Las administraciones de Mauricio Macri y Michelle Bachelet buscaron mantenerlo fuera de la prensa esta semana, pero es sin duda el primer roce diplomático entre ambos. Concretamente, el Gobierno está presionando a su contraparte trasandina para que una minera vecina retire sus desechos, arrojados hace años en la localidad sanjuanina de Calingasta.
En una dura sesión que tuvo lugar el miércoles en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Relaciones Exteriores del Senado, el vicecanciller Carlos Foradori señaló que este conflicto medioambiental "no es un problema de dos empresas privadas, sino de territorialidad de dos repúblicas", la de Chile y la Argentina.
“El reclamo es a un Estado, al Estado de Chile, no a una empresa”, insistió para luego advertir que lo que ha habido es un reconocimiento del error de parte de Chile “por lo que esperamos que se proceda como es debido”.
El problema es que los Kirchner, para no confrontar con los gobiernos chilenos, dejaron el problema en manos de los privados y ahora el Estado argentino asumió la divergencia que tiene varias aristas.
El Gobierno contó con el apoyo del resto de los actores políticos. En la sesión participaron 15 senadores, el embajador en Chile José Octavio Bordón, quien ahora rara vez se relaciona con la prensa; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac y Alberto Valentín Hensel, el ministro de Minería de San Juan.
Dos legisladores están especialmente pendientes de esta cuestión, Julio Cobos y Fernando Pino Solanas, quien viene fogoneando incluso el cierre de este proyecto minero. Por otra parte, la canciller Susana Malcorra recibió antes de viajar a Estados Unidos al gobernador Uñac, con quien habló entre otros temas de este conflicto.
“La presencia de este megabasurero es un problema serio contra nuestra soberanía nacional. Antofagasta Minerals está contaminando y violando nuestro territorio. Estamos ante un hecho sorprendente: 52 hectáreas de suelo argentino son el basurero de desechos minerales chilenos que contaminan la mayor cuenca hídrica de la provincia, muchas lagunas y vegas que se han reducido y alterado sensiblemente”, dijo el senador Fernando Pino Solanas.
El 5 de setiembre, Solanas presentó en la Justicia Federal con asiento en San Juan un pedido de nulidad -por presunta inconstitucional- del acuerdo firmado entre la provincia de San Juan y la empresa chilena Minera Los Pelambres; y pidió que se ordene judicialmente el inmediato levantamiento de la escombrera minera de territorio argentino.
Los Pelambres está en el centro de este conflicto. Así se llama este proyecto cuprífero del lado chileno, y que maneja una empresa del grupo Luksic. Del lado argentino es Pachón y maneja la suiza Glencore. El conflicto está judicializado hace años y Los Pelambres alega no ser responsables de la instalación de la escombrera, en el sentido de que trabajó sobre cartografía chilena que decía que era su territorio.
Pero se demostró que es suelo argentino. El proyecto comenzó en 2004, y durante los años siguientes se echaron los desechos. El error del trazado fronterizo se detectó en 2012.
Por lo tanto el problema, que es complejo tiene un origen territorial. Pero si se presiona mucho a Chile, afirman en Santiago, ello podría “afectar” el tratado bilateral minero.
Este nuevo conflicto es en realidad de larga data. La zona está en el Cerro Amarillo, adonde hay un depósito llamado “botadero” o “escombrera”, utilizado por operaciones mineras para acopiar material estéril (rocas sin tratamiento), el que ha sido removido con el objeto de llegar al mineral comercialmente viable. Los expertos indican que son 52 hectáreas.
Se asegura que hay 55 millones de toneladas de desechos, que afectan el arroyo Carnicería que desemboca en el río San Juan.
El tema medioambiental se ha vuelto una cuestión más que sensible en el país luego de los desastres provocados por la Barrick Gold y sus derrames de cianuro.
