Cinco años después del inicio de la causa, la Justicia ratificó las condenas contra tres ex funcionarios acusados de estafar a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) y sobreseyó a una cuarta.
La causa alcanzó notoriedad en 2011 y llegó a la Justicia a través de la Fiscalía de Estado sobre la base de una resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó a los acusados la devolución de 2,7 millones de pesos.
La sentencia de Gonzalo Guiñazú Morales condenó a Federico José Acuña, Marcelo Orlando Martorell y Claudia Beatriz Banno a tres años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de empleo o cargo público como coautores del delito de peculado en seis, dos y ocho hechos.
El fallo impuso que por el término de tres años los tres condenados no podrán cambiar de residencia sin previa comunicación al tribunal, tendrán que presentarse mensualmente en el Departamento de Control y Asistencia del organismo técnico criminológico y “deberán abstenerse de abusar de bebidasalcohólicas y de consumir estupefacientes”.
En tanto, la sentencia 4646 del camarista Rafael Escot dispuso sobreseer y levantar inhibiciones a María Florinda Rubio, acusada de malversación culposa en 30 hechos.
Los fallos judiciales fueron adoptados entre abril y junio de este año pero trascendieron recientemente en el Palacio de Justicia. Desde allí se enviaron dos gruesos expedientes (uno de seis cuerpos y 1.380 folios y el otro de nueve cuerpos y 1.858 folios) con destino al Tribunal de Cuentas.
La causa se inició en 2011, cuando el ex ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, denunció la detección de irregularidades en la Unidad de Financiamiento Internacional. El Tribunal de Cuentas presentó sus actuaciones a la Fiscalía de Estado y ésta llevó el tema a la Justicia.
Cerroni -quien luego pasó a desempeñar funciones en el Tribunal de Cuentas- denunció que en la UFI había empleados con poder de decisión que emitían cheques por supuestos 'ajustes de retención' que debían destinarse a la AFIP pero que terminaban en cuentas particulares.
En 2011 Marcelo Martorell y Federico Acuña se desempeñaban como tesoreros de la UFI y María Florinda Rubio era la la directora de Administración. Martorell estuvo en prisión y salió en libertad luego de pagar una fianza.
El Tribunal de Cuentas emitió un fallo por el que los involucrados debían reintegrar montos elevados de dinero: Martorell 987.693,50; Rubio, 898.195,80 y Acuña 694.715,83, a cifras de 2011.
