La polémica entre el INV y entidades vitivinícolas por la indefinición sobre la fecha de liberación del vino 2015 empezó a encenderse la semana pasada pero terminó de explotar ayer con la resolución 17/15 del organismo que confirma una decisión inédita: la salida se autorizará bodega por bodega; idea que ya cosechaba críticas y arreciaron ayer.
Con la noticia de haber reducido de 30 a 15 días el plazo para evaluar al vino genérico a pedido de cada elaborador, la medida es rechazada por extemporánea (1 de junio era la fecha esperada) e inconsulta, pero sobre todo por evaluarla riesgosa para muchos establecimientos que adelantaron más de $ 250 millones en gastos de cosecha y acarreo.
“Sobre las condiciones de estabilidad enológica de vinos genéricos, el INV, en el término de 15 días desde la recepción de la comunicación del establecimiento que solicita el cierre definitivo de registros, realizará los controles necesarios. Vencido el plazo y en caso de que el INV no se haya hecho presente o expedido respecto del estado de los vinos, quedan automáticamente liberados”, dice la resolución de fecha 5 de junio firmada por su titular, Guillermo García. Y advierte que será “bajo exclusiva responsabilidad” del elaborador que debe comunicar el cambio a libre disponibilidad.
Entre la preocupación de los sobrestocks vínicos y la falta de espalda financiera de los pequeños productores, el sector vitivinícola no esperó para expresar su disconformidad. En una nota firmada por 8 entidades, critican duramente la decisión de García, que ahora puede abrir una vía legal.
Un documento suscripto por la Asociación de Viñateros de Mendoza, Acovi, la UVA, Cámara de Fabricantes de Mosto, Bodegas de Argentina y las Cámaras de Agricultura de Tupungato y de Industria de San Rafael, expresa que “su sanción inmediata, además de improcedente... resulta absolutamente intempestiva al estar finalizada la vendimia 2015.
Consecuentemente, exhortamos al INV a dar efectiva participación a entidades gremiales empresarias en el ámbito del Consejo Asesor, para analizar distintas alternativas, con tiempo y profundidad, para la cosecha 2016”.
No contar con fecha cierta de liberación e inicio del ciclo comercial ocasionaría un alto impacto financiero para los establecimientos que ya incurrieron en gastos durante la vendimia. De acuerdo a estimaciones de Bodegas de Argentina, al menos una firma colocó unos $ 60 millones como adelanto para cosecha y acarreo, parte de una erogación conjunta superior a $ 250 millones.
“La única diferencia es pasar de 30 días a 15 luego del pedido y aunque con los varietales es más rápido, no deja de ser problemático porque existen vinos de febrero ya estabilizados y nos avisan en junio. Se debe imponer criterio enológico, no político, y seguir discutiendo para 2016.
Ahora, sin liberación inmediata, hay bodegas en riesgo de diferir pagos y hasta de quebranto”, aseguró Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina y dueño de una de las más de 200 bodegas pyme del país.
Control versus libre mercado
Como para despejar inquietudes sobre el alcance de lo que promete ser un “delivery” de autorizaciones, desde el INV garantizan que será la Gerencia de Fiscalización, a cargo de Claudia Quini, la encargada de tomar los “recaudos necesarios para establecer un procedimiento de control y verificación estableciendo un orden de prioridades, para no generar inconvenientes en el normal abastecimiento de vinos por parte de cada uno de los elaboradores y fraccionadores dando carácter preferencial a aquellos que poseen menor stock técnico disponible”.
La ecuación pondera saldo de vino viejo (por tipo y color) y el volumen histórico fraccionado por cada bodega. Pero las dudas sobre un manejo discrecional de ese “carácter preferencial” subsisten.
A criterio de las entidades “contraviene expresas disposiciones de rango legal por las que se encuentra liberada la fecha de despacho al consumo interno de vinos de mesa nuevos que sean enológicamente estables, una vez finalizada la cosecha” (artículo 53 del decreto 2284/91).
En base al mismo decreto, se limita la potestad del INV “al control de genuinidad, no pudiendo, bajo ningún concepto modificar o interferir en el funcionamiento del mercado libre”.
Con todo, ahora se analiza ir a la Justicia para frenar la resolución con un amparo. Una salida anticipada por Acovi y la UVA en la que coinciden otros como BA.
Pablo Asens, miembro de la Específica Vitivinícola de la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael, reconoció que “la mayor preocupación es la discrecionalidad que implicaba el plazo de treinta días sobre todo para bodegas con mayor rotación, lo que no desaparece del todo con la reducción a dos semanas”.
Para Daniel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, “seguimos sosteniendo la misma postura, retrasar la fecha no tiene sentido. Pero como en otros aspectos hay que atenerse a la legalidad y cumplirla, que implica la aptitud enológica. El INV dijo que no hubo consenso, pero no es el camino: cuando la decisión es técnica se parte de la situación, no de un acuerdo.
Pero ¿quién definen el consenso? ¿San Juan?”, se preguntó el productor.
