Después de un ajuste autorizado del 5,5% en agosto del año pasado y otro frustrado por la Superintendencia de Servicios de Salud en diciembre, finalmente hubo luz verde. Con la esperada notificación oficial en la mano, desde ayer las empresas de medicina prepaga empezaron a notificar, algunas, y a facturar, la mayoría, a sus 727.693 afiliados mendocinos las cuotas de junio con importes 8% superiores y un retroactivo correspondiente a mayo, según concedió el ente regulador del sistema.
Lo que en un principio se esperaba trasladar a los valores de los planes desde agosto próximo, por obra y gracia de la inflación en los costos de los insumos médicos terminó anticipándose 2 meses. Para los ejecutivos consultados, es el ítem que más ha impactado en las finanzas e, incluso, ponía en riesgo el nivel de las prestaciones, teniendo en cuenta que cumplen 10 meses sin aplicar subas.
A la hora de implementar el incremento, las empresas apelan a distintas políticas. Ayer, por caso, mientras unas se abocaban a elaborar la comunicación a sus afiliados, otras apuraban los cálculos para avanzar en la facturación, como parte de un diferencial que trasladarán en la misma proporción a los aranceles de sus prestadores .
“Vamos a explicar que hubo un retraso acumulado importante en las tarifas a causa de los costos, para que la gente reciba mejor una novedad que nunca resulta agradable y comprenda el por qué”, explicó Fernanda Álvarez, responsable local de Omint.
Un ejemplo: el beneficiario de un plan individual básico que hoy cuesta $ 915, desde el mes que viene deberá pagar $ 988,20.
Por su parte, Swiss Medical también aguardaba el visto bueno de la SSS para proceder con la actualización. Valiéndose de ella ya comenzó con la corrección de los valores de sus planes. Según el gerente de la sucursal Mendoza, José Bragagnolo, “Se mantuvo conversaciones con las autoridades para intentar acompañar la política de precios, pero a esta altura nos vemos obligados a actualizar por los elevados costos de los proveedores”.
Resta saber si habrá renegociación de condiciones con los prestadores de hospitales y clínicas, un tema que ya había disparado conflictos a fin de año.