Era el primer encuentro tras el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que el 22 de mayo impuso un plazo de 90 días a los gobiernos de Mendoza y La Pampa para llegar a un acuerdo por el aprovechamiento de aguas del río Atuel.
Como no hubo avances entre la oferta mendocina de aportar 1,3 m3 y la demanda pampeana aferrada en el 4,5, el golpe de efecto vino de la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación al confirmar que se avanza en una propuesta superadora.
La novedad sorprendió a propios y extraños, según admitieron en la delegación mendocina en lo que pudo haber sido la última gestión oficial por la Provincia del ministro de Gobierno Dalmiro Garay (se irá a la Corte provincial). Sobre todo porque, si bien el Tribunal nacional le había sugerido un rol más activo, hasta ahora la Nación había intervenido sólo como mediador.
Para el encuentro del CIAI (Comité Interprovincial del Atuel Inferior) en Buenos Aires, La Pampa llegó con idéntica postura y Mendoza con propuestas tendientes a avanzar con un plan de obras para mejorar la oferta de agua a partir de tres alternativas de corto, mediano y largo plazo, y por ende costos incrementales que con el compromiso de Recursos Hídricos abre otra perspectiva para la próxima reunión.
El gobierno pampeano volvió a mostrarse inflexible en el cuánto y cuándo (obtener los 4,5 m3 de inmediato), además de reclamar más eficiencia. Y ante diferencias que parecían insalvables, desde la subsecretaría nacional deslizaron "estar trabajando una propuesta de caudal ambiental" que nadie tenía en los planes, como tampoco el financiamiento.
¿Puede ser la llave para destrabar el litigio? Nadie se atreve a aseverarlo. "Está claro que pasa por aumentar oferta y eso es con obras. La Nación sabe que cualquiera sea la solución no puede significar daño para la producción mendocina, que ya de por sí recibe poca agua. Debe ser suma positiva", dijo el fiscal de Estado, Fernando Simón.
Tras desestimar una vez más la pretensión pampeana, Mendoza volvió a la carga con un esquema progresivo monitoreado. Lo cierto es que desde el fallo del 22 de mayo el tiempo corre: la reunión realizada en Buenos Aires marca el minuto 0 de los 90 días de plazo determinados por la Corte antes de decidir, no antes de octubre, y llegar a buen puerto hoy significa que la propuesta nacional sea realmente “superadora”.
Para entonces, ambas provincias deberán haberse puesto de acuerdo en las obras y cómo financiarlas. Una cuestión en la que el rol de la Nación será clave, en base al dictamen del Tribunal: tener en cuenta el plan de Mendoza.
Todo sigue en julio
Para la sesión prevista el 17 de julio, el Grupo de Trabajo del CIAI trabajará en una matriz para evaluar propuestas y recomponer indicadores ambientales, además de analizar la iniciativa de la subsecretaría de Recurso Hídricos.
Como miembro del CIAI en representación del sector productivo, el alvearense Carlos Achetoni, de FAA (Federación Agraria Argentina), consideró que "la Nación tiene un concepto distinto sobre las obras porque quizá no habían analizado los números de lo que propone Mendoza, la única en hacerlo. Tenemos que consensuarlas, sobre todo las que en primera instancia pueden generar más disponibilidad de agua y garanticen eficiencia, pero el interés es que Nación se involucre en el aporte económico para una solución".
De todos modos, Achetoni advirtió "la preocupación lógica como mendocino de que no se retraiga el área productiva. Nos aseguraron que no se dejará de irrigar ni una hectárea, y la sensación es que al menos en obras de eficiencia habrá acompañamiento".
En tal sentido, el "agua ya y obras cuando se pueda" de La Pampa significaría, según Mendoza, relegar 50% de las 40 mil hectáreas irrigadas en Mendoza. Lejos de las 75 mil fijadas como objetivo en 1987.
Opciones en obras y 33% de aporte nacional
La primera obra para llegar a 1,3 m3 en 1 año con más agua de pozos está presupuestada en unos $ 100 millones, mientras que el programa para avanzar en 5 años busca llevar la eficiencia del 43% a 50%, lo que cuesta 30 veces más. La última, asumida como solución final, es la más cara: el trasvase del río Grande al Atuel exigirá invertir $ 35.000 millones en 12 años.
Al respecto, los funcionarios nacionales arriesgaron predisposición para financiar "33% del presupuesto". Algo que de un lado y el otro toman con pinzas si no va por escrito.
En tanto, el fiscal de Estado Simón hizo hincapié en que "en Mendoza se trabaja en un estudio de eficiencia con un equipo de expertos. Haber pasado del 30% en el '87 al 43% hoy la convierte en la provincia más eficiente en aprovechamiento hídrico según la FAO".
