sociales que prefirió dejar como expectativas en manos del Presidente.
Son propósitos tan ambiciosos como la recuperación del crecimiento económico, la disminución de la pobreza, la redistribución de la riqueza, la caída del desempleo, la superación de una inflación endémica, el fin de la inestabilidad financiera y de la persistente dolarización.
Alberto Fernández les pidió a sus aliados y adversarios que le liberen las manos para actuar con discrecionalidad frente a ese desafío. Cristina Kirchner y Mauricio Macri lo admitieron de distinto modo con sus bloques en el Parlamento. En términos políticos, la solidaridad más importante que solicitó el nuevo jefe de Estado fue con él. Con lógica, los dos ex presidentes se la concedieron.
Fernández tiene la decisión política de apelar a aquellos vastos objetivos para persuadir. Y la convicción de que sólo hay uno que es central y urgente: la renegociación de la deuda.
Argentina enfrenta vencimientos por 63 mil millones de dólares este año, por 41 mil millones el próximo y 50 mil millones en 2023. En su hora, Cristina incubó esa deuda llevando el déficit fiscal a las nubes. Macri la nominó en bonos, intentando escapar de ese escenario con gradualismo.
El Gobierno actual recibió con alivio las declaraciones de, director del Fondo Monetario para el hemisferio occidental. Werner elogió el rumbo económico del actual mandatario porque se orienta al pago de la deuda.
Una de cal, una de arena. Werner también señaló que el Gobierno no exhibió un programa de mediano plazo. Equivale a decir que aún tiene margen para acordarlo con el FMI.
El Fondo es el principal acreedor, y aunque compite por la prioridad de pagos con los tenedores privados, es para éstos un auditor ineludible. Difícilmente podrían encaminar una reestructuración de deuda sin considerar esa opinión dirimente para los mercados.
El Presidente ha dicho que esas negociaciones están en curso y que por esa misma razón hay silencio en público sobre los avances. Las especulaciones se acrecientan a medida que se avecinan las fechas de vencimiento. Una reestructuración puede operarse mediante un canje de bonos o un cambio de condiciones de los bonos ya existentes. Son opciones que demandan consenso de los acreedores.
Hay sobre eso un debate técnico soterrado. ¿Una quita del 20 por ciento del capital adeudado y un plazo de dos años sin pagos de capital ni interés implicaría una tasa de salida aceptable para los bonistas?
Pero si no hay alargamiento de plazos y se capitalizan los intereses no pagados, implicaría también un riesgo de inconsistencia en el tiempo, como advirtió días atrás el economista Alejandro Henke. A poco de andar, lo negociado debería ser renegociado. Pan para hoy, hambre para mañana.
En la otra mano, si se baja la tasa de salida para los bonistas, al final del día sube el precio de la deuda reestructurada. Nada es gratis en el mundo de las finanzas. Lo más costoso es la caridad.
El Gobierno intenta contrastar la parte ingrata de la opinión de Werner presentando sus iniciativas como piezas articuladas de un plan maestro.
El Banco Central sostiene ahora que al bajar las tasas de interés -en un contexto de cepo cambiario y castigo fiscal al ahorro en dólares- los depósitos en pesos no se irán de los bancos, expandiendo el circulante. O que irán al consumo, sin recalentar la inflación. Para calmar las expectativas sobre los precios, el oficialismo presentó la misma herramienta -una lista de referencia- que ya fracasó con Cristina y con Mauricio Macri.
Lo que se ve es otra cosa: un congelamiento por 180 días para anclar todas las variables posibles. Y no mucho más. El dólar, las tarifas de los servicios públicos, el precio de los combustibles. El problema de todo congelamiento es el momento de descongelar. Para entonces, el Gobierno espera tener resuelto el nudo del sector externo.
Es ahí donde cobra relevancia la trama política. El Fondo Monetario y los acreedores privados no sólo evaluarán la consistencia técnica del programa económico en gestación. También atenderán a las señales que emitan los accionistas. El más relevante y también el más impredecible: Donald Trump.
El presidente norteamericano navega entre una economía doméstica que recuperó abriendo conflictos con otras potencias comerciales, un juicio político en su contra con posibilidades escasas de prosperar, su proyecto reeleccionista, y -a última hora- una escalada de tensión violenta con Irán.
Ese nuevo contexto está influyendo en una pieza clave del armado político de Alberto Fernández: su pacto con Cristina. Ese acuerdo implica garantizarle a la expresidenta la licuación inmediata de las causas judiciales que la angustian.
El régimen iraní metió el dedo en la llaga de esa complicación. Uno de los responsables del atentado terrorista contra la Amia salió a decir que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado para enredar a la actual vicepresidenta.
La diplomacia de Alberto Fernández lo tendrá que explicar ahora en Washington. Con su teoría del inocente perjudicado.
